El coordinador de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la seguridad social (Ufises), Gabriel De Vedia, destacó que en el caso de los delitos contra el sistema de la seguridad social, la protección del bien jurídico implica garantizar a todos los miembros de la comunidad el acceso a una cobertura adecuada, que afronte las contingencias sociales a las que pueden verse expuestos. La afirmación fue vertida por la unidad al dar a conocer las denuncias contra más de 45 empresas que no depositaron los aportes correspondientes.

El fiscal señaló que el incumplimiento empresarial implica un perjuicio a los empleados, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema y puede dificultar a largo plazo el acceso a una prestación jubilatoria acorde por parte de los futuros beneficiarios.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal agregó que “si los contribuyentes obligados no cumplen en tiempo y forma con el depósito de los aportes, el sistema de la seguridad social corre el riesgo de desfinanciarse y ello puede provocar la imposibilidad de garantizar el acceso a las prestaciones sociales a largo plazo”.

En ese sentido, hizo hincapié en que la cantidad de actuaciones preliminares que tramitan diariamente en la Ufises demuestran que “en nuestro país se encuentra fuertemente arraigada la cultura evasora”. Si bien en ciertos supuestos el incumplimiento podría estar dado por una circunstancia de crisis económica, lo cierto es que, conforme señaló De Vedia, en la mayoría de los casos que se investigan en la Unidad Fiscal se comprobó que las empresas adquirieron vehículos, inmuebles o aumentaron su nómina de personal durante períodos en los cuales no cumplieron en tiempo y forma con el depósito de los aportes.

Por último, el fiscal advirtió que “es importante que toda la sociedad comprenda la relevancia de cumplir con las obligaciones que surgen del sistema solidario de la seguridad social. Únicamente un sistema financieramente apto podrá cubrir las prestaciones de toda la ciudadanía y responder en diferentes niveles a las contingencias que pueden afectar a la comunidad”.

En la mayoría de los casos que se investigan en la Unidad Fiscal se comprobó que las empresas adquirieron vehículos, inmuebles o aumentaron su nómina de personal durante períodos en los cuales no cumplieron en tiempo y forma con el depósito de los aportes.

Las prestaciones financiadas por el sistema y lo que pena la ley

Las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, universales por hijos o por desempleo, son sólo algunas de las prestaciones que se financian por medio del sistema de la seguridad social nacional.

La ley penal tributaria impone penas de prisión “al empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado supere los $20.000 por cada mes”.