La causa se inició hace ya un tiempo después de que la empresa Carat Fax SA intentara cobrar el contrato que suscribió con la Alianza para las elecciones presidenciales de 1999. Desde un principio, la Unión Cívica Radical desconoció la deuda, alegando que no fueron ellos sino la Alianza la que celebró el convenio. Pero la empresa señaló que en el contrato, la UCR resultaba garante. De esta manera, sería este partido el que debería afrontar el pago, básicamente porque la Alianza, como fuerza política, dejó de existir.

En primera instancia, la jueza María Cristina O’Reilly había resuelto que no había deuda reclamable. Pero la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revirtió el fallo y condenó a la UCR a pagar la suma de $906.323,20 con más sus intereses.

Asimismo, al momento de apelar esa decisión para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniera en la causa, la cámara tuvo por no presentado el recurso extraordinario interpuesto por la UCR. Para esto, consideró que el documento exhibido por el doctor Luis Mariano Genovesi para acreditar la representación de la demandada -un acta expedida por el secretario del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral- no resultaba idóneo para la interposición del recurso extraordinario federal en un proceso de naturaleza civil.

Añadió que para actuar judicialmente los artículos s 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exigen la correspondiente escritura de poder a fin de acreditar facultades procesales expresas, lo que fue omitido en el caso.

La UCR apeló esa decisión mediante recurso extraordinario, que fue rechazado por la cámara. Por esto, se presentó en queja ante la Corte Suprema, lo que llevó a que la Procuración General de la Nación interviniera en la causa.

De esta manera, la procuradora fiscal subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Irma García Netto, señaló que, aun cuando la interpretación que realiza la cámara no lució arbitraria, el pronunciamiento se apartaba de la doctrina de la Corte, según la cual el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales.

Por eso, consideró que la solución adoptada por el tribunal, que conduce a la pérdida del derecho de la UCR, resultó incompatible con el debido resguardo de la garantía de defensa en juicio, y le solicitó a la Corte Suprema que deje sin efecto esa decisión.