La fiscal Alejandra Mángano, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 12, solicitó que se envíe a juicio oral y público a Gabriel Nicolás Athanassopoulus por haber obligado a la madre de una víctima de trata de personas a firmar “documentos de crédito” en su favor a través de violencia intimidatoria. La causa está radicada en el Juzgado Federal Nº11 e interviene también la Procuraduría de Explotación y Trata de Personas (PROTEX).

Athanassopoulos fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº3 a cuatro años de prisión por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de captación”. Esa condena ya fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo a la acusación, mientras esto sucedía, la madre de una de las víctimas denunciaba en marzo de ese año ante PROTEX, a cargo del fiscal Marcelo Colombo y de Mángano, la maniobra que dio origen al expediente por extorsión y estafa procesal en grado de tentativa, delitos por los que la fiscal pidió la elevación a juicio.

El requerimiento

La denunciante sostuvo que había firmado 36 “títulos de crédito” debido a las maniobras extorsivas que había llevado adelante el acusado. De acuerdo a esa presentación, Athanassopoulus le dijo que si firmaba dejaría de explotar sexualmente a su hija. Para ello, la maniobra se completó con la presentación “como garantía” del inmueble donde vivía la familia. Además, se firmó un contrato “simulado” de sublocación que fue falseado por el hombre para desligarse de cualquier responsabilidad por el bar Stavros, ubicado en Vicente López 2200, en la Ciudad de Buenos Aires.

Todas estas maniobras habrían ocurrido mientras era investigado en la justicia federal por trata con fines de explotación sexual. Al mismo tiempo Athanassopoulos promovió la ejecución de algunos de los pagarés que firmó la mujer al presentarlos en la justicia comercial para cobrarlos, con el conocimiento de que las voluntades tanto de la denunciante como de su hija habían estado “viciadas” cuando firmaron.

Athanassopoulos -según la fiscalía- ejecutó personalmente cuatro de los pagarés y luego se valió de personas de su entorno para presentar otros cinco de los que tenía en su poder. Las presentaciones iniciadas por el acusado para intentar la ejecución y el cobro de algunos de los papeles comenzó en un juzgado comercial en marzo de 2015 con un pagaré de 128 mil pesos. A su vez, en octubre de 2015, presentó en otro juzgado tres otros documentos que sumaban 384 mil pesos.

Según la acusación, el acusado indujo en error a la justicia comercial al intentar ejecutar pagarés que tenía como prueba de una relación jurídica inexistente

Además, una persona ligada a Athanassopoulos presentó en diciembre de 2017 la ejecución de otros dos pagarés mientras que otro hombre solicitó que se ejecutarán otros tres papeles de crédito. “Como consecuencia de la maniobra ideada y ejecutada por Athanassopoulos, los magistrados a cargo de los procesos judiciales comerciales iniciados con relación a los títulos de créditos fueron inducidos a error”, explicó la fiscal. Es que como consecuencia de la presentación de los pagarés en la justicia comercial para ejecutarlos, fueron embargados todos los bienes de la mamá de la víctima; frente a ello, la fiscalía solicitó una prohibición de innovar en los términos del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En el requerimiento se indicó que el engaño ejecutado por el imputado “radicó en la ilegitimidad de la tenencia de los documentos que utilizó como prueba de una relación jurídica inexistente” con la denunciante y su hija. En el caso de la madre, porque se había hecho de los pagarés “bajo intimidación” mientras su hija era víctima del delito de trata de personas. “No había una relación jurídica real que justificara la tenencia de los pagarés a favor de Athanassopoulos pero aun así se presentaron ante los juzgados comerciales competentes para su ejecución”, marcó la fiscal Mángano. Consideró, además, que “el actuar engañoso del imputado” tenía como finalidad motivar ilegítimamente las resoluciones judiciales para perjudicar “el derecho de propiedad” de la denunciante.

Para la fiscalía las acciones tuvieron lugar en un contexto de violencia intimidatoria, lo que propició la firma de los pagarés a cambio de la liberación de la víctima

La fiscal tuvo en cuenta la valoración del testimonio de la joven víctima de trata que hizo el Tribunal Oral Federal 3 al momento de condenar al hombre. Allí, los jueces señalaron que el relato era “verosímil y con presencia de detalles específicos”, además de valorar también el relato de su madre, al que le asignaron “credibilidad y peso probatorio”.

“No puede dejar de mencionarse que el accionar de Athanassopoulos tuvo lugar en un contexto de violencia intimidatoria”, recalcó la fiscal y sostuvo que el imputado “dominaba a su antojo” la voluntad de la joven, lo que fue “propicio” para obligar a su madre a firmar y garantizar con su patrimonio los 36 pagarés a cambio de liberar a su hija de la explotación que el propio acusado había conducido y aprovechado.

Por último, además de requerir que el imputado vaya a juicio oral y público, la fiscalía solicitó que el Juzgado Federal Nº11 avance en la imputación de los hombres que pertenecían al círculo de confianza del acusado y que también hicieron las presentaciones en la justicia comercial.