La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron al juez federal Ariel Lijo que dicte los procesamientos con prisión preventiva de 20 personas acusadas de integrar una organización criminal internacional que funcionó bajo la fachada de "Escuela de Yoga Buenos Aires" (EYBA) al menos desde 2004 y hasta el 12 de agosto pasado, cuando su actividad fue desbaratada con 48 allanamientos. Los imputados están acusados de los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas, lavado de activos, ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita.

De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba a captar personas mediante engaños, aprovechando su situación de vulnerabilidad, para incorporarlas a la organización con el fin de reducirlas a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en Argentina y Estados Unidos, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes. El beneficio económico era administrado por la misma organización mediante la compra de bienes inmuebles y automóviles, tanto dentro del país como en Estados Unidos, para lo cual trasladaba dinero en efectivo entre ambos países.

De acuerdo a la información relevada en los procedimientos del 12 de agosto pasado, la organización contaría con un patrimonio de, al menos, 35 millones de dólares, con cuentas radicadas en Estados Unidos.

Las víctimas, que podrían ser más de un centenar, se encontraban repartidas entre las diversas sedes ubicadas principalmente en las ciudades de Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York.

El pedido de procesamiento de las personas imputadas fue formulado por la fiscalía y la PROTEX mientras continúa el análisis de la gran cantidad de documentación secuestrada durante los allanamientos.

Organización coercitiva

En el dictamen, el MPF definió una organización coercitiva como “un grupo que, con independencia de sus doctrinas, exige progresivamente de sus seguidores una convicción, devoción y dedicación excesivas hacia una persona, idea u objeto, con un funcionamiento de grupo codependiente y en el que se ha institucionalizado una relación de dominio y control (…) siempre en beneficio del líder y provocando un daño real o posible sobre sus miembros, la familia o la sociedad en su conjunto”. El énfasis conceptual está dado por la “convicción, devoción y dedicación” al líder que mantiene una relación de “dominio y control” sobre sus adeptos para “conseguir metas”, causándoles “daño psicológico”.

Los representantes del MPF destacaron que los testimonios recolectados en esta instancia de la investigación son coincidentes en que el señalado como líder de la secta era considerado el “mismísimo dios” para los “adeptos” o “alumnos” y que, cuando ingresaba a alguno de los edificios de la organización, “todos se desesperaban” y había “abrazos, besos, toqueteos”.

La fiscalía destacó que los testimonios recolectados son coincidentes en que el líder de la secta era considerado el “mismísimo dios” para los “adeptos” o “alumnos” y que, cuando ingresaba a alguno de los edificios de la organización, “todos se desesperaban” y había “abrazos, besos, toqueteos”.

Para los fiscales, eso implicaba que en la cotidianeidad “la vida social se restringía de manera exclusiva a los miembros del grupo. Las personas están sujetas permanentemente a pruebas y encargos de diversos tipos de dificultad, relacionadas con el desarrollo y supervivencia de la secta y la obtención de determinados privilegios”.

“Podemos decir entonces que las organizaciones coercitivas logran, mediante la persuasión coercitiva, reducir a sus ‘fieles’, ‘adeptos’ o -como en el presente caso- ‘alumnos’ a una situación de servidumbre que se materializa en un dominio total de estas por parte del líder, quien les ordena la realización de todo tipo de prácticas, hasta las más aberrantes, las que son realizadas para obtener su reconocimiento o bien 'un lugar' dentro de la organización”, sostuvieron los representantes del MPF.

Explotación sexual

Según la pesquisa, una de las principales fuentes de financiamiento de la organización era la explotación sexual de algunas de sus "alumnas". La práctica sexual era una herramienta para conseguir los objetivos económicos pretendidos por el jefe de la secta y demás líderes, lo cual era transmitido a sus miembros como una forma de “sanación”. En ese contexto, cuanto más dinero y regalos conseguían como producto de esos encuentros y relaciones con personas de poder ajenas a la organización, más información se les suministraba dentro de la “Escuela” para poder "evolucionar" y subir de rango.

