Con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y bajo la dirección del fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), este martes y miércoles se desarrolló en Salta una jornada de intercambio de experiencias en la gestión penal de casos de trata de personas bajo el sistema acusatorio.

La actividad, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, se denominó “Intercambio entre fiscales sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema procesal acusatorio”.

Durante la primera jornada, el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta (UFISA), y el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, compartieron las experiencias logradas a partir del trabajo conjunto entre fiscales federales y provinciales.

Los funcionarios pusieron énfasis en “el dialogo y la articulación” como herramientas claves para despejar determinados inconvenientes en el proceso penal, en particular, en la etapa inicial de las actuaciones. Respecto a cómo reflejar estos avances en el resto de las jurisdicciones donde aun no se implementó el sistema acusatorio, el fiscal Colombo sostuvo que “uno de los puntos salientes consiste en establecer mesas de trabajo entre fiscales federales y provinciales”.

Por su parte, García Castiella puso de relieve el éxito de la colaboración mutua entre los operadores de ambos organismos y consideró acertados los artículos 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que instituye el proceso acusatorio -hoy de vigencia plena en Salta y Jujuy-, cuyos contenidos promueven y ordenan la cooperación entre los fiscales de ambos fueros.

En la misma línea, Villalba y los fiscales Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la UFISA, y Federico Zurueta, responsable de la misma área en Jujuy, coincidieron y enriquecieron el debate con experiencias de éxito respecto a la gestión y avance en las investigaciones.

Fiscales de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, entre otros distritos, compartieron aportes dirigidos a superar los diferentes desafíos que surgen en la gestión de casos de trata, en especial los vinculados a la competencia jurisdiccional.

En cuanto a la persecución de estos delitos bajo el sistema acusatorio, Villalba destacó las bondades del nuevo sistema, a partir del cual en Salta y Jujuy se obtuvieron resultados nunca antes vistos en materia de celeridad en el proceso penal, desformalización y aplicación del criterio de oportunidad, al momento de resolver los conflictos. El fiscal general resaltó asimismo el acompañamiento de los jueces federales de Garantías en respetar los plazos establecidos por el CPPF.

Sobre la litigación, Toranzos advirtió sobre no “mercantilizar la salida alternativa” a fin de garantizar así el principio de objetividad. Apoyó la necesidad de contar con profesionales en la asistencia a la víctima, tanto para no recaer en acciones de revictimización, como tampoco estigmatizar al imputado.

De esta manera, fiscales de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, entre otros distritos, compartieron aportes dirigidos a superar los diferentes desafíos que surgen en la gestión de casos de trata, en especial los vinculados a la competencia jurisdiccional.

La especialista en Protección de la OIM, Laura Estomba, destacó el valor de este encuentro, el cual se desarrolló en el marco del plan anual de “Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en Argentina”.

“Estamos intercambiando experiencias, desafíos y buenas prácticas en materia de investigación de los casos de trata de personas bajo el sistema acusatorio, lo cual ayudará en la confección de un manual de investigación”, explicó.

Por su parte, Colombo y Mángano resaltaron el aporte de las experiencias de Salta y Jujuy. Se refirieron especialmente al trabajo que se lleva adelante entre fiscales federales y provinciales, y la importante articulación generada.

En otro tramo de la jornada, el director general de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), Diego García Yomha, se refirió a la planificación, la persecución penal estratégica, la identificación del fenómeno criminal y otros tópicos de la materia.

La especialista en Protección de la OIM, Laura Estomba, destacó el valor de este encuentro, el cual se desarrolló en el marco del plan anual de “Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en Argentina”.

Las fiscalas federales Laura Mazzaferri (Mar del Plata) y Paloma Ochoa (Ciudad de Buenos Aires) moderaron un panel sobre la estrategia y litigio del caso; Laura Roteta (La Plata) junto a Mángano encabezaron una mesa sobre investigaciones patrimoniales y reparación/restitución a las víctimas; y Carlos Gonella (Córdoba) y Franco Picardi (Ciudad de Buenos Aires) tuvieron a su cargo la moderación del espacio sobre medidas alternativas y reglas de la acción penal. La titular de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, moderó la mesa sobre la víctima y el acceso a la justicia, mientras que la fiscala federal Cecilia Incardona (Lomas de Zamora), encabezó el espacio de intercambio sobre la participación de la víctima en el proceso.

Empatía y reparación

Del encuentro, también participaron representantes de organismos de asistencia y acompañamiento, entre ellos el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección de Orientación y Acompañamiento a Víctimas (DOVIC) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Los fiscales compartieron experiencias dolorosas de víctimas que, incluso, no se reconocían como tales, tanto en materia de explotación sexual como laboral. Al respecto, se debatió sobre la necesidad de mejorar los recursos interdisciplinarios y fomentar un mayor diálogo con organismos, ya sea del estado nacional o provincial, a fin de obtener una asistencia integral.

En ese orden, la fiscal Mángano recordó que “los fiscales y las fiscalas estamos obligados por resoluciones internacionales a tener en cuenta una perspectiva de trabajo con enfoque centrado en los derechos de la víctima y la restitución, por lo que las causas penales no pueden reducirse solamente a una pretensión punitiva, por lo que no sólo se debe buscar que los tratantes vayan presos, sino que la pena incluya la reparación a las víctimas”.

Agregó que esa reparación “debe ser de carácter integral, en la cual esté incluida la reparación económica, pues se trata de un delito que tiene claramente esa finalidad, aunque también debe haber restituciones de orden laboral, vivienda y trabajo, entre otros”.

De manera complementaria, los distintos expositores profundizaron el debate en torno a la “empatía” con la víctima, la cual debe incluir un reconocimiento no sólo formal, sino humano, con acciones que permitan conocer a la persona afectada más allá de su dolor.

En ese tren, se destacó la importancia de las entrevistas y el respeto por los tiempos de cada víctima, ya que el grado de afectación no es uniforme. Y, a la par, se puso énfasis en la gestión de la asistencia, la cual no debe centrarse en lo básico, como ropa, comida y un lugar transitorio para vivir, sino que debe ir más allá en busca de que la persona reencause de vida a través de un trabajo u otros aportes que le devuelvan su dignidad.

A partir del resultado de este intercambio, Colombo y Mángano adelantaron que esperan confeccionar un manual de buenas prácticas, que incluirá los aportes provenientes de la persecución penal dentro del sistema acusatorio, con el cual se buscará optimizar no sólo la investigación penal de este delito, sino también garantizar la asistencia integral de la víctima.