Ocho mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas luego de doce  allanamientos que se realizaron en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, en la madrugada del domingo 26 de mayo. Seis de ellos se produjeron en lugares de explotación sexual. Además, tres personas -dos hombres y una mujer- resultaron detenidas y otros tres acusados se encuentran prófugos. También se logró el secuestro de autos y motos -algunos de alta gama-, armas de fuego y documentación de interés para la pesquisa, entre otros elementos.

La fecha para los procedimientos no fue casual: durante ese fin de semana se desarrolló una importante competición automovilística, motivo por el que se estima que la “oferta sexual” aumenta significativamente.

Los procedimientos, solicitados por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Rafaela, a cargo de Federico Grimm, se realizaron en domicilios de casas particulares que, de acuerdo a la investigación, funcionaban como “privados” vinculados entre sí, donde se explotaría sexualmente a mujeres argentinas y extranjeras, además de los pertenecientes a los involucrados en los hechos investigados. Como consecuencia de los allanamientos se solicitó la clausura judicial de los locales.

El resultado de los procedimientos

El megaoperativo permitió el secuestro de gran cantidad de automotores -algunos de ellos de alta gama-, motovehículos, una moto de agua, una casa rodante, armas de fuego -con sus respectivas municiones- y teléfonos celulares. También se secuestraron los denominados “libros de pases”, pasaportes, sumas de dinero en moneda nacional, brasilera, uruguaya, chilena y euros, documentación patrimonial, preservativos, geles íntimos y otros elementos importantes para la investigación. De acuerdo a la pesquisa, parte de los bienes pertenecen a unos de los principales investigados, quien se permitía correr el Dakar sin tener ningún otro tipo de ingreso declarado.

En cuanto a las armas de fuego y las municiones, se incautaron un revólver calibre 32, cartuchos calibre 16, una carabina automática y una escopeta calibre 16. Paralelamente, se inició una investigación patrimonial de los imputados, en la que se dispusieron medidas cautelares para asegurar los bienes que han podido resultar adquiridos con el producto de la actividad ilícita investigada.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició por un llamado anónimo en 2014 a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas -Delegación Rafaela-, en el que se ponía en conocimiento que en una finca había mujeres “ejerciendo la prostitución y donde además una señora  le sacaría el dinero a esas mujeres que se encuentran realizando ese tipo de actividad”. Como consecuencia, se dio inicio a una investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

En dicho marco, la fuerza interviniente relacionó esa situación con una intervención anterior. En esa oportunidad, una víctima identificó a otra en igual situación que se habría escapado de un prostíbulo de la ciudad de Rafaela -regenteado con personas vinculadas a las de esa misma denuncia- y las relacionó con al menos tres domicilios: uno ubicado en Rafaela, otro en la localidad de El Trébol y el restante en la provincia de Córdoba. Agregó que en ese momento era menor de edad. Los casos de ambas víctimas fueron objeto de juicio por la justicia federal de Santa Fe, que determinó que en los domicilios indicados por la víctima habría “mujeres que ejercen la prostitución”.

Además, se señaló que a los involucrados, hasta ese momento, no se les conocían actividades laborales pero se “manejan en la ciudad con distintos autos-camionetas y motos de alta gama”.

Posteriormente, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación de la Quinta Circunscripción -es decir, el Ministerio Público provincial- remitió las actuaciones por considerar que no correspondían a su competencia material, que finalmente se radicaron en el Juzgado Federal de Rafaela. Una vez delegada en la Fiscalía Federal se ordenaron tareas investigativas a la Gendarmería Nacional Argentina.

Simultáneamente, se inició otra causa en la que se investigó por similares conductas a dos de las personas identificadas, que se acumuló al expediente previo. Además, se agregaron copias de otro expediente -del Juzgado de Instrucción Segunda Nominación de Rafaela- en cuyo marco se ordenaron una serie de allanamientos. Como consecuencia, en mayo del año pasado el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó el allanamiento de otros domicilios, en los que participaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario determinó que era el Juzgado Federal de Rafaela quien debía intervenir en la causa y, nuevamente, el magistrado ordenó la delegación de la instrucción en la Fiscalía. Desde entonces se profundizó la investigación, que derivó en los doce allanamientos mencionados y en la solicitud de detención de tres de los involucrados en los hechos en los que intervino la justicia federal de Santa Fe.