El titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, solicitó once años de prisión para un funcionario de la policía de Entre Ríos por considerarlo autor del delito de trata de personas con fines de explotación, en modalidad de ofrecimiento y traslado. De acuerdo a la acusación, el hecho por que Ángel Gerardo García llegó a juicio está cuadruplemente agravado, ya que el imputado se habría valido de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien a su vez era su cónyuge, por ser policía y por haberse consumado la explotación. El tribunal dará a conocer el veredicto el martes 30 de marzo a las 12.00.

Según se pudo reconstruir en el proceso, los hechos atribuidos a García se extendieron en el tiempo por diez años. Además, para la fiscalía el delito de trata concurre idealmente con el que reprime la promoción y/o facilitación de la prostitución, triplemente agravado -por el abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima, quien era su cónyuge, y por el autor pertenecer a las fuerzas de seguridad-.

La causa se inició el 20 de abril de 2019, a partir de una denuncia efectuada por la hermana de la víctima ante la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A través de este llamado, se dio aviso sobre la situación en la que se encontraba EG, quien había mandado un mensaje a su hermana pidiéndole ayuda para salir de la situación de explotación en la que se encontraba por parte de su esposo.

De acuerdo a la denuncia, la víctima era sometida a explotación sexual en distintos lugares de la ciudad entrerriana de La Paz, de donde es oriunda, y en otras localidades de la provincia de Corrientes. Su explotador, según la acusación, era el funcionario de la Policía de Provincia de Entre Ríos García, con quien convivía junto a cuatro hijos.

Tras darle intervención al juez federal de Paraná, el magistrado solicitó la inmediata actuación de Gendarmería Nacional Argentina para que corroborara lo denunciado y procediera al rescate de la víctima. En los primeros momentos de la investigación el personal del Programa de Rescate nacional fue el encargado de asistir a EG, quien -según sus primeros informes- presentaba una pérdida de subjetividad que le “impedía valorarse y percibirse como sujeto de Derecho”, a raíz del desgaste psicológico que le generaba la situación de explotación a la cual la habría sometido el imputado.

El representante del Ministerio Público Fiscal valoró en el juicio el “despojo de la subjetividad” que había sufrido la víctima y el “encarcelamiento psicológico” que padecía, lo cual le impidió solicitar ayuda durante largo tiempo.

Al poco tiempo, y para garantizar un seguimiento constante, las profesionales de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos llevaron a cabo la tarea de asistir y contener a E.G. En múltiples ocasiones, destacaron la “extrema vulnerabilidad” y el grado de sometimiento al cual se encontraba expuesta, todo bajo el poder de su marido.

Distintos tipo de violencia y despojo de la subjetividad

Durante cuatro jornadas de audiencia declararon más de 20 testigos. Las partes no solo escucharon el relato de la propia víctima, sino también el de su madre, hermana e hijos, y del personal de los programas de rescate y asistencia de la víctima nacional y provincial, respectivamente. Todos los testimonios reforzaron la hipótesis acusatoria, y permitieron acreditar, para el MPF, la responsabilidad de García como autor del delito por que el que fue investigado.

En su alegato final, el fiscal Candioti describió y valoró la prueba documental, informativa y testimonial. Así, dio cuenta de la especial condición en la que se encontraba la víctima y destacó el nivel de violencia física, psíquica, sexual, simbólica y económica a la que se hallaba sometida, y de la cual se habría valido García, junto a su condición de policía, para cometer los delitos que se le atribuyen.

En su intervención, el representante del Ministerio Público Fiscal valoró el “despojo de la subjetividad” que había sufrido la víctima y el “encarcelamiento psicológico” que padecía, lo cual le impidió solicitar ayuda durante largo tiempo. Todo ello se suma, según sostuvo el fiscal, al daño que le generó a la víctima la explotación sexual a la que fue sometida durante diez años.