La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se reunió ayer con los fiscales de distrito Daniel Adler, Eduardo José Villalba, Dante Marcelo Vega, Adriana Saccone e Indiana Garzón, y con los representantes de Procunar, Félix Crous, y Protex, Marcelo Colombo.

El encuentro se realizó en cumplimiento de la Resolución 2739/13, que en uno de sus apartados solicita a los fiscales distritales un informe detallado a la Procuradora General de la Nación respecto de la situación de las investigaciones y juzgamientos de hechos propios de la criminalidad organizada registrados en el ámbito de acción de cada fiscal.

Los fiscales informaron a la Procuradora los resultados de las tareas conjuntas con autoridades políticas, judiciales y representantes de Ministerios Públicos locales sobre temas de narcocriminalidad y trata de personas.

Finalmente, se propusieron nuevas líneas de trabajo y diseño de políticas criminales en articulación con las procuradurías a cargo de Felix Crous y Marcelo Colombo, y los representantes de las fiscalías de distrito.

Los distritos fiscales

Este proyecto se basa en la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, autoridades policiales, judiciales y políticas de las provincias. Además, apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal.

En la resolución que creó el programa, Gils Carbó había señalado que a la figura del “fiscal coordinador” de cada distrito no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.

De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.