La organización habría contado con distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Uno de ellos era el denominado “Geishado Vip”, cuya encargada era una de las imputadas. “El Geishado Vip” consistía en seleccionar y controlar a las “alumnas” que eran explotadas sexualmente.

Otro de los imputados se habría encargado de trasladar a las “alumnas” hacia el lugar donde se concretaría el encuentro sexual que, principalmente, se realizaba en el noveno piso de la sede central de la organización, ubicada en la avenida Estado de Israel 4457. Durante los allanamientos, se pudo identificar que en ese piso había un departamento denominado “Museo”, con características similares a las de un hotel alojamiento, aunque también se determinó que había otros domicilios y hoteles ubicados en la ciudad de Buenos Aires, en Uruguay y en Estados Unidos que eran habrían sido utilizados para los mismos fines.

Según consta en la investigación, los encuentros suponían una práctica de esclavitud sexual en tanto las “alumnas” se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos períodos de tiempo. Al menos siete mujeres fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la organización por sus familias cuando aún eran niñas o adolescentes.

Un caso ilustrativo de la práctica del “geishado” ordenado por los líderes de la organización lo relató una de las testigos y posteriormente fue corroborado por numerosa documentación secuestrada durante los allanamientos. La testigo detalló: “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de una empresa que concurría asiduamente (…). Esta persona señaló que solía escuchar llorar a una de las víctimas en los momentos previos a los encuentros con un hombre de 'poder' por no querer estar con él. Esta situación siempre estaba mediada por una de las imputadas que le decía: 'Si a ella le gustaba el lujo y la comodidad la orden era esta, no había tiempo de elegir con quien querer estar (…)'".

Los encuentros sexuales y los ingresos al edificio de la calle Estado de Israel eran grabados, y las filmaciones se guardaban en otro de los domicilios allanados. Según consta en investigación, ante la negativa de acatar las órdenes impartidas las víctimas podían terminar en una situación de encierro en cualquier institución.

La práctica sexual era una herramienta para conseguir los objetivos económicos pretendidos por el jefe de la secta y demás líderes, lo cual era transmitido a sus miembros como una forma de “sanación”.

Por otro lado, existía otro grupo de mujeres denominado “las Ghostbusters”, que se habría dedicado a realizar encuentros sexuales bajo la fachada de “ceremoniales”. Además, habría aconsejado a las alumnas sobre su experiencia como “Geishas”. También se habrían encargado de repartir los bienes muebles de los alumnos que fallecían. Este grupo era controlado por otra de las imputadas.

Dentro del enorme caudal de documentos secuestrados durante los allanamientos, se halló una carpeta en el domicilio del líder de la organización titulada “Trinchera CC Botánico, Departamento NOVIOS”, en la cual se pudo identificar una “ficha de datos” de ciertos hombres a los que la EYBA ponía como “objetivo” del plan de “geishado”. El denominador común de los identificados era su alto patrimonio.

En la carpeta figura el registro de apodos/sobrenombre, perfil (en donde se informa edad, fecha de cumpleaños, signo astrológico, religión, lugar de residencia, estado civil, si tiene hijos o no, actividad a la que se dedica, gustos personales, etc.), patrimonio estimado, relaciones establecidas con EYBA, de quién es “novio”, desde cuándo, etcétera. La información da cuenta de registros desde por lo menos los inicios de 2006.

Además, cada ficha tiene un apartado denominado “tratativas económicas” en el que se describían los “aportes” a la organización realizados tanto en joyas como en dólares por parte de los “novios”.

La coerción a través de prácticas médicas ilegales

La organización también contaba con la clínica denominada “CMI Abasto”, ubicada en la calle Guardia Vieja 4072, donde se realizaban las denominadas “curas de sueño”. Allí, según los elementos recabados, se administraban medicamentos para dormir a las personas durante varios días y se las despertaba solamente para comer, pues el objetivo declamado era que “descansaran” correctamente.

