Entre enero y diciembre de 2022, la Línea 145 -de atención telefónica gratuita- recibió 1.581 denuncias sobre posibles hechos de trata de personas, unas 86 menos que en 2021, según señala el nuevo informe producido por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que coadministra esa vía de contacto desde julio de 2015 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

¿Cómo se gestiona la Línea 145?

Profesionales especializados del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reciben los llamados telefónicos y transcriben la información de las denuncias en un formulario que remiten, vía correo electrónico, a la PROTEX, que revisa su base de datos para detectar si hay antecedentes de denuncias previas en el centro de llamadas, o en investigaciones judiciales en trámite o finalizadas, y certifica telefónicamente el estado de esos procesos.

Luego se analizan los hechos denunciados y se entrecruza la información para establecer el grado de verosimilitud, para determinar si se judicializa el caso, se deriva a un organismo administrativo, se instruyen investigaciones preliminares, o se archivan las actuaciones, ya sea porque se agotaron todos los recursos institucionales para verificar el presunto ilícito o porque falta información indispensable que imposibilita el inicio de una investigación. En los casos de archivo de las actuaciones, se registran los datos en la base de datos de la procuraduría, conforme lo establece la ley.

Desde que se recibe la denuncia, se chequea la información y se adopta un temperamento de tramitación -es decir, darle curso, derivarla o archivarla- en un lapso que no excede las 24 horas. La celeridad con la que se desempeña el equipo de la PROTEX se traduce en un acceso al sistema de justicia inmediato y eficaz.

El listado de ilícitos denunciados está encabezado por los casos de explotación sexual (699), seguido por la explotación laboral (398), la posible captación u oferta laboral engañosa (148) y la desaparición de personas (126).

Al judicializar las denuncias, la PROTEX articula la política criminal en materia de trata y explotación de personas, ya que su procesamiento se realiza en atención a los criterios y enfoques específicos necesarios para enfrentar este tipo de criminalidad compleja, ya sea desde la misma procuraduría, las distintas fiscalías federales del país o -cuando son derivadas- desde los organismos administrativos que fiscalizan las diferentes actividades. Respecto de esto último, el objetivo es evitar la criminalización injustificada de aquellas situaciones de trabajo que no cumplan con condiciones legales y convencionales, que podrían ser corregidas a través de la aplicación de sanciones administrativas.

En aquellos casos en los que se da curso a la denuncia, se analiza el tipo penal en el que podría encuadrar cada situación para determinar la intervención judicial que corresponda, al tiempo que se proponen medidas probatorias y/o de asistencia a las víctimas, tendientes a realizar una investigación criminal eficaz y efectiva. De acuerdo a las particularidades de cada caso, la PROTEX da también intervención a otras procuradurías especializadas que funcionan en el ámbito de la Procuración General de la Nación, y/o a las unidades temáticas de las distintas jurisdicciones provinciales u organismos administrativos para asegurar un abordaje multifocal de los casos.

Por otra parte, la Línea 145 recibe denuncias por personas desaparecidas, aunque en la mayoría de los casos estas sean radicadas previamente en la policía o en el fuero judicial correspondiente. En este contexto, la intervención de la PROTEX resulta fundamental para la activación de protocolos de actuación específicos que permitan dar con la persona buscada. En aquellos casos en los que se constata que no se ha registrado en el Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) la búsqueda de paradero, se notifica al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) -que funciona en la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación- para que active el alerta. En caso de que corresponda, se da aviso también al Sistema de Comunicación de Emergencia Rápida denominado “Programa Alerta Sofía” -que coordinan el SIFEBU y el Comité Nacional Interinstitucional del “Programa Alerta Sofía”, que la PROTEX integra- para los casos de desapariciones de personas menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física.

Las cifras de 2022

La nueva actualización del documento releva información estadística y contextual relativa al funcionamiento de la línea telefónica y a la intervención judicial, entre otros aspectos. En tal sentido, la fiscalía especializada detalla que del total de denuncias recibidas durante el año 2022, 1.147 fueron enviadas para intervención de la PROTEX y otras 424 fueron enviadas con copia a la procuraduría tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad.

Durante 2022 casi el 80% de las denuncias fueron formuladas de modo anónimo, es decir, unas 1.231 de las 1.581 totales. En 43 de ellas, la persona denunciante de la explotación manifestó la existencia de algún tipo de connivencia policial, judicial, política y/o administrativa.

El análisis destaca que, de las 1.147 denuncias remitidas para intervención de la procuraduría especializada, 984 fueron enviadas o derivadas a las autoridades judiciales y/o administrativas competentes, 40 generaron investigaciones preliminares (IP) de la PROTEX, 8 se acumularon a investigaciones preliminares que estaban en trámite y 115 fueron desestimadas o archivadas.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también evidencia que la jurisdicción a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la Capital Federal (111), seguida por San Martín (83), La Plata (59), Tucumán (58) y Córdoba (53). En comparación con informes previos, la PROTEX señaló que “La Plata y Córdoba figuran de modo constante entre las cinco jurisdicciones con más elevados porcentajes de casos recibidos”.

Tipos de delitos denunciados

En relación al tipo de ilícito involucrado en las denuncias, el listado está encabezado por los casos de explotación sexual (699), seguido por la explotación laboral (398), la posible captación u oferta laboral engañosa (148) y la desaparición de personas (126). Se registraron además otras 210 denuncias que engloban casos de privación de la libertad, publicidad de oferta sexual, abuso sexual y material de abuso y explotación de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Por otra parte, el informe destaca que, durante 2022 casi el 80% de las denuncias fueron formuladas de modo anónimo, es decir, unas 1.231 de las 1.581 totales. En 43 de ellas, la persona denunciante de la explotación manifestó la existencia de algún tipo de connivencia policial, judicial, política y/o administrativa.

El relevamiento indica que prevalece la existencia de un “acceso diferencial” por parte de las víctimas o denunciantes de trata sexual por sobre la laboral y que esa brecha se fundamenta en la propia dinámica de la explotación laboral. En efecto, la explotación laboral se desarrolla -a grandes rasgos- en lugares cerrados, aislados o en zonas rurales muy alejadas de centros urbanos o de lugares con alta circulación de gente. A eso se suma que las víctimas son en general migrantes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

En relación a las víctimas involucradas en las denuncias, durante 2022 se contabilizaron 628. De esa cifra, 412 (65,6%) se identificaron como mujeres cis, 207 (33%) como varones cis, 4 como transgénero y, en un 0,8% de los casos, no se brindó información como para categorizar con relación al género. En este punto, el reporte enfatiza que el reducido número registrado de víctimas trans no se debe a que ellas estén siendo menos vulneradas, sino a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos y que existe una invisibilización de sus casos.

La PROTEX resalta la importancia y consolidación de la Línea 145 como canal de denuncia para la población y como puerta de acceso de casos de trata y delitos conexos al sistema de administración de justicia federal y local.