La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) participó el 27 y 28 de octubre pasados del XXV Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
La procuraduría especializada estuvo representada por uno de sus titulares, el fiscal general Marcelo Colombo, y el auxiliar fiscal Rodrigo Coto Araujo. Durante las jornadas —realizadas en la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB)— presentó los avances vinculados a las reparaciones económicas ordenadas en favor de víctimas de trata y el decomiso de bienes provenientes de estos delitos.
La apertura estuvo a cargo del coordinador nacional del Consejo Federal y secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola. También participaron la coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti; la titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ximena Albornoz; autoridades de la provincia de Río Negro y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de organismos nacionales, provinciales y de la sociedad civil.
El Consejo Federal constituye un ámbito de articulación en el que están representadas todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos nacionales con competencia en la materia y organizaciones de la sociedad civil.
Los temas abordados
Durante la primera jornada se trataron las designaciones de la Coordinación Nacional y de la Secretaría Técnica del Consejo Federal, de acuerdo con lo establecido en su reglamento interno. También se realizó el sorteo de las nuevas organizaciones no gubernamentales que integrarán el organismo durante el período 2027-2028, conforme a la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y sus modificatorias.
La procuraduría especializada estuvo representada por uno de sus titulares, el fiscal general Marcelo Colombo, y el auxiliar fiscal Rodrigo Coto Araujo. Durante las jornadas presentó los avances vinculados a las reparaciones económicas ordenadas en favor de víctimas de trata y el decomiso de bienes provenientes de estos delitos.
Por otra parte, se presentó el informe preliminar sobre el “Relevamiento acerca de las transformaciones y nuevas modalidades del delito de trata y explotación de personas (2020-2026)”. La exposición estuvo a cargo de Albornoz, en representación de la Comisión de Persecución y Sanción a los Responsables del Delito de Trata de Personas.
También se presentó el informe sobre la implementación del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026, elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. La exposición estuvo a cargo de su directora operativa, Verónica Toller.
Luego, los y las representantes de los diferentes organismos realizaron una puesta en común de los informes elaborados en cada una de las comisiones, donde se abordaron aspectos específicos de las formas de intervención frente a este fenómeno criminal.
En ese sentido, la representación del Ministerio de Seguridad Nacional hizo hincapié en que las transformaciones más visibles del delito de trata de personas se ubican en la digitalización de los procesos de captación y explotación de personas, de ciertas formas de oferta, organización y control sobre las víctimas, las cuales se encuentra mediadas por las tecnologías digitales.
En esa línea, se sostuvo que las redes sociales, aplicaciones, plataformas de video juegos y de mensajería y de desarrollo de contenidos aparecen como los nuevos canales a través de los cuales se captan personas y en algunos casos, se las explota. A su vez, se afirmó que estos cambios indican un “desplazamiento” de la explotación sexual desde ámbitos reconocibles públicamente (whiskerías, prostíbulos, bares de copas) a ámbitos y domicilios privados o inclusive, mediados digitalmente.
Asimismo, se destacó que estos cambios no implican una ruptura total con las prácticas explotativas más “clásicas”, sino una reconfiguración a partir de la incidencia de herramientas digitales. En este sentido, la representante del Ministerio de Seguridad señaló que estas nuevas herramientas se articulan con mecanismos ya conocidos como el engaño, la intermediación, el aprovechamiento de relaciones de confianza, el endeudamiento inducido y las amenazas.
El Consejo Federal constituye un ámbito de articulación en el que están representadas todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos nacionales con competencia en la materia y organizaciones de la sociedad civil.
Luego se refirió a los desafíos institucionales que implica esta nueva modalidad del delito de trata de personas en entornos digitales e instó a realizar una actualización de las herramientas de prevención para redes sociales, mensajería y videojuegos, para fortalecer la capacidad de reconocer procesos de acercamiento, manipulación y extorsión. Por otro lado, en términos investigativos, remarcó la necesidad de formación en evidencia digital, preservación de chats, imágenes y metadatos, trazabilidad de cuentas y pagos, análisis de perfiles falsos y requerimientos a plataformas.
El reporte de PROTEX sobre reparaciones económicas a las víctimas
En el ámbito de la Comisión Permanente para la Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso, la PROTEX presentó una actualización del relevamiento sobre las reparaciones económicas a víctimas de trata ordenadas por los tribunales orales federales de todo el país.
El análisis se basa en un relevamiento sistemático de las sentencias dictadas por esos tribunales y contempla, entre otros aspectos, la proporción de condenas que incluyen medidas de reparación económica, la cantidad de víctimas alcanzadas, los montos establecidos y los bienes decomisados.
De acuerdo con los datos relevados, la proporción de condenas que dispusieron reparaciones económicas registró, en términos generales, un incremento desde la implementación de estas medidas, aunque con fluctuaciones interanuales.
El documento se elabora a partir del monitoreo que realizan la PROTEX y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), dependiente de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). El seguimiento comenzó luego de la sanción, en 2019, de la Ley N°27.508 que creó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
Durante la segunda jornada continuó con las conclusiones de cada una de las comisiones, y se debatieron cuestiones vinculadas a los nuevos desafíos en la asistencia a víctimas, la incorporación de su testimonio y la gestión del caso en el Código Procesal Penal Federal. Además, se resolvió que el próximo encuentro del Consejo Federal, previsto para el mes de abril de 2027, se realice en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.