La primera semana de octubre ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene como fin crear un fondo fiduciario público de asistencia directa a víctimas de trata y explotación de personas. El mismo fue impulsado por el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas, formalizado durante la IX Reunión del Consejo, realizada el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Mendoza, y de la que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El proyecto de ley establece la creación de un Fideicomiso de Administración que será gestionado por Nación Fideicomiso S.A., y cuyo seguimiento estará a cargo de una Unidad Ejecutiva. Además, el referido fideicomiso se integrará con los fondos líquidos y el producido de la venta de los bienes decomisados en el marco de los procesos judiciales por trata y explotación de personas, así como del lavado de activos provenientes de dichos delitos, con sentencia firme o cuando, sin estar firme, el juez de la causa autorice la venta.

Asimismo, se establece la obligación de restituir económicamente a las víctimas de trata y explotación, con sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente. Por otra parte, la iniciativa prevé que cuando la restitución a la víctima no pueda ser satisfecha con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal deberá utilizar los recursos del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata” para amparar dicha situación.

El proyecto de ley también contempla la situación especial del decomiso de bienes sujetos a inscripción en registros públicos, así como el caso de vehículos, embarcaciones, aeronaves y afines. De manera genérica, establece que dichos bienes estarán exentos del pago de impuestos, tasas, aranceles, timbres o demás derechos de traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

Por otro lado, se prevé que el Fondo tenga una duración de 30 años, y que esté exento en todas sus operaciones de impuestos, tasas y contribuciones nacionales.

A los fines de garantizar transparencia, el proyecto prescribe que los bienes deberán ser inscriptos en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal (el cual depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), indicando asimismo su destino. En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo Nacional implementará un sitio en internet, público y gratuito, para publicar los bienes que hayan ingresado al Fondo y su destino.

Esta iniciativa es el resultado de diversos debates realizados en el seno del Consejo Federal y, de aprobarse, garantizará una restitución adecuada a todas las víctimas de trata y explotación, respetando así sus derechos humanos.