En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio desde 2002 por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recordó la vigencia de la legislación nacional e internacional que protege a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de trabajo que afecte su desarrollo o interfiera con su educación. En ese contexto, la oficina especializada informó que durante 2024 la Línea 145 recibió 139 denuncias de presuntas infracciones en la materia y que hubo dos sentencias por explotación laboral donde se aplicó el agravante de que entre las víctimas hubiera menores de edad.

A nivel normativo, la República Argentina estableció por medio de la Ley 26.390 la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.

La normativa prohíbe toda actividad laboral realizada por personas menores de 16 años, exista o no una contraprestación económica, salvo en el ámbito de empresas familiares y bajo condiciones estrictamente reguladas. En el caso de adolescentes de entre 16 y 18 años, la ley permite su incorporación al mundo laboral únicamente bajo condiciones específicas que resguarden su integridad.

Además, el Código Penal de la Nación contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones. En particular, el artículo 148 bis prevé penas de prisión para quien obtenga un rédito económico del trabajo de un niño o niña en violación de las normas vigentes. Asimismo, la figura penal de trata de personas —tipificada en los artículos 145 bis y 145 ter— establece agravantes cuando las víctimas son menores de edad.

Argentina ha ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia y ha adecuado su legislación conforme a esos estándares, reconociendo derechos fundamentales como la edad mínima para trabajar, la prohibición del trabajo forzoso y la explotación sexual comercial infantil, y el acceso a la educación pública y gratuita, entre otros.

La lucha contra el trabajo infantil involucra acciones coordinadas entre distintas agencias del Estado. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, aplica la legislación laboral en articulación con las autoridades de cada jurisdicción y opera una línea telefónica para recibir denuncias. Su Dirección de Inspección del Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral (DITIAEIEL) actúa en conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), particularmente en el ámbito agropecuario.

Desde el Ministerio Público Fiscal, la PROTEX, cuyos titulares son la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, interviene en la detección, investigación y persecución penal de los delitos de trata de personas -independientemente de su finalidad de explotación- y colabora con fiscalías federales de todo el país. Asimismo, realiza estimaciones de reparación económica para las víctimas, conforme lo establecido en la ley 27.508.

En forma conjunta con el Ministerio de Justicia de la Nación, PROTEX coadministra la Línea 145, gratuita, nacional y anónima, a través de la cual se canalizan denuncias sobre situaciones de trata y explotación laboral. Esta dependencia también puede recibir denuncias por otras vías habilitadas, como correo electrónico, teléfono o de manera presencial y colabora activamente con las fiscalías de todo el país en la investigación de los casos.

Datos relevantes de 2024

En el marco de sus funciones institucionales, la procuraduría sistematiza información sobre la dinámica de los delitos de su competencia. Durante 2024, se recibieron 139 denuncias a través de la Línea 145 referidas a presuntas infracciones vinculadas al trabajo infantil. De ellas:

• En 75 casos se requirió la intervención inmediata de fuerzas de seguridad.
• 58 denuncias fueron derivadas a fiscalías o juzgados competentes.
• En 5 casos se iniciaron investigaciones preliminares en trámite ante PROTEX.
• Una denuncia fue acumulada a un expediente en curso.

En el mismo período, se dictaron ocho sentencias condenatorias por hechos vinculados a la explotación laboral, de las cuales dos contemplaron agravantes por tratarse de víctimas menores de edad, conforme el artículo 145 ter del Código Penal.

Desde PROTEX se reafirma el compromiso con la erradicación del trabajo infantil y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con los distintos organismos del Estado.