A raíz de diversas investigaciones preliminares efectuadas por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo de Gabriel González Da Silva, a partir de múltiples denuncias de la ciudadanía a la línea gratuita (0800-666-4378) de la fiscalía y en una actuación conjunta con la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Natasa Loizou, el pasado 29 de diciembre personal de dicha dependencia y del Departamento de Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron más de 19.000 kilos de pirotecnia en diversos operativos de fiscalización efectuados en establecimientos comerciales dedicados a su venta, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

La incautación del material -la más cuantiosa en los últimos cinco años- se dio en el marco del convenio de intervención conjunta y coordinada entre la UFIARM y la ANMaC para actuar, de forma urgente, en casos de violencia de género o amenazas con armas, protección de niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista y personas sintientes no humanas (animales domésticos).

Los procedimientos

Las investigaciones preliminares de la UFIARM surgieron por denuncias respecto a las capacidades de almacenamiento de locales comerciales dedicados a la venta de pirotecnia. Así, se dio intervención a la ANMaC que, de acuerdo con sus facultades administrativas, dispuso los operativos de fiscalización de los establecimientos y sus capacidades de almacenamiento, que culminaron con el mayor secuestro de pirotecnia de los últimos cinco años.

En el operativo, que coincidió con la época del aniversario de la tragedia de “Cromañón”, intervinieron ocho inspectores de la ANMAC y 20 integrantes de la PFA, que incautaron 1.251 bultos de pirotecnia, con un pesaje total de 19.000 kilos. Los productos que fueron secuestrados eran ilegales, superaban las cantidades permitidas de almacenamiento, los establecimientos que los vendían no tenían permiso para hacerlo, y/o no cumplían con las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.