El fiscal federal Eduardo Villalba, a cargo de la Fiscalía Federal de primera instrucción N°2 de Salta, solicitó el procesamiento de Walter Ortiz Meriles en orden a los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Está imputado, junto a otros dos hombres que se encuentran prófugos, de captar al menos a 19 trabajadores en situación de vulnerabilidad para someterlos laboralmente en un campo dedicado a tareas de cosecha y embalado de hortalizas, ubicado en la localidad de Apolinario Saravia. De acuerdo con los elementos recabados en la causa, una vez allí las víctimas habrían sido alojadas en situaciones infrahumanas, en presencia de combustible, lubricantes y/o agroquímicos y habrían recibido violencia física por parte de uno de los empleadores.

En el pedido, Villalba señaló que se encuentra “suficientemente probado” que en la finca El Bordo, lugar donde fueron rescatadas las víctimas, “se encontraron personas realizando tareas de cosecha y embalado de hortalizas, en situaciones infrahumanas de convivencia, configurando este hecho una situación de explotación o reducción a la servidumbre, alcanzando un nivel incompatible con la condición humana”.

La investigación se inició en noviembre pasado cuando personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la provincia realizaron un relevamiento de personal en la finca.

A partir del procedimiento constataron que los trabajadores se encontraban sin registrar, sin servicio de agua, carentes de electricidad, cloacas y señal telefónica. Comprobaron que estaban alojados en casillas con piso de tierra que tenían cajones de plástico con colchones encima utilizados como camas, y que utilizaban letrina y una estructura de plástico para cubrirla.

Además, los trabajadores no contaban con elementos de seguridad laboral indispensable para el desarrollo de sus tareas, ni ropa de trabajo, ni botiquín de primeros auxilios y se pudo observar la presencia de envases de agroquímicos y mochilas fumigadoras a la par de las viviendas. Asimismo, se constató la presencia de niños a cargo residiendo en esas condiciones, quienes manifestaron que trabajaban para Nicolas Arsindo Burgo, Walter Horacio Ortiz Meriles y Cosme Guadalberto Guerrero Albarado. En cuanto al pago por su labor, dijeron que recibían entre siete y doce pesos por cada cajón que llenaban, sin percibir recibo alguno, con una estimación de producción diaria de entre 30 y 50 cajones.

A raíz de ello, la Fiscalía a cargo de Villalba solicitó la intervención de la División de Trata de Personas Área Interior de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de campo y comprobó lo informado por la Policía de la provincia y funcionarios de AFIP.

En ese contexto, el Juzgado Federal Nº2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina, ordenó el allanamiento del establecimiento, que concluyó con el rescate de 19 trabajadores y con la detención de Walter Horacio Ortiz Meriles. Los imputados Cosme Gualberto Guerrero Albarado y Nicolas Arsindo Burgo no fueron hallados y se encuentran prófugos.

En tanto, en un allanamiento llevado a cabo en el domicilio perteneciente a Albarado se secuestraron armas de fuego y 1.490.000 pesos, aproximadamente, mientras que en el domicilio de Ortiz Meriles se encontró la suma de 290 mil pesos.

Posteriormente, la Fiscalía recibió declaración testimonial a los trabajadores que se encontraban en la finca al momento del allanamiento, quienes coincidieron en señalar que vivían en el lugar en condiciones de total precariedad, con falta de higiene y riesgo sanitario, en habitaciones hechas con paredes de plásticos y techos de chapas.

Asimismo, hicieron referencia a los malos tratos que recibían por parte de Burgo quien, cuando descansaban, les tiraba “hondazos” para que concurrieran a trabajar.