08 de diciembre de 2021
08 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la causa está imputado el ex intendente de Salvador Mazza
Salta: procesan con prisión preventiva a seis acusados de integrar una red de explotación sexual
Así lo determinó el Juzgado Federal N°2 de Salta. Se trata de una red con conexiónes locales y con Chile. Fueron rescatadas 34 víctimas, algunas menores de edad. La Cámara Federal resolverá si debe ser indagado el ex intendente de Salvador Mazza, a quien se acusa por el traslado de dos de las víctimas.

El Juzgado Federal N°2 de Salta dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de seis personas acusadas de integrar una red de trata en la ciudad de Salta con conexiones con Jujuy y con Chile. Todos están acusados de los delitos de promoción de prostitución, facilitación del lugar para ejercer la prostitución y captación con fines de explotación sexual, agravados por la vulnerabilidad de las víctimas.

La disposición fue adoptada en la causa en la que también se encuentra imputado el ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, sobre quien también el juez ordenó la indagatoria, que no se pudo concretar. El ex jefe comunal está acusado de haber trasladado de Salta a Jujuy a dos de las víctimas rescatadas.

La orden que dispone la indagatoria fue recurrida por el imputado ante la Cámara Federal de Salta y el juez aceptó el recurso de apelación, pese a la firme oposición del fiscal Eduardo Villalba a que se dé tratamiento a ese recurso, tanto en primera instancia como en el tribunal de alzada, que resolverá en definitiva si el intendente debe ser indagado.

La causa se inició el 29 de mayo pasado cuando personal de la delegación salteña de la Policía Federal tomó conocimiento de que en dicha provincia funcionaría una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con informes realizados por la Policía, en la red intervendrían remiseros de la terminal de ómnibus salteña, dedicados a captar mujeres jóvenes y menores de edad para incorporarlas a la empresa ilegal.

La banda estaría integrada por seis personas, actualmente detenidas, que serían los encargados de captar mujeres en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas menores de edad, y trasladarlas al cabaret “Don Quijote”, ubicado en la ciudad de Salta, y “El Señor de la Noche”, situado en Calama, Chile.

En la causa se investiga también la conexión de la banda con Bolivia y con Brasil, dado que los investigadores pudieron constatar que la hasta ahora identificada como líder de la red registra movimientos migratorios hacia esos países.

En el marco de las investigaciones, el pasado 14 de agosto fueron allanados seis domicilios de Salta. En tres de ellos funcionaban bares y confiterías nocturnas en donde se ofrecían servicios sexuales de mujeres, que incluía la posibilidad de la denominada "invitación de copa". En otro funcionaba un prostíbulo clandestino que estaba a cargo de una de las mujeres detenidas y los restantes dos correspondían a domicilios particulares de donde se secuestró documentación de interés.

En los allanamientos intervino personal de la Dirección General Impositiva junto con la AFIP, debido al surgimiento de inconsistencias fiscales entre los ingresos declarados por los titulares de los bares y confiterías allanados y el patrimonio por ellos adquiridos, como también previsionales.

La hipótesis de la AFIP (que fue confirmada durante las pesquisas) sostenía que los imputados tenían trabajadores en relación de dependencia no declarados y que hacían ejercer la prostitución a mujeres, de dónde obtenían un rédito económico que obviamente no era declarado al fisco.

En los allanamientos pudieron secuestrarse teléfonos celulares, agendas telefónicas, cuadernos, fotocopias de documentos, libretas sanitarias, un revólver, 52.210 pesos, quince euros, 105 dólares, dos mil guaraníes, fotografías de mujeres, juguetes sexuales, preservativos, entre otros elementos.

En los dos procedimientos efectuados en los domicilios de la principal imputada pudo comprobarse que funcionaba un negocio de oferta sexual clandestina, donde había dos mujeres que ejercían la prostitución para la imputada, por un precio pactado en dinero.

Además se determinó que la mayoría de las mujeres que se encontraban en los inmuebles registrados no tenían sus documentos de identidad y que casi todas dijeron que los habían perdido. Sin embargo, mediante la intervención de integrantes de la Fundación María de los Ángeles se pudo constatar que los documentos se encontraban en poder de los dueños de los locales.