La Fiscalía Federal Nº 2 de Salta, a cargo de José Villalba, ordenó el allanamiento de la finca "Las Garzas", ubicada en el Departamento Chicoana, en la provincia de Salta, denunciada por explotación laboral por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), luego de un operativo llevado a cabo el pasado 7 de febrero.

En esa ocasión, se pudo constatar la presencia de 18 personas, algunas de ellas indocumentadas, que habrían sido contratadas por Eduardo Salas, quien se encargaría de pagarles a destajo.

Asimismo, los trabajadores indicaron que permanecen por 15 días alojados en una casilla rodante que posee varias camas, que carecen de elementos de primeros auxilios, heladera, cocina y de sanitarios. También contaron que se les trae agua y es dejada en una cisterna, que la mercadería es comprada individualmente por cada uno y que el desmonte grueso se efectúa con las máquinas que se observan en el lugar y el deschampe posterior se realiza a mano con hachas y palos.

En el día de la fecha, una funcionaria del organismo que realizó el operativo presentó en la Fiscalía un informe detallando la inspección que se realizó en el predio, cuyos titulares registrales son Carmen Liliana, Miguel Arcangel, Wilda Marixel, Waldo Rosario, Angel Antenor todos ellos de apellido Guerrero.

Señaló en su informe que durante el procedimiento detectaron indicadores que podrían encuadrar la situación de los trabajadores en infracción a la ley 23.364 de trata de personas, en un predio rural de aproximadamente cien hectáreas desmontadas pocos días atrás.

Agregó que realizó el relevamiento de 18 trabajadores, los que manifestaron no estar registrados ni tener libreta de trabajo. Incluso constató que alguno de ellos carecían de documento nacional de identidad y eran analfabetos.

Según lo manifestado por los trabajadores, catorce de ellos procederían de la ciudad de J. V. González, departamento de Anta, y llegaron a ese lugar a través de un contacto realizado por ingenieros de la empresa CRESUD SA. Agregaron que fueron trasladados en un vehículo de forma directa, que no se les requirió ningún tipo de documentación o identificación y que se les prometió una remuneración mensual de cuatro mil pesos.

Durante el relevamiento pudo observarse un primer grupo constituido por trabajadores que realizan tareas de descampe y alambrado y el segundo integrado por tres trabajadores que se desempeñaban como maquinistas y mecánicos, estos últimos con una mayor antigüedad laboral, para la finca Moreno Agrícola Ganadera SA.

Al acceder al predio, observaron en un espacio de alrededor de dos hectáreas hacia el norte una primera carpa, donde cinco trabajadores cocinaban, comían y descansaban. A diez metros de ésta había otra de similares características y una casilla de chapa, con siete trabajadores. Aproximadamente a 100 metros de distancia hacia el sur, había otra tienda rodeando una casilla de chapa donde había tres trabajadores más (maquinistas y mecánicos). Hacia la derecha y en contraste con la precariedad de esas carpas utilizadas como viviendas de los trabajadores, se observó una flota de maquinarias agrícolas de altísimo costo, todas identificadas con la leyenda “Moreno”.

Además, detalló que cerca del mediodía arribó Salas, a quien los trabajadores de la finca señalaron como el encargado de la explotación y responsable de la asignación de tareas y funciones en forma diaria, provisión de mercaderías y alimento, parte de la provisión de agua y pago de remuneraciones.

Por su parte, Salas manifestó ser el encargado del establecimiento y trabajar para Moreno, titular de la firma Moreno Agricola Ganadera S.A., dueño de la explotación. La actividad de desmonte se inició hace ocho meses con la finalidad de instalar un emprendimiento de Feed Lot. Asimismo, la funcionaria señaló que Salas y Moreno serían cuñados.

En orden a las condiciones precarias en las que residen los trabajadores relevados detalló: "que carecen de energía eléctrica; para calefacción o para preparar alimentos utilizan fuego de leña extraída del campo rural; no poseen agua corriente; el agua es provista por el encargado y depositada en tanques de PVC, preparan sus alimentos al aire libre y sobre tierra del campo, improvisan pequeñas chozas a modo de toldos con palos y plásticos sobre los árboles donde se resguardan del sol y depositan mercaderías y herramientas; desayunan, almuerzan y cenan en condiciones de total precariedad y falta de higiene; duermen en una casilla de chapa, dividida en módulos de 1,5 m2 aprox. en los que se ubican de a cuatro, contando cada uno con dos cuchetas de tres cama cada una y con ventanillas de ventilación diminutas; inician sus tareas a las 6 am, las interrumpen a las 10 u 11 para almorzar y evitar la exposición a las altas temperaturas, retomando la actividad a las 16 hasta las 20:30, momento en el que oscurece, y trabajan de lunes a sábados sin retiro del lugar, en algunos casos los que residen en Salta Capital, trabajan 15 días corridos y se retiran a descasar durante 2 o 3 días".

En relación con las remuneraciones, manifestaron que por las tareas de deschampe se abonaría un total de 600 pesos por hectárea, "siendo que dicha actividad realizada alrededor de una hectárea les insume aproximadamente un día completo más media mañana del día siguiente de trabajo a una cuadrilla de 5 o 6 personas". Por las tareas de alambrado se pagarían cinco mil pesos por kilómetro colocado. Por otra parte, los maquinistas y el encargado del establecimiento manifestaron percibir la suma de seis mil y siete mil pesos mensuales, respectivamente.

La ubicación del establecimiento hace imposible que los trabajadores tengan acceso a algún lugar poblado o transporte público por dos circunstancias: la distancia de cuarenta kilómetros hasta la ciudad de Salta y la falta de un vehículo a su disposición para realizar el traslado, y la imposibilidad de llegar a la localidad de “El carril", a quince kilómetros, ya que el río que deben atravesar en esta época se encuentra muy crecido, lo que impide el paso de cualquier vehículo o persona.

Allanamientos

Como consecuencia, el fiscal Villalba, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitó al juzgado que ordenara el allanamiento al campo con la participación y en forma conjunta con RENATEA, AFIP y Migraciones, a fin de recabar mayores datos y documentación.

Además, solicitó que se tomen muestras fotográficas y filmaciones de cada uno de los espacios de los lugares allanados, se efectúe una descripción precisa de la disposición de las máquinas, herramientas de trabajo, camas, espacios de recreación y descanso y de las personas, tanto trabajadores como grupo familiar, al momento del ingreso.

Asimismo, ordenó que se secuestre documentación, aun la que fuera informal, que permitiera establecer las condiciones reales de las relaciones laborales entre empleados y empleador y toda otra evidencia. Con esto, se busca determinar la cadena de beneficiarios de "las relaciones explotativas".

Simultaneamente, se ordenó el allanamiento de la oficina de la empresa que estaría llevando a cabo la explotación, ubicada en el centro de la ciudad de Salta. En este caso, la Protex solicitó puntualmente el secuestro de documentación que acredite la actividad comercial, las relaciones con otras empresas y sociedades, los vínculos con intermediarios y los costos y ganancias de la producción.