El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta formalizó la investigación penal e imputó formalmente por trata de personas agravada a una pareja detenida la semana pasada, acusada de gerenciar un circuito de explotación sexual de menores de edad que funcionaba en departamentos de la capital salteña bajo la modalidad de “servicios de citas”.

La imputación fue formulada el viernes pasado en una audiencia realizada ante el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, junto al investigador Lisandro Andrés Arranz, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El acusado F.N.A. y la acusada A.A.G. quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por tratarse de víctimas menores de edad.

La intervención del fuero federal se produjo a partir de la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantías N°6 de la justicia provincial.

El inicio del caso

La causa se inició el 16 de agosto de 2024, tras un llamado al sistema de emergencias 911 de la Policía de Salta que alertó sobre la presencia de un hombre adulto junto a una menor de edad en un edificio ubicado en calle 12 de Octubre al 100.

Al arribar al lugar, el personal policial fue informado por el conserje y el administrador del inmueble que ambos habían ingresado a un departamento. Cuando llamaron a la puerta, atendió la adolescente y constataron que tenía 17 años. El hombre intentó huir, pero fue retenido y puesto a disposición de los efectivos policiales que arribaron al lugar.

Los policías hallaron en el interior del inmueble preservativos y otros elementos compatibles con un encuentro sexual.

Gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta requisan un colchón en uno de los allanamientos. Foto: Gendarmería Nacional

En ese contexto, uno de los imputados se presentó en el lugar y manifestó ser primo de la menor, lo que luego fue descartado por el testimonio de la adolescente, quien además aportó indicios que hacían presumir que se trataba de un encuentro sexual previamente pactado.

La investigación

Tras la declinación de competencia de la justicia provincial, la fiscalía federal profundizó la pesquisa con tareas investigativas y de asistencia a las víctimas, con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta, de Gendarmería Nacional.

La fiscalía explicó que de acuerdo con los elementos reunidos en la investigación y el relato de una de las víctimas, se pudo determinar cómo operaba la red: mientras el hombre captaba a las víctimas, su pareja coordinaba los encuentros sexuales, ofertados a través de un sitio web de citas sexuales. Una vez que los potenciales clientes se contactaban, la negociación sobre precio, lugar y horario se pactaba mediante un grupo de Telegram.

Por lo general, la actividad se daba en el horario de entre las 15 y las 21, con un promedio de cuatro a cinco clientes por jornada. Asimismo, se determinó que el imputado era quien alquilaba los departamentos utilizados para concretar los encuentros.

Según la investigación, el valor de cada encuentro oscilaba entre 30.000 y 35.000 pesos, con montos mayores en caso de servicios con dos menores a la vez.

El testimonio de una de las víctimas permitió establecer que, cuando el pago era en efectivo, debían entregar una parte de ese dinero a uno de los imputados, quien también recibía pagos mediante transferencias bancarias.

La auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Lisandro Andrés Arranz, durante la audiencia de formalización ante el juez federal de Garantías Julio Bavio. Foto: S. Rodríguez.

En función de estos elementos, la fiscalía solicitó allanamientos y las detenciones de F.N.A. y A.A.G., que se concretaron el 15 de abril pasado en un departamento ubicado en la primera cuadra de calle Artigas. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, una computadora y dispositivos de almacenamiento.

Prisión preventiva para el imputado

Al momento de debatirse las medidas de coerción, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, aunque bajo distintas modalidades.

Respecto del hombre imputado, requirió que quede detenido en una unidad carcelaria, dado el riesgo de entorpecimiento, la gravedad del hecho y la alta escala penal del delito —con penas de 10 a 15 años de prisión—. Señaló además que el imputado había contactado a una de las menores para solicitarle cambiar su declaración y borrar mensajes, lo que la víctima no concretó.

La defensa solicitó el arresto domiciliario, pero el magistrado rechazó el planteo y dispuso la prisión preventiva efectiva por 120 días —con vencimiento el 14 de agosto próximo—, en línea con lo solicitado por el MPF.

En relación con la imputada, la fiscalía solicitó el arresto domiciliario. Si bien las víctimas señalaron que ejercía presiones para concretar los encuentros, surgieron indicios de que la acusada podría ser también una víctima. En este caso, el magistrado hizo lugar al pedido de la defensa y le concedió la libertad con medidas restrictivas: deberá presentarse cada siete días, tiene prohibido salir de la provincia y mantener contacto con las víctimas y con su pareja, el coimputado.

La postura del Ministerio Público Fiscal fue acompañada por la Defensa Pública de Víctimas, representada por Adriana Ramírez.

Al término de la audiencia, el juez Bavio tuvo por formalizada la imputación y autorizó la realización de peritajes sobre los dispositivos incautados.