El Ministerio Público Fiscal remitió al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un documento con aportes para el proceso de elaboración de un nuevo informe temático sobre derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

El material remitido al citado organismo internacional fue elaborado por las Direcciones Generales de Derechos Humanos y de Políticas de Género, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y sistematiza información que surge del trabajo diario de las distintas fiscalías y dependencias que integran el organismo. En especial, el documento incluye aportes de la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal.

Entre los aportes al Grupo de Trabajo, se explican las principales políticas institucionales implementadas por el Ministerio Público Fiscal vinculadas con la protección de los derechos de las mujeres, y de las mujeres privadas de su libertad en particular, a la vez que se brindan datos estadísticos referidos a mujeres en conflicto con la ley penal. El informe incluye además algunas consideraciones sobre la situación de las mujeres trans privadas de su libertad, y ofrece algunas cifras vinculadas con las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, respectivamente.

En cuanto a las cifras más relevantes, el documento llama la atención sobre el aumento de la población femenina en cárceles federales, que creció un 11,9% en el último año -mientras que el crecimiento interanual de la población masculina fue de 6,5%-. También resalta que las mujeres presentan un mayor nivel de encarcelamiento preventivo que el de toda la población en el Servicio Penitenciario Federal.

Otro dato que se aporta es que el mayor porcentaje de mujeres privadas de la libertad por decisión de la justicia federal se encuentra detenida por delitos vinculados con la tenencia y tráfico de estupefacientes, y en general han sido imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva y, en su mayoría, son descubiertas mientras actúan como correos humanos (lo que se suele conocer como “mulas”). Es decir, con pocas excepciones, fungen como mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales transnacionales.

Sobre el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica funciona en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se creó en 2010 con el objetivo de promover el efectivo ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres, y de elaborar recomendaciones a los Estados a tales fines.

En este caso, y con el objeto de desarrollar y precisar estándares internacionales que aporten al diseño e implementación de políticas en materia de no discriminación contra las mujeres, el Grupo de Trabajo inició un proceso de consulta pública para recabar contribuciones para la elaboración de un nuevo informe temático sobre los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.