Tras dos jornadas de intenso debate, los jefes de las delegaciones que participaron de la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina dieron a conocer hoy por la tarde la "Declaración de Puebla", que contiene una serie de acciones y caminos a seguir tendientes a fortalecer y hacer más ágiles los marcos de cooperación penal internacional. En este sentido, el documento destaca en el primer punto de las conclusiones los beneficios de los sistemas penales acusatorios, "en especial su vocación garantista, que otorga transparencia y certidumbre en el proceso", así como  la necesidad de establecer mecanismos "desformalizados" para tornar más eficientes las tareas de la procuración de justicia.

El punto tres de la Declaración afirma la necesidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas con el fin de instrumentar acciones contundentes para erradicar el delito de corrupción transnacional, "sin excepción alguna en la región, incluyendo tranto a la corrupción pública como la privada".

Asimismo, los procuradores y fiscales generales que participaron de la Cumbre estuvieron de acuerdo en “promover sistemas desformalizados de cooperación jurídica internacional en materia penal, que permitan generar esquemas operativos en las actividades cotidianas, con el objeto de combatir de manera eficaz a la corrupción, delincuencia trasnacional y sus delitos conexos”.

En materia de colaboración internacional, consideraron necesario procurar, por parte de los Ministerios Públicos de cada país, acciones de coordinación con sus diversas instituciones especializadas, "con el fin de allegarse de la información financiera, contable y fiscal idónea para las investigaciones de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita que afecten a la región".

También expresaron el objetivo de "coadyuvar en los esfuerzos de las Partes para hacer efectivo el aseguramiento de los bienes y los productos del delito de los grupos criminales internacionales, dentro de las respectiva jurisdicción de cada una de ellas, y a través de acciones como el comiso, decomiso, la extinción de dominio y la compartición de bienes, con el fin de debilitar su margen de acción".

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó la delegación argentina. Tal como quedó plasmado en el documento final, durante su exposición en la jornada de ayer,  destacó la necesidad de que los Ministerios Públicos realicen un trabajo transnacional a la hora de hacer frente a los desafíos que implica la criminalidad organizada internacional y, en este sentido, refirió como un aspecto clave la adopción de mecanismos de cooperación más dinámicos, que permitan enfrentar con mayor eficacia una criminalidad que muta de manera constante. También reafirmó el respeto por la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos.

La "Declaración de Puebla" contiene un apartado dedicado a "condenar enérgicamente la ilegal y arbitraria destitución y persecución" de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega, quien intervino a través de una comunicación telefónica. El texto agrega que dicho desplazamiento se llevó adelante "en evidente contradicción con el marco constitucional y legal de dicho país". Por último, manifestaron su solidaridad con las víctimas del atentado que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, España, así como el compromiso asumido de combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones.

Participaron de la Cumbre el vice procurador general de la República de Brasil, José Bonifácio Borges de Andrada; el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott Charme; el fiscal general y el procurador general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira y  Fernando Carrillo Flórez, respectivamente; el fiscal general de la República de Costa Rica, Jorge Chavarría Guzmán; el fiscal general de la República de El Salvador, Douglas Meléndez Ruíz; el procurador general adjunto interino de Estados Unidos, Kenneth Blanco; el fiscal metropolitano de Guatemala, Luis Arturo Archila; el procurador general de Panamá, Kenia Porcell Díaz y el fiscal adjunto de Paraguay, Roberto Zacarías.