En el segundo caso de trata de personas con fines de explotación sexual de la provincia de San Luis, el Tribunal Oral Federal de radicado en esa provincia, integrado por los jueces Raul Fourcade, Alejandro Piña y Carlos Alfredo Parra, absolvió a cinco personas acusadas de integrar una banda que habría captado, trasladado y explotado sexualmente al menos 42 mujeres en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos de la provincia, dos de ellos ubicados en la ciudad de San Luis y el restante en cercanías de la localidad de La Toma.

El juicio comenzó en octubre de 2014 e inicialmente eran 7 personas imputadas, pero dos fallecieron en el transcurso del proceso. Durante la investigación, se pudo averiguar que la banda habría tenido un sistema de “rotación” respecto a las víctimas y los tres locales nocturnos, además de un sistema de “multas”.

En el juicio, que comenzó en octubre de 2014, intervino la fiscal Mónica Spagnuolo y en la investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo.

En sus alegatos, la fiscal Spagnuolo había solicitado la pena de 10 años de prisión para los dos principales acusados, quienes se encontraban con prisión preventiva, y seis años para los tres imputados restantes. Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de uno de los inmuebles.

Es el primer caso que llega a la instancia de debate oral y público por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Origen del caso

La causa se inició en febrero de 2012, a raíz de una investigación ordenada por Spagnuolo, quien solicitó a la Agencia Regional Federal de Cuyo de la Policía Federal Argentina un relevamiento de todas las wiskerías existentes en la provincia de San Luis a los fines de determinar si se estaba cometiendo el delito de trata de personas y otros ilícitos conexos.

Durante el trabajo, se determinó que dos personas eran dueñas de tres prostíbulos, de los cuales “Venus” y “La Luna” estaban ubicados en la ciudad de San Luis. El restante, denominado “Pelvis Club”, se encontraba situado aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de La Toma. También, se estableció que se explotaban sexualmente a mujeres oriundas de República Dominicana y del Paraguay.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones recibió una llamada anónima de una mujer que dijo que trabajaba en una whiskería llamada “Venus” y que se encontraba retenida contra su voluntad y encerrada en un cuarto del boliche. Ante la posible presencia de víctimas de trata de personas, la fiscal solicitó los allanamientos.

Allanamientos

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en marzo de 2012, con la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación. En el prostíbulo “Venus”, se rescataron 21 víctimas en situación de vulnerabilidad, doce de las cuales residían en el lugar. En cuanto a las nacionalidades, dos de las víctimas eran argentinas; una, brasilera; seis oriundas de Paraguay, y las 12 restantes, de República Dominicana.

Algunas de las víctimas relataron que hacía 10 años que se encontraban “trabajando” ahí, y el resto, entre cinco y dos años. El lugar contaba con diez dormitorios de los cuales cinco habrían sido utilizados para los denominados “pases” y los restantes para "viviendas". Además, se determinó que tanto la cocina como los baños carecían de las medidas mínimas de seguridad e higiene. Finalmente, se identificó a un hombre que manifestó ser el encargado del lugar, una cajera, un mozo, un portero y un barman.

El segundo local allanado fue "La Luna”. Allí se rescataron a 13 víctimas en situación de vulnerabilidad oriundas de República Dominicana, Paraguay y Argentina. En el lugar, había tres habitaciones utilizadas para los “pases” y un cuarto que hacía a las veces de depósito y cocina.

Las mujeres dijeron que los dueños del prostíbulo también serían los responsables de otros locales denominados “Venus” y “La Toma”, también conocido como “El Cruce”. Identificaron además a los encargados del boliche e indicaron que uno sería el mismo que se ocupaba del traslado de las mujeres desde la terminal de ómnibus y de llevarlas a realizarse análisis médicos para luego tramitar las libretas sanitarias y trámites migratorios.

Finalmente, el tercer local allanado fue “Pelvis club nocturno” (también conocido como “La Toma” o “El Cruce”) de donde se rescató a ocho mujeres en situación de vulnerabilidad: seis de ellas de República Dominicana y dos del Paraguay. La víctimas indicaron que el lugar se manejaba con el sistema de “plazas”, que consiste en que las mujeres residen en el lugar entre 21 días y un mes y luego retornaban a sus domicilios a modo de “descanso” durante, aproximadamente, 15 días. Algunas de ellas declararon que fueron “rotadas” entre otros prostíbulos de los mismos dueños, que serían “Venus” y “La Luna”.

En todos los locales se registraron habitaciones que habrían sido utilizadas para realizar los “pases” y otras que habrían funcionado como dormitorios. En los tres prostíbulos hallaron estudios médicos y libretas sanitarias que les habrían hecho tramitar como requisito para “trabajar” y que eran retenidos por los imputados. Además, se secuestraron preservativos, dinero, planillas, fichas, cheques, pasajes, copia de envío de dinero a la República de Paraguay a través de la empresa Western Union y pulseras de goma de colores diferentes.

Según la declaración de las víctimas, los acusados le retenían el 50% del valor de los “pases” y les entregaban una pulsera de color diferente de acuerdo a la duración. En caso de acompañar a los “clientes” a una salida por fuera del prostíbulo, el costo era diferente y se hacía a través de un “remis de confianza” de los responsables del lugar.

Por otro lado, varias de ellas detallaron que muchas veces asistían al prostíbulo policías uniformados y de civil ya sea en calidad de “clientes” o para realizar controles. En la misma línea, en uno de los locales, personal de la Municipalidad habría realizado controles de habilitación o de libretas sanitarias.

A partir de las entrevistas realizadas, surgió además que los prostíbulos habrían funcionado entre las 22:00 y las 6:00, pero el horario “variaría según la demanda de clientes”. Una de las víctimas declaró que por la mañana, mientras limpiaban el boliche, solían pasar “unas horas encerradas”. Asimismo, mencionaron la existencia de “multas” en caso de no cumplir con las “reglas” e indicaron que se les descontaban los gastos por comidas, higiene, tarjetas de teléfono, pasajes y préstamos.

Las víctimas relataron que tomaron conocimiento del prostíbulo a través de otras mujeres que habían ejercido la prostitución tanto en ese como en otros locales nocturnos de los mismos dueños. Describieron también que arreglaron el modo del traslado de manera telefónica con miembros de la organización. En este sentido, durante la investigación, la fiscalía pudo constatar la facilitación de pasajes por parte de los acusados. Además, varias de las víctimas declararon que el costo del traslado luego era descontado y tomado como deuda que debían saldar con “trabajo”. Una vez que llegaban a la terminal de San Luis, eran llevadas hasta el prostíbulo.

Si bien 21 de las 42 mujeres residían en los mismos lugares, para la fiscal, “la mayoría de ellas vivieron en ellos al arribar a los mismos”. En ese sentido, la representante del MPF destacó la ubicación del tercer prostíbulo denominado “Pelvis Club”, ya que “se encuentra aislado, fuera de la población, sobre la ruta”, sin vecinos en los alrededores y sin dinero, lo que “favorecería la permanencia de ellas en el lugar”. Además, algunas víctimas refirieron que, de existir conflictos entre ellas, eran enviadas a este último, ya que era el lugar que peores condiciones presentaba. Una mujer detalló que fue enviada allí porque “se había puesto gorda”.

En el caso de aquellas que no vivían en el lugar, habrían sido trasladadas desde y hacía allí en forma cotidiana por uno de los imputados, “generando de esta manera un control similar a las que residen en los lugares, en relación al tiempo de permanencia y ‘trabajo’ en los mismos”, agregó la fiscal en uno de sus escritos.