03 de agosto de 2020
03 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Incluye una selección de decisiones judiciales tomadas entre julio de 2018 y el primer semestre de 2019
DOVIC elaboró una nueva edición de su dossier de jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos
El documento revela una mayor profundidad en la aplicación de ley, en especial “en lo que se refiere a reducir el impacto negativo y los índices de revictimización que el propio servicio de administración de justicia puede generar”.

La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) presenta la segunda edición del “Dossier de Jurisprudencia sobre la Aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos - Ley N° 27.372”. En esta oportunidad, el documento incluye una selección de decisiones judiciales tomadas entre julio de 2018 y el primer semestre de 2019.

El propósito de esta publicación es el de difundir las iniciativas judiciales destacadas para poner en conocimiento el estado actual de las discusiones jurisprudenciales en relación a la aplicación de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Desde la sanción de dicha norma, en junio de 2017, la DOVIC - a cargo de Malena Derdoy- elaboró una serie de documentos que tienen como propósito difundir sus alcances y auxiliar en su aplicabilidad.

La primera publicación del dossier, realizada en julio del año pasado, compilaba una serie de precedentes jurisprudenciales de diversos tribunales e instancias, desde el dictado de la ley hasta fines de 2018. Allí, se hacía hincapié en la manera en que la nueva legislación había impactado en las decisiones judiciales a lo largo de todo el proceso penal, ya sea en la modificación de antiguos criterios, como en la creación de nuevos escenarios en donde la víctima aparece como un actor de relevancia.

Los avances reflejados en el dossier

En esta segunda publicación, se eligieron resoluciones donde se revela una mayor profundidad en la aplicación de ley, en especial “en lo que se refiere a reducir el impacto negativo y los índices de revictimización que el propio servicio de administración de justicia puede generar”. En la selección presentada se destacan decisiones que elaboran mecanismos que permiten compatibilizar “el respeto por las garantías constitucionales de la persona imputada y de la damnificada del actuar delictivo”.

Además, el segundo volumen del documento compila las resoluciones en donde se acentúa la intervención de la víctima durante la ejecución de la pena. De acuerdo al dossier, en ese escenario, “cobra cada vez mayor notabilidad la necesidad de escuchar a la víctima antes de la adopción de decisiones que puedan morigerar el cumplimiento de una condena conforme lo dispone el art. 12 de la ley N° 27.372”.

La nueva edición también resalta “un notable avance” en el reconocimiento de derechos de carácter procesal de las víctimas de delitos que permite, entre otras cuestiones, facilitar la remoción de obstáculos en el acceso a la justicia. Una tendencia que también se ha manifestado en los tribunales internacionales en los últimos tiempos. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundizó su línea jurisprudencial, al afirmar que el derecho al acceso a la justicia de las víctimas implica que las medidas que se adopten para conocer la verdad y sancionar a los responsables deben realizarse en un plazo razonable, “siendo que el proceso termina cuando se dicta una sentencia definitiva y firme sobre el asunto, momento en el cual se agota la jurisdicción, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales de las víctimas”.

El rol del Ministerio Público Fiscal

El MPF ha tenido un rol fundamental en el proceso de aplicación de la ley Nº 27.372 a través de numerosas acciones, tendientes a impulsar la participación de la víctima en el proceso penal y remover los obstáculos para el efectivo acceso a la justicia.

La compilación de recursos jurídicos responde a una de las líneas de trabajo de la DOVIC, en el marco de su función encaminada a garantizar a las víctimas de cualquier delito sus derechos, y brindar información general desde el primer contacto con la institución y a lo largo de todo el proceso penal.