Otras cuatro víctimas declararon el jueves pasado ante el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, en el marco del juicio oral y público que se le sigue a una mujer y a tres hombres acusados de explotar sexualmente al menos a doce mujeres en situación de vulnerabilidad en prostíbulos ubicados en distintas localidades de los partidos de La Matanza y de Morón.

Las jóvenes, que rotaron por los diferentes boliches en distintos momentos, detallaron en el debate cuál era su situación previa a la entrada del circuito prostibulario. Todas describieron un contexto de vulnerabilidad socioeconómica, ya que eran en su mayoría sostén del hogar, con hijos a cargo. Las mujeres contaron el acompañamiento de dos profesionales de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic), del MPF.

La primera víctima en declarar aseguró que conoció al dueño de un boliche ubicado en Ramos Mejía y que en ese lugar se hacían dos turnos. “Se tomaban bebidas y se hacían servicios. A veces había un encargado que era el que después de la jornada le daba la plata recaudada al dueño”, dijo.

Otras dos víctimas que fueron explotadas en el mismo local coincidieron en que se encontraban en una mala situación económica, que -explicaron- fue lo que las llevó a buscar “trabajo” allí.

En tanto, otra mujer relató que trabajó dos días en un local de Morón y que estuvo al momento del allanamiento.

Las víctimas describieron un contexto de vulnerabilidad socioeconómica: son en su mayoría sostén del hogar, con hijos a cargo.

La audiencia comenzó con el testimonio de cuatro profesionales del Programa Nacional de Rescate que participaron en los distintos procedimientos que se llevaron a cabo entre el 2011 y 2015.

La primera de ellas intervino en los allanamientos a los locales situados en las localidades de González Catán y en Virrey del Pino y detalló que en el primero había once mujeres en situación de prostitución y que las víctimas de ese local eran argentinas, dominicanas y uruguayas. “Las mujeres obtenían un porcentaje de entre un 40 y un 50 por ciento de lo que cobraban los denominados ‘clientes’. El otro 50 o 60 por ciento era para los responsables del lugar. Además, les descontaban el valor de los preservativos”, aseguró la profesional.

Por otro lado, añadió que algunas chicas llegaron por avisos clasificados o por conocidos de los lugares de similares características y que uno de los prostíbulos contaba con tres personas de seguridad que estaban en la puerta de entrada y luego circulaban por el salón.

Por otro lado, una licenciada en psicología declaró que participó del allanamiento en el local ubicado en la localidad de Virrey del Pino, en mayo de 2011. “Fuimos a Godzilla y entrevistamos a las tres mujeres que se encontraban en ese momento. Eran todas oriundas de la República de Paraguay y señalaron que en el salón se hacían ‘copas’ y ‘pases’ y que los dueños le retenían entre un 50 y un 60 por ciento. Además, dos de ellas aseguraron que residían en el lugar de explotación durante la semana”, destacó la testigo.

"Las mujeres obtenían un porcentaje de entre un 40 y un 50 por ciento de lo que cobraban los denominados ‘clientes’. El otro 50 o 60 por ciento era para los responsables del lugar. Además, les descontaban el valor de los preservativos".

Luego fue el turno de otra psicóloga, quien ratificó los dichos de la víctima que declaró durante la primera audiencia del juicio, dado que fue la encargada de entrevistarla. “Ella comentó que comenzó a militar en un partido político y ahí le comentó a una amiga todo lo que le había pasado y fue su amiga quien la convenció de hacer la denuncia. Fue así que nos convocó a la entrevista, en marzo de 2014. En esa oportunidad, ella manifestó que en diciembre de 2010 estaba buscando trabajo y una amiga de una amiga le comentó que en un boliche de Ramos Mejía estaban buscando camareras”, comenzó relatando la licenciada.

Describió que, antes de comenzar a trabajar, a la víctima le vendieron ropa específica y que, a los pocos días, el dueño la trasladó en su camioneta particular al prostíbulo llamado “Godzilla”, ubicado en la localidad de Virrey del Pino, y luego a otro ubicado en Morón. “La llevaban en una Eco Sport o en remises con la compañía de alguna de las encargadas”, resaltó la testigo.

“A ella nunca le pagaban porque, según lo que le decían, nunca tenían plata. Con el paso del tiempo ella se quiso ir pero vio cómo amenazaban a una chica que se quería ir y fue testigo de cómo los dueños le pagaban a policías. Además, como le habían retenido su DNI  y sus pertenencias, le dieron a entender que le podían hacer algo a sus familiares porque tenían sus datos”, concluyó la mujer.

Finalmente, declaró la última testigo del Equipo del Programa Nacional de Rescate, quien participó del allanamiento llevado a cabo el 10 de marzo de 2012 en un prostíbulo de Morón. “Era un ‘privado’ y nosotras entrevistamos a seis mujeres, todas argentinas. El lugar funcionaba 24 horas de lunes a sábados y los domingos hasta la mañana. Algunas chicas hacían turnos de 24 horas. El dueño era un hombre que tenía contacto con la policía que solía avisarle de los allanamientos que se iban a realizar en el lugar”, finalizó la testigo.

El juicio, en el que interviene el fiscal Marcelo García Berro, se reanudará mañana.