El 10 de noviembre la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la medida cautelar anticipada destinada a garantizar la pena de decomiso, contra tres personas imputadas de administrar, sostener y/o regentear una "casa de tolerancia" ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue solicitada por los fiscales Marcelo Colombo y Ángel Gabriel Nardiello, titulares de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y de la Fiscalía Correccional N°13, respectivamente.

El fallo constituye un valioso antecedente en el marco de la Política Criminal fijada por la Procuración General de la Nación a través de las resoluciones PGN 99/09, 129/09 y 39/10. A partir de ellas se instruyó a los fiscales a atacar el núcleo patrimonial de este tipo de organizaciones, en las investigaciones por trata de personas y sus delitos vinculados.

Lo novedoso de la sentencia radica en tres aspectos. En primer lugar, por la posibilidad de utilizar el decomiso como sanción pecuniaria para una investigación enmarcada en la figura de "proxenetismo", según establece el artículo 17 de la ley 12.331. Por otro lado, en el dictado de una medida cautelar antes del procesamiento de los acusados. Finalmente, el alcance de la medida se extendería a los bienes adquiridos por la ganancia del delito cometido; en este caso, por la explotación ajena de mujeres.

La medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal afecta diez automóviles y once inmuebles, que servirán para cubrir parte de los más de diez millones de pesos estimados.