El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, encabezaron la presentación de la “Guía Práctica sobre la Ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos” -elaborada por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de Víctimas (DOVIC)- que tuvo lugar esta mañana, en el Salón Auditorio de la Procuración General de la Nación, en la calle Tte. Gral. Perón 667, en el microcentro porteño.

En la presentación, Casal destacó el cambio de paradigma respecto a la atención de las víctimas. "Si bien no existía el concepto de revictimización, estaba la idea de buen trato, de no generarle más transtornos de los que ya habían sufrido. Esas buenas prácticas luego fueron ampliadas en el Código de Procedimiento actual", aseguró.

Luego mencionó el momento de la creación de la DOVIC y cómo a partir de ahí se generaron cuatro programas que se focalizaban en determinados delitos de mucha complejidad que necesitaban una asistencia más directa: trata de personas, maltrato infantil, violencia de género y violencia policial, además de la orientación para el resto de los delitos. "Con el tiempo fue creciendo. Hoy en día, con el aliento y la intervención de esa Dirección hemos generado otro programa. Desde ese punto de vista, las víctimas merecen la misma atención y este programa está orientado a la elaboración de protocolos".

En relación a la Guía, señaló que se inscribe dentro de ese mismo marco:  "Es una guía práctica, sobre la incidencia que tiene la nueva Ley de Protección a las Víctimas. A comienzos de este año, nos propusimos adecuar la intervención del MPF a los estados de la nueva norma. Esto es lo que marca la evolución gracias al esfuerzo personal de cada uno de los integrantes de DOVIC, que con mucho entusiasmo asisten a las víctimas en los casos que son requeridos".

A su turno, el ministro Garavano sostuvo que tanto para el Gobierno como para el Ministerio de Justicia la protección, el acompañamiento y asegurar los derechos y garantías de las víctimas "es algo crucial y central en el proceso penal".

"Nosotros tenemos un compromiso muy grande. Creo que el deber del Estado es estar al lado y tratar de que se haga justicia, que no quiere decir venganza. No podemos olvidar que la víctima, en general, es una persona inocente a la que le tocó sufrir por diversas cuestiones. Esa situación muchas veces se olvida. El sistema de justicia penal está enfocado en el imputado y a través de ahí uno va construyendo su realidad. No hay víctimas malas y víctimas buenas. Me parece que lo que tenemos que tratar es de vivir en una sociedad justa y pacifica". aseguró.

"Es central acompañar a las víctimas y a sus familiares. La nueva Ley ha sido un avance en ese sentido. Hoy están todas las victimas en pie de igualdad. Todas han sufrido y me parece que el Estado es el que tiene que reparar esa situación y tratar de que se haga justicia en el menor plazo posible. La gente, frente a un hecho trágico, necesita acompañamiento, asistencia, y en eso nos toca trabajar a todos juntos" sintetizó.

A continuación, se realizó el panel de presentación de la Guía práctica sobre la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las personas víctimas, moderado por Malena Derdoy, titular de la DOVIC. En el mismo expusieron Natalia Figueroa, titular del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), Carlos Gamallo, responsable de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional; y Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su exposición, Derdoy sostuvo que "es fundamental el trabajo de la DOVIC.  Como decía el procurador, esta Guía viene a poner un marco normativo a las prácticas que ya venimos haciendo y que vienen reclamando y pidiendo las organizaciones de la sociedad civil".

Por su parte, Figueroa destacó que la Guía es de fácil lectura, un instrumento para que los operadores de justicia puedan comprender el alcance que tiene la Ley y puedan tener a mano y ver qué significan conceptos tales como el de "no victimización" o lo que significa la "asistencia inmediata".

Luego se refirió al trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia a través de los distintos programas como el de Víctimas contra las violencias; el Área de Protección Criminal; Víctimas contra las violencias: "La nueva ley nos obliga a dar una respuesta integral a las víctimas. En ese sentido, resaltó que una de las principales consideraciones que tiene lo Oficina de Víctimas es el alarmante destrato que atraviesan las madres en el proceso de búsqueda de justicia y describió que el Centro atiende a través de tres canales: La línea 149, que es gratuita tal cual establece la ley y atendida por psicólogas entrenadas en atención a víctimas. Seguidamente se realiza un análisis jurídico del tema para poder dar una respuesta y evitar que la asistencia "no sea una intervención espasmódica. El hecho que atravesó le cambió el sentido a su vida. No podemos dar una respuesta idéntica en todos los casos."

Asimismo, señaló que una segunda vía es a través de los requerimientos de las justicias locales y federales. "Intentamos dar respuesta a todos los requerimientos" y mencionó que otro de los mecanismos es a través el relevamiento que realizan diariamente a través de los periódicos o publicaciones que se efectúan en todo el país. "Eso nos permite acercarnos a las víctimas de manera inmediata y que el Centro de Víctimas comience a ser visible en todo el país. Lo que pretendemos es analizar de acuerdo a las características de la jurisdicción de cuales son las necesidades concretas de cada lugar".

