Un policía y tres profesionales de la Oficina de Rescate declararon la semana pasada en el juicio oral por la megacausa de trata de personas con fines de explotación sexual que se tramita en la provincia de San Juan. Los testimonios de dichas profesionales se realizaron a través de videoconferencia y ratificaron íntegramente el informe elaborado al momento de intervenir en los procedimientos. Además, brindaron detalles sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres rescatadas, las condiciones de vida de las víctimas extranjeras respecto a sus países de origen y cómo llegaron a la Argentina para terminar siendo explotadas en la provincia de San Juan.
Por su parte, el policía, además de haber participado en uno de los allanamientos, fue uno de los encargados de realizar las tareas de investigación previas a los procedimientos.
Se trata de la primera y más relevante causa de este tipo en la provincia de San Juan. A través de un megaoperativo donde se allanaron 16 prostíbulos en forma simultánea, fueron encontradas más de 60 mujeres, una de ellas menor de edad y muchas otras oriundas de países como Paraguay, Brasil, Chile y República Dominicana.
El juicio comenzó en abril y, a lo largo de las sucesivas audiencias, declararon ya 14 de los 17 imputados. En una etapa previa, el Tribunal había hecho lugar a un pedido de la defensa de otros dos acusados, que permanecen imputados pero por infracción al artículo 17 de la ley 12.331 –administración, sostenimiento y regenteo de casas de tolerancia- , de competencia provincial.
La última audiencia se llevó a cabo el jueves 27 de agosto, en la cual comenzaron a declarar algunas de las víctimas, y no se conoce la fecha en que continuará el debate.
En el caso, interviene la Fiscalía Federal de la provincia, a cargo de Francisco Maldonado, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC).
El caso
La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, en la que se puso en conocimiento de la fuerza la existencia de varios prostíbulos.
El 14 de abril de 2012, se realizaron diversos procedimientos a una escala sin precedentes en la provincia. Por orden del Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, se allanaron simultáneamente 16 prostíbulos, entre ellos whiskerías, cabarets y departamentos privados. En esa oportunidad, fueron encontradas más de 60 mujeres en situación de prostitución, entre ellas una menor de edad, varias extranjeras y residentes de otras provincias.
En algunos de los locales, también se constató la presencia de "clientes" y de un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía sanjuanina.
En abril de 2014, la fiscal federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, con la colaboración del titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, solicitaron la elevación de la causa a la etapa oral.