Marcelo Gregorio Uscheroff y su hijo Julián se entregaron esta semana en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron indagados entre el martes y miércoles por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, y el Juzgado N°7 del fuero. Ambos se encontraban prófugos desde marzo de este año.

Uscheroff padre -conocido también como Marcelo Locatti, ex funcionario del municipio de Tres de Febrero y ex presidente de la UCR de ese partido- está acusado de liderar una banda, integrada por otras siete personas, que habría captado, trasladado y explotado sexualmente al menos a 65 mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en el barrio porteño de Flores, conocidos como “Lola” y “Victoria”. La hipótesis acusatoria es que la organización habría contado con complicidad policial para lograr su cometido y haber mantenido cautivas a las víctimas a través de un riguroso control, encierro y amedrentamiento.

En julio de este año, el fiscal Picardi y la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) Alejandra Mángano solicitaron la elevación a juicio de siete de las personas imputadas en la causa, mientras los Uscheroff se encontraban prófugos.

En sendos actos de defensa, se le comunicó a los imputados que se encuentran acusados de haber formado parte, al menos desde 2012 al 16 de marzo de este año, en carácter de organizadores o líderes junto a otras personas, de una organización criminal sostenida en el tiempo dedicada a captar, trasladar, acoger y explotar sexualmente al menos a 65 mujeres, que por su condición de migrantes, menores de edad o pobreza se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Fue el 16 de marzo del corriente año que se allanó el local “Lola” y se dispuso su clausura. Al momento de pedir enviar a parte de los acusados a debate oral y público, el Ministerio Público Fiscal señaló que a pesar de haberse producido gran cantidad de inspecciones y procedimientos, el prostíbulo continuaba funcionando y con idéntica modalidad, pues persistían los acuerdos establecidos con el albergue transitorio “La Perla”, ubicado muy cerca del local nocturno. De hecho, en este último lugar se secuestraron tarjetas de publicidad de "Lola".

Según el requerimiento del MPF, las actividades de explotación sexual, tal cual fueron planteadas desde un inicio, también se prolongaron en “Victoria” hasta 2017. A través de la pesquisa se estableció la estrecha vinculación entre ambos negocios criminales, las víctimas captadas y acogidas, los imputados procesados y sus aportes, como así también de la idéntica modalidad delictiva pergeñada. Se estima, también, que los responsables de los locales habrían tenido algún tipo de arreglo con personal policial perteneciente a la Comisaría N°38, abocado a controlar la zona correspondiente a los prostíbulos.

Fueron identificadas víctimas mujeres tanto en “Lola” como en “Victoria”, muchas de ellas de origen dominicano, brasilero y paraguayo. A través del informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate  se pudo saber que muchas de ellas manifestaron ser único sostén de familia. La mayoría aseguró que fueron amedrentadas por el poder que ostentaba la banda criminal y que debían entregar el 50% de lo percibido por las “copas”.

“La asimetría existente entre la organización criminal que contaba con vínculos políticos e institucionales y las mujeres explotadas resulta palmaria”, aseguró Picardi en su dictamen.