Finalmente, destacó que aún existen jurisdicciones en las que no se implementa la Ley. El principal desafío es transmitirle a jueces y fiscales que la Ley rige en todo el país y que tiene que ser exigida por toda la ciudadanía.

Por su parte, el fiscal general Gamallo sostuvo que la única manera de lograr el éxito es "trabajando en equipo" y la cantidad de herramientas que brinda la Ley. "Nosotros nos contactamos con la víctima cuando el conflicto ya pasó y el caso nos llega en papeles. Mientras buscamos ver cómo resolverlo la víctima está esperando una respuesta. Y somos nosotros los que nos tenemos que acercar porque, además, los operadores no estamos a atravesados por el dolor. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, que no es lo mismo que leer el caso o los hechos. El paso del lenguaje oral al escrito quita un universo. Es importante ver qué pasó y qué está pasando hoy. Tenemos que utilizar herramientas jurídicas que tienen poco que ver con el abordaje de contención que dan otras disciplinas. Los operadores tenemos que acompañar ese proceso", aseguró el representante del MPF.

Finalmente, fue el turno de Maffia quien, luego de agradecer por la invitación, se refirió a la guía como "extraordinaria" al tiempo que hizo hincapié a los grados de vulnerabilidad de las víctimas.

"¿Quién determina que hay vulnerabilidad? ¿Cómo se determina y cómo se mide el grado? Esto está lejos de ser objetivo. Tenemos que aprender los grados y las causas de la vulnerabilidad. La diferencia de género es la que atraviesa todas las otras vulnerabilidades. Tener una diferencia de género, con respecto al sujeto habitual del derecho, no se nombra porque es respecto del hegemónico. Pero a ese sujeto lo tenemos que enunciar y ver sus privilegios. No pueden quedar en abstracto. Porque ser varón es un privilegio, al igual que ser blanco, tener un trabajo rentado, etc. Y la mayor parte de la sociedad está fuera de esta norma", afirmó.

Concluyó  "a veces la víctima no conoce cuáles son sus derechos, o porque está muy vulnerable o porque cuenta con pocas expectativas. Entonces va a pedir lo mínimo. Porque su aspiración no tiene el marco de derechos humanos como contexto. Entonces el fiscal reconstruye ese plexo de derecho. Cambiar los hábitos es mucho más que cambiar una ley".

Creación del Programa de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal

También, la semana pasada, mediante Resolución PGN N°122/18, el procurador general interino, creó el Programa de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal, ello “frente al cambio de paradigma que implica la nueva Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”. El referido programa funcionará dentro de la estructura de la DOVIC y se suma a los cuatro ya existentes de atención a las víctimas de Trata y Explotación de Personas, de maltrato y abuso sexual infantil, de Violencia de Género y de Violencia Policial.

Tal como consigna la referida resolución, “la última ley orgánica estableció que el Ministerio Público Fiscal debe dirigir sus acciones con mira en los intereses de la víctima, debiendo brindarle amplia asistencia y respeto, informarle acerca del resultado de las investigaciones y notificarla de la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se hubiera constituido como parte querellante”, función que es desarrollada por la DOVIC. Asimismo, “la reciente sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos ratifica y profundiza esos principios y estableció, entre sus objetivos, el reconocimiento del efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, con especial énfasis en el asesoramiento, la asistencia, la representación, la protección, la verdad, el acceso a la justicia, el tratamiento justo, la reparación, la celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales y locales”.

A ello se suma “la próxima implementación del sistema acusatorio que no sólo aspira a generar un profundo cambio en el sistema de administración de justicia sino que, además, le otorga a la víctima un rol más protagónico en el trámite y decisión de los procesos”.

El nuevo programa será desarrollado por el equipo interdisciplinario del Área de Información y Orientación de la DOVIC, y se abocará a la elaboración de protocolos de actuación, capacitaciones, diseño de instrumentos de información e derechos y difusión del abordaje brindado por el programa. Asimismo, identificará instituciones públicas y privadas a las que pueden realizarse derivaciones con fines asistenciales, y acompañará a las víctimas en determinados procesos.

Asimismo, intervendrá en los casos en los que se investiguen delitos cuya gravedad y complejidad hayan generado grave riesgo para la integridad física y/o psíquica de la o las víctimas; y en los casos en etapa de ejecución en los que conozca la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), así como en aquellos procesos de suspensión del proceso a prueba que se encuentren bajo seguimiento de la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal (UFIMAPP), a fin de asesorar y asistir a las víctimas de esos hechos. Finalmente, intervendrá en los casos que se encuentran en cabeza de alguno de los otros cuatro Programas Especiales de la DOVIC, pero que requieran la colaboración y/o el apoyo de otros profesionales, por la inminencia de un acto procesal o la multiplicidad de víctimas.