01 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
El pedido fue realizado por el fiscal federal Carlos Alfredo Brito
Solicitaron la elevación a juicio de una banda acusada de regentear dos prostíbulos en Tucumán
Hay siete personas imputadas. Los dos principales acusados habrían captado a mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y explotarlas sexualmente en dos históricos locales nocturnos con la complicidad de las otras cinco personas. Las víctimas habrían sido sometidas a través de amenazas, intimidaciones y armas de fuego.

El fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio de siete personas acusadas de integrar una banda que explotaba sexualmente a mujeres en dos prostíbulos ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se trata de Mercedes del Carmen Medina, Ernesto Antonio Robles, Susana Antonia Figueroa, Aníbal Iván Frías, María Rosa Juárez, Eduardo Alberto Loto y Juan Rafael Sarmiento, quienes el 8 de octubre de 2013 habían sido procesados con prisión preventiva.

Además, el representante del Ministerio Público solicitó mantener las prisiones preventivas de los imputados y los embargos decretados con fines de decomiso que fueron ordenados en simultáneo con los procesamientos hasta cubrir la suma de un millón de pesos  para los principales imputados y 300 mil por cada uno de los otros cinco.

El caso

La causa se inició por una denuncia de la Fundación María de los Ángeles realizada a la justicia federal de Tucumán en abril de 2013. La organización liderada por Susana Trimarco dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo. Como consecuencia, el 13 de septiembre se realizaron los allanamientos en ambos prostíbulos denominados "Bar California", un histórico boliche que funcionaba al menos desde hacía 15 años, y "Night Club”, ubicado frente a la ex terminal de ómnibus de la capital provincial. Ambos locales ya habían sido allanados previamente en numerosas oportunidades.

Los principales imputados habrían captado a mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en ambos locales nocturnos. Las víctimas debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y que tanto ellas como sus familias sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso a través de armas de fuego.

La banda habría contado con la colaboración de otros cinco cómplices que cumplían tareas como la administración del dinero producto de la explotación sexual de las víctimas, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control de ellas. Uno de los acusado sería, además, un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, que habría cumplido el rol de amedrentar a las mujeres, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas añadió que era el encargado de facilitarle drogas a las mujeres.

Además, la banda habría implementado un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja. Los imputados habrían obligado a otras mujeres a hacer las veces de “encargadas” para asegurarse que no declaren en su contra.