El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a doce y cinco años de prisión a dos imputados por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en esa provincia. Se trata de las penas más altas en una causa por trata de personas dictadas en la jurisdicción .

Además, los jueces ordenaron el decomiso del dinero incautado durante los allanamientos y la restitución de elementos secuestrados para las víctimas, en línea con lo que había solicitado el fiscal Pablo Camuña en su alegato. Por otra parte, una tercera imputada resultó absuelta.

Walter Alfredo Ayala fue condenado a doce años de prisión por ser considerado autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en las fases de captación y acogimiento, en tanto que Alejandra Beatriz Galván recibió la pena de cinco años al ser encontrada como partícipe secundaria del mismo delito en las fases de captación y acogimiento. El Tribunal absolvió a Claudia Karina Contreras por la aplicación del principio de la duda.

Los jueces consideraron el agravante de que  una de las víctimas se encontraba embarazada y era menor de edad al momento de los hechos, en línea con lo que había requerido el fiscal en su exposición.

En el debate quedó demostrado que las víctimas eran ofrecidas como mercancía a los ocasionales "clientes" a través de sitios web, y posteriormente explotadas sexualmente en dos locales que funcionaban como “privados”.

De esta forma, a lo largo del debate quedó demostrado que las víctimas eran ofrecidas como mercancía a los ocasionales "clientes" a través de sitios web, y posteriormente eran explotadas sexualmente en dos locales que funcionaban como “privados” en horarios principalmente diurnos. Ayala y Galván captaron a tres de ellas a través de redes sociales (Facebook y OLX) en las víctimas habían publicado que buscaban trabajo. Apenas las conocía, Ayala les tomaba fotografías que luego utilizaba para extorsionarlas diciéndoles que las difundiría si no seguían ejerciendo la prostitución.

El alegato del MPF

El fiscal Camuña pidió, en primer lugar, que los hechos delictivos fueran considerados como constitutivos  de violencia contra las mujeres de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la Convención de Belem Do Para.

En cuanto a su pedido de penas, había solicitado 15 años de prisión para Ayala por considerarlo coautor del delito de trata de personas en las fases de captación y acogimiento, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por estar embarazada una de ellas y ser menor de edad al momento de los hechos.

Asimismo, había  postulado 12 años de prisión para Galván por considerarla coautora del mismo delito, y 7 años y medio de prisión para Contreras, a quien señaló como partícipe secundaria en la fase de acogimiento. Finalmente, también requirió que permanecieran en prisión preventiva.

Cómo fue el juicio

El juicio comenzó el 1 de agosto y en representación del MPF intervino la Fiscalía General ante el TOF, interinamente a cargo del fiscal federal Pablo Camuña, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, ofició como querellante.

A lo largo de seis audiencias declararon las cinco víctimas con el máximo estándar de cuidado. Dos lo hicieron a través de Cámara Gesell ante el Tribunal y se incorporaron al debate las declaraciones de las otras tres -también producidas en su momento en Cámara Gesell-, dado que el equipo de acompañamiento del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Tucumán recomendó que no volvieran a declarar.