En línea con lo solicitado por la fiscal Ana Russo, el juez federal Ernesto Kreplak rechazó la solicitud de excarcelación en favor de uno de los acusados de explotar laboralmente al menos a 311 personas en situación de vulnerabilidad, 72 de ellos menores de edad, en un campo dedicado al cultivo de hortalizas. El imputado se encuentra detenido luego del allanamiento que se llevó a cabo el 22 de diciembre en el predio, ubicado en la localidad de Abasto, a 15 kilómetros de la ciudad de La Plata,  donde se encuentra emplazada la firma hortícola “Expovictor S.A.”.

Según consta en la denuncia, los trabajadores realizaban jornadas que iban de lunes a lunes, desde las 6:30 hasta la puesta del sol, con un promedio de 12 a 14 horas diarias al menos desde el 22 de octubre de 2015 hasta la actualidad.Además, las víctimas  habrían estado "custodiadas" mediante la presencia de personas armadas y cámaras de vigilancia en el perímetro.

Uno de los argumentos mencionados por la representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen es que se trata de una “investigación reciente” y, como se han dispuesto diversas medidas probatorias, el resultado permitiría evaluar “la existencia de otras personas involucradas en el hecho y conocer el rol que cada uno de los imputados” asumirían en la organización.

Por otro lado, el pedido de excarcelación formulado por la defensa del imputado podría provocar un “entorpecimiento de la investigación”, un “peligro de fuga” y un “riesgo” ya que “podría influenciar” para que los coimputados, testigos o víctimas se comporten de manera “desleal o reticente”.

Finalmente, la fiscal Russo, “en atención a la objetiva y provisional valoración de los hechos, las condiciones personales del imputado y la existencia de los peligros procesales mencionados” consideró “imprescindible, a fin de asegurar los fines de este proceso”, que el acusado continúe detenido.

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo, a partir de la declaración del apoderado legal de la Delegación Buenos Aires del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). En esa oportunidad, el organismo describió que en la finca señalada se encontrarían personas en situación de explotación laboral así como también escasa registración de los trabajadores por parte de la empresa empleadora. Asimismo, aportaron imágenes que dan cuenta que las víctimas residirían en la finca en condiciones indignas.