La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó una sentencia que había dispuesto el sobreseimiento de una mujer acusada de ser partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y la procesó con prisión preventiva. A su vez, trabó embargo sobre sus bienes  por la suma de $150.000. La resolución se produjo luego del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa en la que se investiga a una organización abocada a captar mujeres y explotarlas sexualmente a través de un sitio web.

Por otra parte, los camaristas también confirmaron lo dispuesto por el juzgado de instrucción respecto a la pareja de la imputada -su procesamiento con prisión preventiva-, pero modificando la calificación legal de “promoción y facilitación de la prostitución ajena” por la del delito de trata de personas, tanto de mayores como de menores de 18 años.

Red de prostitución

La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal que era administrado por el hombre y mediante el cual se encargaba de captar a mujeres en la ciudad de Córdoba, para luego trasladarlas hasta Rosario y ahí ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero. La banda también contaría con una base operativa ubicada en la República de Chile. Dentro de esta organización, la mujer tendría la tarea de fotografiarlas de manera “sexy” para subir las imágenes a la web. En esa línea, el tribunal revisor consideró que este rol “constituye una modalidad delictiva de promoción de la prostitución de personas adultas”.

La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal  mediante el que se captaba a mujeres en Córdoba, que luego eran trasladadas hasta Rosario.

“Esto implicaría un eslabón esencial dentro de la cadena de conductas que generalmente tienen lugar en una red delictiva dedicada a la explotación sexual de mujeres”, agregaron los jueces.

Los dos imputados restantes realizaban idéntica actividad delictiva en otro departamento ubicado en la ciudad de Córdoba. En tanto que otros dos acusados ya fueron condenados con anterioridad por un tribunal oral federal de esa provincia y hay una imputada más que se encuentra prófuga.

La causa se inició en 2012. En noviembre de 2014 se hicieron los allanamientos y en noviembre de 2018 el juzgado de primera instancia dispuso el sobreseimiento de la imputada en carácter de partícipe necesaria del delito de trata de personas. En consecuencia, el fiscal federal Enrique Senestrari interpuso un recurso de apelación. El representante del MPF remarcó que las tres mujeres “desempeñaron un rol específico en la cadena delictiva dedicada a la captación, traslado y acogimiento, mediante abuso de situación de vulnerabilidad, con finalidad de explotación sexual de mujeres”. Además, destacó que dichas conductas “no deben ser valoradas en forma aislada”.

A su turno, el fiscal general ante la Cámara Federal cordobesa Alberto Lozada sostuvo el recurso y agregó que la figura que corresponde aplicar es la de trata de personas y no solamente la de promoción y facilitación de la prostitución, tal como sostuvo el juez federal. En esa línea, finalmente, resolvieron los magistrados del tribunal de alzada. Al respecto, Lozada había indicado que “la participación de esta pareja se encuentra directamente vinculada a la de ‘publicidad’ que manejaban ambos a través del portal de internet mencionado”.