Los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), respectivamente, solicitaron la elevación a juicio de la investigación seguida a cuatro personas acusadas de facilitar la permanencia ilegal de personas extranjeras en el territorio nacional, en infracción a la Ley 25.871 de Migraciones.

Así, en su presentación ante el juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, pidieron que la ciudadana siria H.H., de 53 años, vaya a juicio como autora del delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio agravado por hacer de ello una actividad habitual, previsto en los artículos 117 y 120 inc. a) de la Ley 25.871 de Migraciones. Por su parte, el ciudadano tunecino H.A., de 33 años, y el marroquí A.N., de 51, deberán responder cómo partícipes necesarios del mismo delito, mientras que el argentino W.A.T., de 62, deberá hacerlo como partícipe secundario.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron el sobreseimiento de una mujer argentina de 46 años, que se casó con uno de los inmigrantes, para asegurar su permanencia en el país. En su caso particular, consideraron que su situación debía evaluarse “atendiendo a las especiales condiciones y circunstancias de vida de la nombrada, con un enfoque integrador que incorpore la perspectiva de género”. Explicaron que se trata de “una mujer sola, a cargo de siete hijos —entre ellos, una niña con una discapacidad severa que requiere cuidados permanentes—, que debió sostener económicamente a su familia desde la muerte de su pareja sin haber podido completar su educación formal”, por lo que fue “ese estado de necesidad material y de sobrecarga de cuidado el que la tornó vulnerable frente al ofrecimiento económico que, según todo indica, le acercaron los aquí imputados”

Finalmente, el MPF requirió la extracción de testimonios para profundizar la investigación en torno a otro hombre y otras personas que pudieran estar involucradas en las maniobras.

De acuerdo con la pesquisa, los acusados habrían conformado “una organización dedicada a promover y facilitar con habitualidad la permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino, en particular y en principio de origen árabe, sin descartar personas de otra nacionalidad, a cambio de percibir una suma dineraria por la realización de tales actos, al menos desde el año 2022 hasta el 13 de noviembre de 2025”, cuando se produjeron las detenciones.

Para ello, las personas imputadas habrían eludido los controles migratorios en los pasos fronterizos, celebrado matrimonios ficticios y fijado domicilios conyugales falsos. También habrían invocado relaciones laborales inexistentes y utilizado diversos teléfonos que, en realidad, pertenecían a quienes desarrollaban la maniobra. Todo ello para “dar apariencia de legalidad a la situación migratoria de las personas que necesitaban obtener una residencia estable en el país”.

La investigación

La causa comenzó en marzo de 2024, por una investigación preliminar de la UFECO, a raíz de la denuncia presentada por el Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad Nacional, respecto a un ciudadano egipcio que ingresó a la Argentina en noviembre de 2022 y pidió su admisión como “refugiado”. Según la información original, ese hombre tendría vínculos con un exagente operativo de la organización Al-Qaeda, que era buscado por las autoridades de Egipto, por su intervención en actividades terroristas.

De acuerdo con la pesquisa, los acusados habrían conformado “una organización dedicada a promover y facilitar con habitualidad la permanencia ilegal de extranjeros en territorio argentino, en particular y en principio de origen árabe, sin descartar personas de otra nacionalidad, a cambio de percibir una suma dineraria por la realización de tales actos".

Meses después, el ciudadano egipcio radicó ante la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) el trámite para obtener la ciudadanía y declaró como familiar a su cónyuge, una mujer domiciliada en la ciudad balnearia. También se determinó que el hombre trabajaba para el ciudadano marroquí imputado.

En ese contexto, la UFECO —con colaboración de agencias internacionales— comenzó a investigar si el egipcio y sus vínculos en nuestro país podrían realizar actividades relacionadas con el crimen organizado, centradas en la ciudad de Mar del Plata. Por ello, se radicó la investigación ante la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, y ante la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, pasó a intervenir el Área de Transición de la Unidad Fiscal marplatense.

Las labores encomendadas a la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina, que incluyeron tareas de campo, análisis de bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos y comunicaciones —algunas en árabe—, permitieron identificar a los principales implicados y los vínculos entre sí.

