Luego de que la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DIGOC) a cargo de la fiscal Cristina Caamaño recogiera las inquietudes de una empresa telefónica y las remitiese a la Oficina de Enlace Legislativo del Ministerio Público Fiscal que dirige Félix Crous, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación se encuentra trabajando en un proyecto de ley sobre el robo de cables de cobre.

En el marco de las reuniones de trabajo realizadas en diciembre y febrero, se informó que el delito también alcanza a compañías eléctricas, empresas de ferrocarriles, municipalidades y por ende, afecta a usuarios de diversas localidades del país. En ese sentido, la DIGOC constató que las causas penales que tramitan por esos hechos ilícitos quedan dispersas en distintos juzgados federales o provinciales -según las califiquen como obstrucción de comunicaciones o hurto/robo, respectivamente- y tratadas como casos aislados, impidiendo entender la magnitud del delito. Así, las investigaciones quedan acotadas al eslabón primario de la cadena y se diluyen antes de llegar a las grandes fundiciones o exportadoras de chatarra, donde se sospecha que el metal robado sería insertado nuevamente en el circuito legal.

Por esos motivos, se busca impulsar en el Congreso Nacional una norma similar a la sancionada en 2006 en la provincia de Buenos Aires, que permitió reducir los casos.

Desde la compañía, agradecieron a la fiscal Caamaño: “No hubiera sido posible sin la gestión impulsada por usted desde el Ministerio Público Fiscal”.