El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas examinó en audiencias celebradas el miércoles y jueves último en Ginebra, Suiza, el cumplimiento del Estado argentino de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Ministerio Público Fiscal (MPF) brindó información sustantiva para esta instancia de evaluación internacional. Estos aportes fueron utilizados por los expertos para formular preguntas a la delegación argentina, que destacó especialmente el trabajo que realiza la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El Comité manifestó su preocupación, entre otras cuestiones, por la limitación a la autarquía financiera del Ministerio Público y por la demora en la implementación del Código Procesal acusatorio.

Los aportes del MPF fueron sistematizados en un documento elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos, que releva información de todas las áreas del MPF y contiene datos estadísticos sobre las denuncias y las causas judiciales, a la vez que da cuenta de las distintas estructuras creadas para prevenir y perseguir estas violaciones de derechos humanos, como las Procuradurías de Violencia Institucional (Procuvin), de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de Crímenes contra la Humanidad, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC).

La información proporcionada por el MPF fue utilizada por los integrantes del Comité para formular preguntas y observaciones a los funcionarios del Gobierno, y también por la delegación argentina –presidida por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación Claudio Avruj– para responder algunos de los cuestionamientos.

En efecto, uno de los expertos, relator para la Argentina, el mexicano Claude Heller, destacó las políticas argentinas de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar, particularmente el proceso de enjuiciamiento de sus responsables. Para ello citó las cifras producidas por la Procuraduría especializada del MPF, y exhortó a las autoridades estatales a no debilitar las estructuras que permitieron estos avances.

A su turno, al momento de responder las preguntas del Comité, la delegación gubernamental resaltó la creación y puesta en funcionamiento de la Procuvin como una buena práctica en materia de prevención y persecución penal de la violencia institucional en contextos de encierro y fuera del ámbito penitenciario.

Por su parte, otro de los temas de interés del Comité fue la falta de implementación de algunas leyes sancionadas en los últimos años. Sobre este aspecto, requirió a las autoridades estatales información sobre la demora en la puesta en marcha del sistema procesal acusatorio y sobre el decreto que restringe la autarquía económica y financiera del Ministerio Público. En esta misma línea, la delegación argentina dio cuenta de la autonomía del MPF, reconocida en la Constitución Nacional.

Acerca del mecanismo de supervisión del Comité contra la Tortura

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas es un órgano conformado por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, instrumento que en nuestro país tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN). Al ratificar el tratado, los Estados parte se comprometen a presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos allí previstos.

En este caso, el Comité examinó el último informe del Estado argentino, y en las próximas semanas emitirá un documento público con conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento efectivo de la Convención contra la Tortura.