29 de enero de 2023
29 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Lo requirió la Fiscalía Federal de Rafaela
Solicitaron juicio oral para dos personas acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual
Para el representante del MPF Jorge Gustavo Onel quedó acreditado que en dos domicilios de esa ciudad se consumó la explotación de las víctimas aprovechando su situación de vulnerabilidad. Los imputados son un hombre y una mujer.

El fiscal federal Jorge Gustavo Onel, interinamente a cargo de Fiscalía Federal de Rafaela, solicitó que se envíe a juicio oral a dos personas -un hombre y una mujer- acusadas por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad, por tratarse de tres víctimas y por haberse consumado la explotación de las mismas”.

La causa se había iniciado por un llamado anónimo en abril de 2014 a la Delegación Rafaela de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas. En esa comunicación, una persona aseguró que había mujeres en una casa “ejerciendo la prostitución, donde además una señora le sacaría el dinero a esas mujeres que se encuentran realizando ese tipo de actividad”. El expediente estuvo primero en el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y pasó después a la justicia federal.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio firmado esta semana, se verificó que en dos domicilios de la localidad de Rafaela se explotó sexualmente a mujeres aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La hipótesis es que el hombre imputado era el dueño de los dos lugares y tenía “funciones de control” sobre las actividades que se llevaban a cabo allí. Según la fiscalía, monitoreaba “cantidad de mujeres acogidas, cantidad de pases realizados por cada una de ellas y gastos ordinarios del lugar” y era también “el principal beneficiario económico de la actividad de comercio sexual de mujeres que allí se desarrollaba”. Por su parte, la mujer era la encargada del lugar, de la gestión y del “registro de pases”, así como también de la recepción de las víctimas en uno de los domicilios. Les indicaba estrictamente cómo debían vestirse y la posición que debían tener para “atraer clientes”. La persona que está sospechada de cumplir ese rol en el otro lugar allanado continúa prófuga.

La situación en ambos lugares se sostuvo hasta el 25 de mayo de 2019, cuando se llevaron adelante una serie de allanamientos en el marco de un megaoperativo realizado en la ciudad. En el escrito, la fiscalía hizo hincapié en los relatos de las víctimas y también en el análisis de lo encontrado en los domicilios particulares de los acusados, que permitieron establecer que el hombre se quedaba con gran parte del dinero que las víctimas recibían en el marco de la explotación sexual en la que se encontraban. Las mujeres sólo podían disponer libremente de los ingresos recaudados "luego de que se hubieran operado los ‘descuentos’ establecidos, consistentes en el 50% del valor del pase, como así también gastos de comida, higiene y limpieza del lugar”, resaltó.

Además, el fiscal Onel marcó que se aprovecharon de la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas para obtener beneficios económicos. Citó el informe realizado por las profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata donde destacaron que la mayoría de las mujeres habrían ingresado al circuito prostituyente frente a la dificultad de encontrar un empleo que les permitiera sostener económicamente a sus familias e hijos; no tenían arraigo del lugar, ya que eran oriundas de la ciudad de Santa Fe y República Dominicana; y también se hizo referencia la dificultad y/o imposibilidad de finalizar sus estudios.

En otro de los ejes del informe realizado por el Programa de Rescate se detalló que las mujeres intentaron sostener en las entrevistas que se trataba de una modalidad de organización de tipo horizontal, es decir, que no había un responsable o alguien controlara lo que hacían. Sin embargo, también se observó que había “imprecisiones, respuestas evasivas y contradictorias con respecto a cómo se había gestionado la locación del inmueble, el monto que cada una debía aportar por los gastos, y la forma de pago de los mismos”. “Cabe mencionar que, en ocasiones y por temor a perder lo que frecuentemente es su única fuente de ingreso económica, las mujeres en situación de prostitución suelen ocultar datos o información significativa respecto a la organización de los lugares en los que se encuentran y/o a la existencia de terceras personas responsables de los mismos. Esto sucede también, en oportunidades, como consecuencia del aleccionamiento y/o condicionamientos de sus relatos por parte de los/as responsables y/o encargados/as de los ‘privados’ o prostíbulos”, se explicó en el informe resaltado por la Fiscalía.

Armas, inmuebles y dinero

En uno de los allanamientos, se encontró un cuadernos con anotaciones referidas a nombres de mujeres y a valores. Se destacaba, especialmente, que en una de las hojas aparecía escrito el nombre del implicado seguido de muchas cifras. Para la fiscalía, esto lleva a inferir que era el cuaderno donde se registraban los pases realizados y las ganancias del acusado. Incluso las propias víctimas del lugar manifestaron que la mujer imputada era la encargada de llevar el registro y que, cuando ella no estaba, debían hacerlo las propias mujeres en situación de prostitución. 

También, en el requerimiento, se marcó la cantidad de dinero en efectivo que se le incautó al acusado en su casa: ocho mil ciento ochenta pesos, tres mil setecientos cinco euros, trece dólares, tres mil pesos chilenos, once reales, entre otros. Por otra parte, se detectó que la cantidad de bienes muebles e inmuebles registrados a nombre del imputado no se condecían con la actividad declarada ante la AFIP.

“Tampoco puede dejar de valorarse la existencia de tres armas de fuego con municiones y sin sus respectivas autorizaciones”, se resaltó. Esas armas son las que habrían sido utilizadas para amedrentar a las mujeres víctimas que el mismo acogía en sus inmuebles de explotación.

En la casa particular, también se encontraron varios pasaportes con nombres de mujeres que pertenecerían a algunas de las víctimas. Esos pasaportes y permisos de residencia encontrados adquirieron mayor relevancia si se tiene en cuenta que el hombre registraba múltiples movimientos migratorios a España. A esto se le sumó una peritaje realizado al teléfono celular donde se hallaron conversaciones relacionadas con la prostitución de mujeres.