La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, elaboró un nuevo informe sobre las denuncias recibidas durante 2021 a través de la Línea 145 que coadministra junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata desde julio de 2015. En total, fueron 1667 denuncias recibidas entre enero y diciembre del año pasado.
En el documento se releva información estadística y contextual relativa al funcionamiento de la línea telefónica y la intervención judicial, entre otros aspectos. De esta manera, la fiscalía especializada detalló que hubo 341 formularios más que en 2020, donde el registro había sido de 1346.
En el trabajo se relevó que del total de las denuncias, 1163 fueron remitidas para la intervención de PROTEX, lo que se acerca a los registros cuantitativos previos a la pandemia. En relación a las restantes, 367 fueron enviadas con copia a la Procuraduría tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad. Por su parte, otras 111 fueron enviadas al equipo jurídico del Programa Nacional de Rescate por hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 20 de las denuncias tuvo intervención una fuerza de seguridad en conjunto con dicho equipo jurídico. Además, seis fueron registros de orientaciones (casos que no corresponden a denuncian sino que se asiste con orientación a quien se comunica).
De las causas remitidas para la intervención de la procuraduría especializada, 1010 denuncias fueron enviadas a las autoridades judiciales o administrativas competentes; 88 fueron archivadas o desestimadas; 38 motivaron la formación de Investigaciones Preliminares por parte de PROTEX; 20 fueron acumuladas a Investigaciones Preliminares que ya se encontraban en trámite; seis fueron acumuladas a colaboraciones que se tramitan o tramitaron en conjunto con distintas fiscalías mientras que en un caso el formulario se incorporó a una Actuación de Control y Seguimiento.
Tipos de delitos involucrados
En relación al tipo de delito involucrado en las denuncias, el listado es encabezado por los casos de explotación sexual (763), seguido por la explotación laboral (342), la posible captación (223) y la búsqueda de personas (152).
A su vez, dentro de los subtipos de denuncias relativas a explotación sexual se indica que 341 corresponden a existencia de prostíbulos o "whiskerias", mientras 250 son relativas a domicilios particulares y 99 a ofertas de servicios de sexuales. El reporte detalló un cambio respecto a los casos de explotación sexual en domicilios particulares, que aumentaron en cantidad y generaron un margen menor de diferencia respecto a la primera categoría, comparando con las denuncias de 2020 y 2019 (donde se habían constatado un salto cuantitativo entre el primer subtipo y el segundo).
Por otro lado, en relación a la explotación laboral y los subtipos de casos vinculados, la lista es encabezada por delitos relativos a explotación rural (190 casos). Le siguen delitos relacionados al comercio (63), al taller textil (36) y a lo domestico (23). El examen de estos casos permitió confirmar la tendencia creciente de denuncias por hechos de explotación laboral rural. Asimismo, se acentuó la distancia entre la primera y segunda categoría en comparación con 2020 y 2019.
Además, el reporte puntualizó que en 99 de los 1667 se indicó la existencia de algún tipo de connivencia de funcionarios públicos. La mayoría refiere a la existencia de posible connivencia policial y, en menor medida, judicial y política. Esta circunstancia es alertada al momento de realizar una derivación al sistema de justicia con el fin de que se adopten los recaudos en la investigación, tanto para no obstaculizar su avance tomando medidas que involucren a organismos o personas denunciadas, como para que se tenga en cuenta una línea investigativa específica.
En relación al género de las víctimas en las denuncias del 2021 se registró que 518 eran mujeres cis (lo que constituye el 72% del total), 194 eran varones cis (un 27%) y 11 son personas transgénero (1%). El reporte resaltó en este punto que el reducido número registrado de víctimas trans no se debe a que aquellas estén menos vulneradas, sino a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos y que existe una invisibilización de sus casos.
Metodología y funcionamiento
Desde 2015, PROTEX funciona como enlace entre la línea 145 -línea nacional de denuncias por casos de trata de personas o delitos conexos-, y las distintas dependencias tanto del sistema de administración judicial como de organismos administrativos, ya sea a nivel federal como en cada una de las provincias del país.
Hasta el 30 de junio de 2021 las denuncias que referían hechos ocurridos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran analizadas por el equipo jurídico del Programa de Rescate, desde donde se derivaban al sistema judicial. Teniendo en cuenta los informes de gestión anteriores, y distintas razones de política criminal, a partir del 1 de julio dichas denuncias pasaron a ingresar a la fiscalía especializada para su procesamiento y/o derivación.
El procedimiento de la co-administración implica que los llamados telefónicos son recibidos por profesionales pertenecientes al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en donde se gestiona la recepción de las llamadas telefónicas. Allí se transcribe la información aportada por las personas denunciantes en un formulario preestablecido que es derivado a PROTEX mediante correo electrónico.
El reporte elaborado por la procuraduría presenta análisis del contexto en que se gestionaron las denuncias recibidas y múltiples datos estadísticos relativos a las denuncias realizadas en la línea 145, en el marco de los objetivos generales sobre transparencia y publicidad de información y datos de la gestión.