Con importantes ponencias en el plano jurídico y de asistencia a las víctimas y la realización de un taller para el abordaje práctico de casos de trata con fines de explotación laboral y sexual, el viernes, se desarrolló un curso de capacitación para operadores y operadoras del Estado y fuerzas de seguridad federales, que intervienen en causas vinculadas a este delito. La jornada, organizada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, comenzó con la bienvenida del fiscal coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, quien compartió el documento firmado en el Vaticano por 150 jueces y fiscales de todo el mundo, que da cuenta de un compromiso asumido que tiene su eje en la asistencia y reinserción de la víctima, como así también, avanzar en políticas de decomiso de los bienes de los tratantes.

A su lado, estaba el subsecretario de Acceso a la Justicia provincial, Juan Ignacio Pérez Curci, quien puso en valor la asistencia a la víctima desde un abordaje multidisplinario. En esta línea, dijo que los números de asistencia se elevaron: de 259 asistidas en 2014, se pasó a 267 en 2015 y en lo que va del 2016 el número asciende a 510. A su turno, Gonzalo Gassull, director provincial de Lucha contra la Trata  de Personas bonaerense, sostuvo que se apunta a revalorizar la dirección y para ello asignarle más recursos.

El primer panel estuvo integrado por la coordinadora de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex), Alejandra Mángano, y el juez federal a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti. La representante del MPF hizo un reparo sobre la estructura del delito, las etapas que incluye, los medios comisivos y la finalidad de explotación que tiene. Para luego detallar los indicadores que se deben observar, los obligatorios y los optativos. También, dio cuenta del rol de la víctima en el proceso penal y los roles que diferencian dentro de la organización criminal, a la que –dijo- no hay que pensar como una gran mafia que abarca todo el territorio, sino como pequeñas organizaciones cuyos mecanismos se repiten.

En su presentación, Mángano expresó: “Muchas veces de la justificación social (de la existencia de prostíbulos, o de las condiciones de trata en los campos y quintas de la zona) también se vale el crimen organizado. Los discursos de legitimación permiten la permanencia en el tiempo de las organizaciones”. Y por otro lado, planteó la necesidad de “salir a buscar dónde está la ruta del dinero del prostíbulo”, que se ingresa en el circuito legal y se incorpora en la economía. “Lo  que encontramos en el allanamiento es una foto, es una caja del momento”, diferenció.

Por su parte, Inchausti en su presentación, que se valió de un ida y vuelta con los presentes, planteó que a partir del 2008 con la sanción de la primera ley contra la trata se presentó un nuevo desafío para los operadores de Justicia: aprender a trabajar con las víctimas. “Es nuestra obligación atender a esas víctimas”, subrayó. Y dijo que a pesar de las 167 condenas que hay en el país, resta mejorar aún algunas prácticas judiciales.

En el segundo panel, estuvieron presentes Romina Rosenberg, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, quien contó sobre la conformación del espacio con la ley del 2008 y las modificaciones que implicó la reforma de la normativa a fines del 2012. “Hubo un cambio en la caracterización del delito: sale el foco y la carga sobre la víctima y se lo deposita en la acción de los tratantes”, apuntó.

Allí, también estuvo la trabajadora social Luz Martínez, representante del Programa de Trata de Personas de la Dirección de Orientación y Acompañamiento de Víctimas de Trata (DOVIC), quien planteó la necesidad de “deconstruir algunas cuestiones que están naturalizadas”, y ante ello marcó la instancia de la entrevista con la víctima, no como una posibilidad para sacarle información, sino para generar preguntas que permitan también a la persona desnaturalizar circunstancias vividas.  En este sentido, señaló la necesidad de “respetar los tiempos y procesos” de las víctimas, que atraviesan una situación compleja, como resultado de una historia de vulneraciones a sus derechos.

Por la tarde, se desarrolló el taller para el tratamiento de dos casos en grupos. Se plantearon características generales de dos causas, con fines de explotación sexual y laboral, con información sobre presuntos allanamientos y datos de las víctimas, y a partir de allí los interrogantes: qué medidas asistenciales adoptar, con qué recursos se cuenta, cómo debería proceder Migraciones, qué postura adoptar para una futura declaración testimonial, entre otros. La dirección del taller estuvo a cargo de Agustín Roldán, coordinador de la Oficina de Trata de la Fiscalía Federal de Distrito, y Mila Montaldo, a cargo de la coordinación de Asistencia a las Víctimas.

El último panel lo integraron los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social Gabriel De Vedia y Josefina Minatta. En primer término, De Vedia planteó la necesidad de que el Estado reconozca a la víctima de trata los derechos de la previsión social, que se reconozcan aportes y contribuciones: “Desconocer estos derechos es criminalizar a la víctima”, sostuvo. Y planteó que “los delincuentes del crimen organizado, además de destruir familias detrás de cada víctima, encima son parásitos tributarios. En otro orden, marcó la necesidad de un Estado presente, porque “cuando el Estado se ausenta, el crimen organizado ocupa ese lugar”.

A su turno, Minatta habló de la importancia de acortar brechas de desigualdad social, desde la seguridad social. Y dijo que esto no implica únicamente el aporte jubilatorio, sino también la vivienda, la salud, la cobertura de accidentes de riesgos de trabajo y el desempleo. “Estas desigualdades la víctima de trata las sufre antes de ser captada por una red de tratantes, y después de ser rescatada”, apuntó. Y luego, entre otros ejes, dio cuenta del proyecto de declaración sobre la necesidad de que los Ministerio Públicos Fiscales del Mercosur promuevan la autodeterminación y recuperación social de las víctimas de explotación de trata laboral mediante mecanismos alternativos.

Finalmente, el cierre estuvo a cargo del fiscal Daniel Adler y del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien dijo que en el delito de trata confluyen la situación de vulnerabilidad  de las personas, que no tienen acceso a la asistencia social, a oportunidades igualadoras como la educación, entre otras, y por otro lado, la ausencia del Estado. Por otro lado, marcó la importancia de abordar el delito desde una “fuerte impronta en la asistencia a las víctimas”, y desde allí marcó la necesidad de trabajar en la apertura de más refugios en territorio bonaerense.