Del 13 al 15 de junio se realiza en Buenos Aires el “Intercambio Binacional del Laboratorio Viviente” del proyecto Atlas, un programa de cooperación que lidera en Paraguay la organización sin fines de lucro Partners of the Americas. Este intercambio se desarrolla en torno a una serie de encuentros entre dependencias especializadas de la Procuración General y una delegación de funcionarias de la unidad especializada en el delito de trata del Ministerio Público de Paraguay.

En ese marco, funcionarias y funcionarios de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) llevaron adelante ayer por la mañana una jornada de trabajo con la delegación del MPF de Paraguay para abordar las temáticas vinculadas a los ejes de corrupción y trata de personas.

El objetivo del encuentro fue compartir experiencias y exponer sobre el funcionamiento del sistema argentino para la tramitación de causas de trata e indemnizaciones a víctimas, los programas de rescate y asistencia, y los mecanismos de coordinación con otras dependencias o instituciones.

Por la delegación paraguaya estuvieron presentes las abogadas Gabriela Barboza Leguizamón, auxiliar fiscal; Martha Velázquez Moreno, asistente fiscal; Vianca Belén Ibarra Olivera, auxiliar fiscal; y Lorena Alfonso Colmán, asistente fiscal. En tanto, por la organización ATLAS, intervino el consultor Francisco Cano.

De parte de la PIA, participaron la fiscal Andrea Garmendia Orueta; Gabriel Quintana Landau, auxiliar fiscal y coordinador de la Unidad Institucional; Esteban Venditti, auxiliar fiscal y coordinador de la Unidad de Admisión y Detección Temprana de Casos; Rocío Rodriguez Forte, antropóloga y especialista en géneros en la PIA; Antonella Lenguitti, abogada; el Coordinador General de la PIA, Alejandro Patuna Sumicky; y Rodrigo Coto Araujo, auxiliar fiscal, en representación de PROTEX.

Durante el encuentro la fiscal Garmendia presentó las líneas de trabajo que desarrolla la PIA en el marco de la incorporación de la perspectiva de género en los delitos de corrupción. En esa línea compartió los avances vinculados a la investigación de casos de corrupción facilitadora de la trata de personas, la participación de funcionarios públicos en los distintos eslabones del delito; el desarrollo y articulación con dependencias nacionales, provinciales y municipales; el análisis de normativa administrativa local respecto de la adecuación necesaria a estándares actuales, y la necesidad de fortalecer la capacitación y generar recomendaciones para mejorar la prevención y sanción de los funcionarios públicos involucrados en delitos de trata de personas.