29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Federal N°7
Solicitaron la elevación a juicio de una banda internacional dedicada a la explotación sexual de travestis
Se trata de una organización conformada por al menos quince personas. Los imputados están acusados de captar a las víctimas en diferentes provincias del noroeste del país para explotarlas sexualmente en un hotel de Almagro, en la localidad bonaerense de Moreno y en diferentes países europeos.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº7 a cargo de Ramiro González -actualmente interinamente a cargo de María Alejandra Mángano- solicitó la elevación a juicio de una banda internacional que se dedicaría a captar y trasladar a travestis oriundas de diferentes provincias del noroeste del país para finalmente explotarlas sexualmente en un hotel ubicado en el barrio porteño de Almagro llamado “El gondolín”, en un domicilio privado ubicado en  la localidad bonaerense de Moreno, y España, Francia e Italia. La organización habría actuado mediante el engaño, fraude, violencia, amenazas y abusando de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

 

A través de la investigación llevada a cabo por la fiscalía se pudo establecer que la red estaba integrada por 15 personas y funcionó al menos desde el año 2011, hasta agosto de este año, momento en que se llevaron a cabo los trece allanamientos, ordenados –a pedido de la fiscalía- por el responsable del Juzgado Federal N°7, Sebastián Casanello. En los procedimientos se logró la aprehensión de los imputados, quienes fueron indagados por el magistrado.

 

Tras ello, la fiscalía requirió que trece de los imputados sean sometidos a juicio oral, como coautores del delito de trata de personas, mientras que los dos restantes serán juzgados como partícipes necesarios del mismo delito.

 

La investigación

La causa se inició en febrero de 2011, en virtud de la extracción de testimonios dispuesta por el titular del Juzgado Nacional de Menores N°5, en el marco de otra pesquisa en la que se investigaba  la comisión de actividades ilícitas por parte de autoridades policiales y comunales en relación al funcionamiento de una “zona roja” en el Parque Tres de Febrero, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Frente a ello, la Fiscalía del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez –a cargo del fiscal José María Campagnoli- logró individualizar a una organización integrada por varios de los imputados, la cual captaba travestis oriundas de la provincia de Salta y las trasladaba hasta el Hotel El Gondolín, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde eran explotadas sexualmente. Asimismo, se determinó que los imputados comercializaban estupefacientes en el Parque Tres de Febrero, para lo cual contarían con complicidad policial.

 

El 25 de febrero de 2015, la investigación pasó a la órbita de la Justicia Federal y se delegó la investigación a la fiscalía Federal N°7, a cargo de Ramiro González. En paralelo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) –encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano- inició una investigación preliminar en abril de 2015 que luego se anexó al expediente principal.

 

Funcionamiento y roles dentro de la banda

En el devenir de la pesquisa, se pudo establecer que la organización llevaba a cabo sus actividades en tres etapas. En primer lugar, las víctimas eran captadas en las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y Chaco; luego eran trasladadas desde las diferentes ciudades del interior del país al hotel El Gondolín, ubicado en la calle Aráoz 924 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al domicilio Maza 3344 de la localidad bonaerense de Moreno, en donde eran acogidas y explotadas sexualmente. En la tercera y última etapa, las presuntas víctimas -luego de someterse a operaciones con un médico amigo- eran trasladadas -mediante un agencia amiga- a diferentes países europeos como España, Francia e Italia.

 

Se acreditó que uno de los imputados captaba a las víctimas en la provincia de Salta, mediante el ofrecimiento de trabajo en la zona roja de los Bosques de Palermo, para lo cual les prometía una considerable remuneración, alojamiento gratuito y una mejora en su calidad de vida. Por su parte, otras dos imputadas alojaban en sus viviendas a las víctimas que ejercían la prostitución en la capital salteña, para lo cual les cobraban un canon de $200 más los gastos de comida, luz, gas, teléfono y agua. Sí las víctimas se negaban a pagar recibían agresiones físicas y verbales.

 

La banda también operaría en la provincia de Tucumán, donde dos de los investigados se dividían el negocio: uno regenteaba a las víctimas en la zona roja capitalina, para lo cual les cobraba $500 por noche para dejarlas trabajar, y si se negaban al pago las amedrentaba y agredía; mientras que el otro imputado operaba en la ciudad de La Banda del Río Salí, en dos estaciones de servicio, ubicadas sobre la Ruta Nacional N°9, denominadas “Oasis” y “El Empalme”

 

En San Salvador de Jujuy, la actividad estaría a cargo de tres hermanas, quienes regenteaban a las travestis que ejercían la prostitución en la zona roja de esa ciudad, mientras que en la provincia de Chaco, la otra de las imputadas controlaría a las travestis de la capital provincial, a quienes les cobraba $500 por noche para poder trabajar, y en caso de que las víctimas se negaran al pago, las agredía física y verbalmente.

 

En la segunda etapa de la maniobra estarían involucradas las entonces encargadas del Hotel El Gondolín. Las víctimas eran trasladadas por la banda –desde sus provincias de origen- hasta el hotel de Villa Crespo, donde eran acogidas y explotadas sexualmente en las zonas rojas de los bosques de Palermo y Villa Luro.

 

Asimismo, varias travestis también eran prostituidas en la localidad bonaerense de Moreno, donde eran acogidas en la vivienda de una de las imputadas, quien las explotaba sexualmente en la zona de la Ruta 8, a la altura de San Miguel, y les cobraba $100 diarios en concepto de “parada”.

 

Finalmente, en la última etapa, otra de las imputadas elegía a las víctimas que serían trasladadas a Europa; les prestaba dinero para costear los pasajes y para intervenciones plásticas que eran ejecutadas por un médico “amigo” en una clínica privada o en su domicilio, en la provincia de Santa Fe. Por el préstamo, las víctimas debían devolverle a la investigada, el doble del dinero que les había prestado. Asimismo, la encartada gestionaba los pasajes a Europa a través de una agencia de turismo, la cual recibía un porcentaje por cada pasajera recomendada.

 

Para la fiscalía, “existen elementos suficientes para sostener que una vez que las víctimas seleccionadas arribaban al continente europeo, eran acogidas y explotadas” por otra de las personas señaladas en el marco de la investigación.