Sin embargo, de acuerdo con el MPF, las “curas de sueño” eran utilizadas por los miembros de la banda para disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos. En cualquiera de los casos ese tratamiento debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera.

Los encuentros suponían una práctica de esclavitud sexual en tanto las “alumnas” se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos períodos de tiempo. Al menos siete mujeres fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la organización por sus familias cuando aún eran niñas o adolescentes.

El propósito que tenían el líder y quienes los secundaban con este tipo de prácticas era, en palabras de una de las personas que brindó testimonio, “que pensaran y reflexionaran sobre lo que estaban haciendo mal” puesto que “ellos le debían mucho al líder”.

Según la investigación, la “clínica” era una parte del proyecto de esta organización y lo que sucedía allí dentro era una de las “prácticas fundamentales” al momento de explicar la coerción a la que eran sometidas las víctimas. Su funcionamiento no se agotaba solo en eso, sino que se habría tratado además de una fuente de financiamiento de la organización a partir del ofrecimiento de supuestos “tratamientos” médicos para personas ajenas –al menos en principio– a la organización.

De acuerdo a la información recabada en esta instancia, la banda se habría dedicado con habitualidad a conseguir clientes extranjeros para brindarles “tratamientos” en esa “clínica”. Algunos consistían en internaciones de entre tres y cinco días, pero también se obtuvo información de personas que hacían "tratamientos" más prologados.

Lavado de activos

Por otro lado, la organización habría conformado una estructura financiera para el blanqueo de activos, como también para el desarrollo de negocios que brindaran mayores ganancias. Tal es así que contaba con al menos dos inmobiliarias que eran utilizadas para realizar inversiones vinculadas a bienes inmuebles en Argentina. Además, contaban con una empresa llamada “B.A. Group” con la cual se estima que dotaban de apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de las actividades de la organización.

Por otra parte, la organización contaría con un estudio jurídico que brindaba asesoramiento legal e impositivo para procurar que las operaciones de la organización no fueran detectadas por los organismos estatales de control y lograr el blanqueo de fondos ilícitos. El manejo contable estaba a cargo de tres de los imputados, quienes se reunían a principio de cada mes a realizar el cierre del balance económico, trasladar el dinero recaudado y pagar los sueldos.

Respecto de las maniobras utilizadas para el blanqueo de dinero, se encontró documentación en ese estudio jurídico que da cuenta de la utilización de contratos de mutuo que tendrían el propósito de dar apariencia lícita a los fondos empleados para la compra de bienes muebles e inmuebles. En efecto, las víctimas realizaban poderes generales de disposición y administración de su dinero a nombre de las personas ahora imputadas en esta causa.

Sumado a ello, se estableció que dentro de la organización había un fondo de dinero denominado “banquito”, que habría sido utilizado para distintos fines, como sufragar gastos dentro de la “Escuela” o efectuar préstamos a sus miembros, lo que implicaba la generación de deudas internas para los “alumnos”.

Este “banquito” también habría funcionado como una financiera para los “alumnos”, pues se les ofrecía la posibilidad de poner parte de su patrimonio en plazos fijos que rendían intereses mensuales. La organización también se habría financiado a partir de la disposición del patrimonio de los “alumnos”, como también de la apropiación de sus bienes.

A los “alumnos” se les habría exigido un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización que podía llegar hasta la suma de 10 mil dólares según el caso. También se les habría establecido el objetivo de idear nuevas formas de ingresar capital a la organización. En ese sentido, a partir de la captación de clientes influyentes o con alto poder adquisitivo, algunos de los miembros habrían operado con el fin de obtener grandes sumas de dinero para la organización.

Finalmente, parte del dinero generado por la organización habría sido invertido en la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos. Para adquirirlos habrían contado con el asesoramiento de los miembros de la organización que allí residían, quienes habrían utilizado sociedades y fundaciones constituidas en ese país para llevar a cabo las operaciones.