La Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de Franco Picardi, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que se investiga a nueve personas, dos de ellas prófugas, acusadas de captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a 74 mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en el barrio porteño de Flores, denominados “Lola” y “Victoria”.

Se trata de una banda que habría contado con complicidad policial para lograr su cometido y que, además, habría mantenido cautivas a las víctimas a través de un riguroso control, encierro y amedrentamiento.

Los principales imputados como autores del delito son Norberto Gustavo Medina, su hijo Jonathan, Marcelo Gregorio Uscheroff -conocido también como Marcelo Locatti, ex funcionario del municipio de 3 de febrero y ex presidente de la UCR de esa misma localidad- y su hijo, Julián Mauricio Uscheroff-. Los dos últimos  se encuentran prófugos desde marzo del corriente año. Uscheroff padre, entre febrero de 2016 y el 3 de enero de 2018, se desempeñó como director de Asuntos Institucionales y como representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del municipio mencionado.

El pedido de la Fiscalía alcanza a otras cinco personas acusadas por su presunta participación necesaria en los hechos.

De acuerdo a la investigación, los hechos se prolongaron en forma concatenada y conjunta cuanto menos desde 2008 hasta el 16 de marzo del corriente año, fecha en que se allanó el local “Lola” y se dispuso su clausura. A pesar de haberse producido gran cantidad de inspecciones y procedimiento, se comprobó que el prostíbulo continuaba funcionando y con idéntica modalidad, pues persistían los acuerdos establecidos con el albergue transitorio “La Perla”, ubicado muy cerca del local nocturno. De hecho, en este último lugar se secuestraron tarjetas de publicidad de "Lola".

Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, las actividades de explotación sexual, tal cual fueron planteadas desde un inicio, también se prolongaron en “Victoria” hasta 2017. A través de la pesquisa se estableció la estrecha vinculación entre ambos negocios criminales, las víctimas captadas y acogidas, los imputados procesados y sus aportes, como así también de la idéntica modalidad delictiva pergeñada.

Además, según surge de las escuchas telefónicas dispuestas en la pesquisa, los responsables de los locales habrían tenido algún tipo de arreglo con personal policial perteneciente a la Comisaría N°38, abocado a controlar la zona correspondiente a los prostíbulos.

Los allanamientos

Los lugares cuentan con una gran cantidad de allanamientos e inspecciones en su haber. Sin embargo, ambos continuaron funcionando “normalmente”, aunque “Victoria” de forma alternada.  Los últimos fueron realizados el 13 de marzo del corriente año. En esa oportunidad, fueron identificadas mujeres tanto en “Lola” y como en “Victoria”, muchas de ellas de origen dominicano, brasilero y paraguayo.

A través del informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate,  se pudo saber que muchas de ellas manifestaron ser único sostén de familia. La mayoría aseguró que fueron amedrentadas por el poder que ostentaba la banda criminal y que debían entregar el 50% de lo percibido por las “copas” al encargado.

“La asimetría existente entre la organización criminal que contaba con vínculos políticos e institucionales y las mujeres explotadas resulta palmaria”, aseguró Picardi en su dictamen.

Los roles de la banda y cómo funcionaban los locales

Norberto Gustavo Medina y su hijo Jonathan Eugenio Medina habrían mantenido un rol preponderante en cuanto al manejo y administración de ambos prostíbulos y sus actividades criminales. Luego, en un segundo estrato pero dentro de la misma planificación delictiva estarían otros tres hombres y dos mujeres, quienes se habrían desempeñado como encargados/as o caras visibles de los locales para distintos propósitos.

Inicialmente, en relación al prostíbulo “Victoria”, los responsables habían instalado un albergue transitorio precario en la propiedad continua para que la explotación sexual de las víctimas se desarrollara allí mismo. Las inspecciones producidas demostraron que ambos lugares se comunicaban desde el  interior, y que a la postre esa conexión fue ocultada mediante una construcción de durlock. Además, en dos ocasiones se constató que había mujeres encerradas bajo llave en este último lugar, que se encontraban en situación de prostitución.

La Fiscalía Federal N°5 señaló que los procesados establecieron acuerdos comerciales con los dueños de dos albergues transitorios para concretar los denominados “pases”, previamente acordados en “Lola” y “Victoria”, con descuentos si los clientes mencionaban a los establecimientos.

Por otra parte, el requerimiento de elevación a juicio presentado ante el Juzgado Federal N°7 indica que  los responsables de los locales les retenían a las víctimas el 50% del precio establecido a cada “cliente”, que debía ser entregado a los encargados en un sobre.

A su vez, éstas eran controladas mediante planillas donde se detallaba su nombre, horarios de entrada y salida, número de habitación del albergue transitorio y precio. Además, las puertas de entrada y salida de los locales eran continuamente monitoreadas por personal de seguridad y cámaras.

Para el fiscal, estos lugares “funcionaron de manera organizada y coordinada durante alrededor de diez años, con el objeto de promover la trata de personas con fines de explotación sexual y la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena”.

“Es innegable que el local tenía como negocio principal el acuerdo de encuentros sexuales entre las mujeres en situación de prostitución allí explotadas y los clientes que asistían. No olvidemos que la publicidad del lugar en su tarjeta indicaba: ‘(…) tragos y algo más –un lugar donde encontrarás placer y diversión’”, graficó Picardi.

Cómo se originó la causa

La investigación se originó a raíz de una serie de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en marzo de 2017. En ellas se denunciaba la existencia y funcionamiento de “Lola” en Juan Bautista Alberdi al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La instrucción de la causa quedó delegada en la Fiscalía Federal N°5, a cargo de Picardi, quien contó con la colaboración de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Protex. El trabajo conjunto permitió una mirada integral sobre un universo de causas de larga data que en determinado momento habían alcanzado parcialmente a algunos de los integrantes de la organización, lo que sumado a las distintas medidas de prueba llevadas a cabo en esta investigación -intercepciones telefónicas, secuestro y análisis de documentación, tareas de campo, entre otras- permitió delinear la existencia y funcionamiento de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.