Raúl Martins fue detenido el jueves en Cancún, México, por las autoridades migratorias de ese país, en línea con el exhorto que había ordenado el Juzgado Federal N°1 solicitando su extradición por encontrarse procesado con prisión preventiva y un embargo que alcanza 10 millones de pesos, en el marco de la causa en la que se investiga una organización criminal presuntamente liderada por él.

La detención preventiva fue con fines de extradición, en línea con lo resuelto por la magistrada en septiembre, decisión que luego había sido confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en septiembre de este año.

Como consecuencia, el juzgado libró el exhorto a las autoridades mexicanas solicitando la detención preventiva con fines extradición y, al mismo tiempo, solicitó al jefe del departamento de Interpol la captura internacional a esos fines de Martins. Al día siguiente, ese organismo emitió la notificación roja respecto del hombre acusado de proxenetismo y lavado de dinero.

Todas las medidas tienen su origen en una presentación conjunta que realizaron  la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto con la Fiscalía Federal N°6, a cargo de Federico Delgado, en diciembre de 2018. Dentro de las diligencias solicitadas se encontraba la detención con fines de extradición de Martins.

El hombre está procesado por el delito explotación de la prostitución ajena y por asociación ilícita. Asimismo, deberá responder a la imputación por el delito de lavado de activos.

Ahora se inicia un proceso en base al Tratado de Extradición vigente entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, en el marco del cual las autoridades de aquél país deberán decidir sobre la entrega de Martins a las autoridades judiciales argentinas, de acuerdo a los hechos por los que ha sido requerido.

En el caso interviene la Fiscalía General de México, junto al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el DF.