El juez federal Ariel Lijo dictó el procesamiento de siete integrantes de cuatro redes de trata y explotación sexual que manejaban 19 prostíbulos de Capital Federal, mientras que otros tres miembros claves de estas organizaciones se encuentran prófugos. Además, el juez ordenó el embargo por un millón de pesos a cada uno de los acusados.

El pasado 26 de octubre, el Juzgado Federal N° 4 llevó a cabo 40 allanamientos con la Policía Metropolitana y la participación de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), en los que fueron halladas 57 mujeres en situación de explotación sexual. Como resultado, siete personas resultaron detenidas.

La causa se inició por una denuncia de la Protex, a cargo del fiscal Marcelo Colombo y con la coordinación de Santiago Eyherabide, a principios de este año y durante meses el Juzgado llevó a cabo una investigación minuciosa sobre ocho bandas organizadas –a su vez con vínculos entre ellas- que se dedicaban a la explotación de la prostitución de mujeres, a las que previamente captaban con esa finalidad y a las que muchas veces lograban mantener en esa situación mediante mecanismos de sometimiento coactivos.

Crimen organizado

Además del rescate de una gran cantidad de víctimas, se trata de un caso importante por dos motivos. Primero, porque las organizaciones manejaban, cada una, hasta ocho prostíbulos históricos del centro porteño, y sus propietarios se habían dedicado a esta actividad delictiva durante años, sin que las decenas de investigaciones judiciales tramitadas contra ellos produjeran consecuencia alguna, hasta ahora.

En segundo lugar, porque se encuentra acreditada la existencia de un entramado de corrupción policial que protegía el funcionamiento de estos prostíbulos a cambio de sobornos.

Las características del caso confirman, una vez más, que el negocio de la prostitución está estructurado esencialmente bajo formas de criminalidad organizada y no como una actividad individual ejercida por una mujer de modo independiente.

En este sentido, desde la Protex destacaron el serio trabajo realizado por el Juzgado, que primero documentó las amenazas y maltratos (como las advertencias de los explotadores a las víctimas sobre arrojarles ácido en la cara si no obedecían, o descuentos de hasta el 90% del precio cobrado al cliente por la relación sexual como castigo) en prostíbulos en los que luego las mujeres rescatadas declararon que ejercían la prostitución autónomamente, sin relación de dependencia y se quedaban con la totalidad de los ingresos.

De este modo evitó el naufragio de la investigación y también la alimentación de una línea de argumentación cuanto menos superficial, que pretende centrar debates en la autonomía de la voluntad pero que parte para ello de escenarios descriptivamente falsos.

Las tres personas prófugas, que están imputadas por roles claves en dos de las organizaciones, son María Adelaida Caroso, alias "Cuqui"; Carlos Morales Comini, alias "Cali"; y Maximiliano Castrillón, alias "Maxi".