Se determinó que se trataría de una organización delictiva integrada por personas originarias de países árabes —nacionalizadas argentinas— que habría intervenido en distintas maniobras destinadas a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadano extranjeros en el país, a cambio del pago de sumas de dinero. Entre esas maniobras se detectaron la simulación de matrimonios con ciudadanas/os argentinas/os para iniciar trámites de residencia y, eventualmente, acceder a la ciudadanía; la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados; o, cuando se ingresó mediante puntos habilitados, la realización de acciones tendientes a permanecer en el país eludiendo los controles migratorios.

También se estableció que la organización mantenía fluidas comunicaciones con individuos radicados en Medio Oriente, que actuaban como puntos de contacto para coordinar los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, por lo que se dio intervención a la PROTEX.

Finalmente, se advirtió que la organización apelaba a la figura de “refugio” como vía para obtener residencias precarias y avanzar en trámites migratorios y sortear los controles administrativos, en vez de su empleo como mecanismo de protección internacional.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina en uno de los allanamientos. Foto: UFECO

En virtud de todo ello, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el 13 de noviembre de 2025 personal de la Prefectura Naval Argentina realizó en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, siete operativos simultáneos y una orden de presentación. En los procedimientos se detuvo a las cuatro personas imputadas al tiempo que se incautaron armas sofisticadas, municiones, pólvora y documentación. Además, en un domicilio allanado en la calle Gascón, de la ciudad balnearia, se encontró a una pareja de origen turco.

El 2 de diciembre de 2025, el juez Inchausti dictó los procesamientos de H.H. —con prisión preventiva—y de H.A., A.N. y W.A.T. respecto de quienes accedió al pago cauciones personales de entre 30 y 100 millones de pesos. Además, trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos. Los procesamientos de H.H., H.A. y W.A.T. fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, el 30 de abril pasado.

A juicio

En base a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra H.H., H.A., A.N. y W.A.T.

Para ello, se analizaron diversas conversaciones telefónicas que evidenciaron “el grado de organización reinante y una muestra acabada de las conductas ilícitas que H.H. desplegó para facilitar el ingreso y residencia de extranjeros en el territorio nacional, sorteando los mecanismos de control estatal con asistencia legal y contable para concretar tales propósitos”.

Se estableció que la organización mantenía fluidas comunicaciones con individuos radicados en Medio Oriente, que actuaban como puntos de contacto para coordinar los ingresos de ciudadanos extranjeros y realizar las diversas gestiones vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, por lo que se dio intervención a la PROTEX.

Así, destacaron que la mujer de origen sirio “desplegó, en forma directa y reiterada” la actividad ilícita, al administrar uno de los inmuebles utilizado como centro de recepción y alojamiento de los extranjeros, al tiempo que acompañó a una pareja de ciudadanos turcos a realizar los tramites migratorios para renovar sus residencias precarias y percibió de ellos sumas de dinero sin respaldo documental. También se le atribuye haber ofrecido “de manera sistemática a terceras personas distintas vías —legales e ilegales— para obtener residencia o ciudadanía argentina, a cambio de contraprestaciones dinerarias que oscilaron entre los 25.000 y los 30.000 dólares estadounidenses”.

En relación a H.A., los representantes del MPF consideraron que “brindó un aporte imprescindible a la actividad de la organización”, al asesorar directamente a otras personas sobre los pasos y montos necesarios para acceder a una visa de inversionista. Además, el hombre simuló un matrimonio con una mujer argentina, para poder obtener la residencia y la ciudadanía.

Por su parte, A.N. puso a disposición de la organización un inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata, que alquiló a dos hermanos extranjeros, ofició de testigo en el matrimonio simulado de A.E. y G.E.R y figuró como empleador de A.E., para darle una apariencia de regularidad laboral para el trámite migratorio.

Finalmente, W.A.T. también fue testigo en el matrimonio simulado de A.E. y la mujer argentina a la que se le solicitó el sobreseimiento “y mantuvo contacto con el resto de los integrantes de la organización, recibiendo encomiendas atribuidas a H.H. y conversando sobre la situación de A.E.”.