El viernes pasado, el Consejo Deliberante de Esquel, provincia de Chubut, aprobó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de “cabarets, whiskerías, boites y locales nocturnos de alterne no tramitando en consecuencia el otorgamiento de habilitaciones a tales fines”.

Se trata de una medida impulsada por la fiscalía federal a cargo de  Silvina Ávila que busca concientizar acerca de este tipo de delito, debido a que la justicia federal ya clausuró en esa ciudad un importante número de locales donde se constató la trata de personas con fines de explotación sexual.

“Desde que se inició el funcionamiento de esta Fiscalía Federal en la zona, en el año 2014, uno de los propósitos que tomamos fue tratar de concientizar y trabajar con las autoridades en contra del delito de trata de personas, especialmente el que refiere a la explotación sexual de mujeres”, describió la fiscal Ávila.

En esa línea, se realizaron una serie de actividades como capacitaciones a las fuerzas nacionales que se encuentran en los pasos internacionales de la jurisdicción, a las fuerzas prevencionales de la provincia; y se realizó una charla abierta a la comunidad a la que asistieron no sólo legisladores locales sino también inspectores municipales, personal de la comisaría de la mujer, organizaciones no gubernamentales, autoridades educativas entre otros.

Por otro lado, se iniciaron varias causas en las que se investiga este tipo de delito que derivaron en una serie de allanamientos de una innumerable cantidad de locales nocturnos, inmuebles particulares, el secuestro de vehículos, dinero y el embargo de los domicilios  utilizados para cometer el ilícito.

A su vez, se cursaron notas a diversos municipios con el objeto de adecuar la legislación local a la nacional. Esta medida se tomó en tanto la Fiscalía constató que, todos los lugares allanados en los que se hallaban mujeres que eran víctimas de explotación sexual, poseían habilitaciones municipales como “whisquerías”, “boites” o “locales nocturnos” que estaban destinados a que los clientes se relacionaran con “alternadoras” o “coperas” (quienes debían tener libreta sanitaria municipal para ello).

“Esta Fiscalía estima que, si bien es un paso pequeño a nivel nacional, en lo local tiene un impacto muy grande y este logro fue gracias al trabajo en conjunto que se ha llevado adelante con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Procuración General de la Nación", agregó Ávila.

"Tenemos conocimiento que en otros municipio ya se está trabajando en la adecuación legislativa mencionada, lo que genera gran expectativa en este equipo”, concluyó la representante del Ministerio Público Fiscal.