La fiscal federal Patricia Santoni apeló la sentencia dictada el 5 de junio por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza que había condenado a diez años de prisión al dueño del prostíbulo “Pyme Vip”, Sebastián Sole, por el delito de “explotación económica de la prostitución ajena”. La representante del Ministerio Público solicitó que la sentencia sea encuadrada como “trata de personas con fines de explotación sexual”.

De igual manera, Santoni recurrió las penas de dos años dictadas contra dos policías y un inspector municipal -quienes habrían recibido dinero a cambio de impedir inspecciones o allanamientos judiciales en el local nocturno- y de dos años en suspenso para un médico que habría practicado abortos a las mujeres que eran explotadas. Al respecto, opinó que los jueces incurrieron “en una errónea aplicación de la ley penal”.

Además, los magistrados habían encontrado culpables a la encargada del boliche y dos hombres, uno encargado de las tareas de mantenimiento y otro por la explotación de una persona en particular, pero esas condenas no fueron recurridas por Santoni.

Argumentos

Para la fiscal, lo expuesto por el Tribunal en los fundamentos del fallo “tuvo por probados todos y cada uno de los hechos atribuidos”, pero disintió con el encuadre jurídico que, por mayoría, se dio a los imputados pese a la contundencia de las pruebas. Al respecto, puntualizó que la conducta de los ahora condenados “tipifica el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el número de sujetos pasivos y activos intervinientes y haberse consumado la explotación”.

Santoni advirtió que las únicas consideraciones utilizadas por los jueces para descartar la comisión del delito de trata y explotación de personas fueron "la ausencia de tráfico y que no se encontraba cercenada la libertad de las víctimas". Sin embargo, advirtió que “la circunstancia de que las mujeres que trabajaban en el prostíbulo Pyme Vip no hayan sido ‘traficadas’, es decir, trasladadas de un lugar a otro, no impide sostener que el accionar reprochado a Sebastián Solé ha sido el acoger a las mismas en su local de manera continuada a los fines de la explotación sexual, circunstancia que fue por demás probada a partir de los testimonios y demás pruebas recibidas que dieron cuenta de la concurrencia diaria de las mujeres al lugar, ya sea en el horario de tarde o noche, en el cual permanecían no menos de ocho horas por día atendiendo a cuanto cliente concurriera o solicitara los servicios sexuales a domicilio o en los hoteles”.

“No tenían opción de alejarse”.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público sostuvo que el Tribunal omitió la situación de vulnerabilidad de las víctimas, demostrada en su “grave afectación a la dignidad y libertad individual”, por lo que “no tenían opción de alejarse”.

En esa línea, explicó que las normas penales que reprimen la trata y la explotación de personas tienen por objeto la protección integral de la libertad individual, “entendida como el estado existencial del hombre en el que puede autodeterminarse y decidir sobre su propio plan de vida sin sujeción a ningún condicionamiento físico o psíquico. Es por ello que la libertad que se protege no se circunscribe a la llamada libertad física, ambulatoria o de movimiento, sino que trasciende a la capacidad de autodirección de la persona”. Agregó además que eso redunda en que la víctima “cree que someterse a las condiciones de explotación sexual pautadas con el tratante es la única alternativa real y aceptable de la que dispone para satisfacer sus necesidades básicas, resultándole prácticamente impensable la proyección de un plan de vida que resguarde y garantice el pleno desarrollo de sus derechos y dignidad humana”.

“En el caso de estudio, la situación de vulnerabilidad y violencia simbólica sufrida por las mujeres que Sebastián Solé explotaba sexualmente, surgieron definitivamente acreditadas tanto de los testimonios de las víctimas como de los informes”, agregó.

Colaboración de los imputados

El otro punto apelado por la fiscal fue el referido a la participación de los cuatro imputados en los hechos. “(…)la envergadura y el beneficio económico que la explotación sexual de mujeres en el local de Pyme Vip representaba para Sebastián Marcelo Solé, le impuso la necesidad de contar con la colaboración del médico ginecólogo que solucionaría los problemas de embarazos no deseados para que las mujeres continuaran trabajando, como de empleados y funcionarios de las agencias del Estado que por el pago periódico de una suma dineraria impedirían que se llevaran a cabo inspecciones o allanamientos judiciales o le comunicarían de la inminencia de los mismos”, para que pudiera adoptar las medidas necesarias para enfrentarlos exitosamente. “Por ello -continuó Santoni- más allá del accionar típico de cada uno de ellos por los que han sido debidamente condenados -delitos de aborto y cohecho pasivo- no cabe duda de su participación en el delito de trata y explotación de personas agravado (…) con el que, a diferencia de lo sostenido por los juzgadores, habrá un concurso material y no ideal”.

El caso

La investigación se inició luego de un llamado anónimo realizado el 6 de febrero de 2013 a la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por una mujer, quien afirmó haberse escapado de un prostíbulo denominado “Pyme VIP”. Durante la comunicación, aportó la dirección, el nombre del dueño y los socios, así como el nombre de fantasía con el que hacían conocer a las menores de edad.

El Registro de Personas Desaparecidas remitió la denuncia a la Protex. El equipo encabezado por Marcelo Colombo verificó los datos aportados y comenzó a trabajar en conjunto con la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz.

El 1 de mayo de 2013, se realizaron cuatro allanamientos en el local nocturno; en una clínica médica donde atendería uno de los imputados, y en dos domicilios particulares. Durante los procedimientos, 12 jóvenes fueron rescatadas.

Asimismo, Gendarmería secuestró armas de fuego, dinero, teléfonos celulares, folletería y propaganda del local en distintos formatos, documentos, exámenes médicos de las víctimas, cuadernos con las asistencias, precios de los shows, cajas de preservativos y tarjetas con la leyenda “Sos linda y buscas trabajo” y al dorso “Trabajá en Pyme VIP”.

A partir de la declaración de los testigos, se determinó que la banda atraía a las jóvenes con promesas a través de anuncios publicados en las redes sociales y en el diario cordobés “La Voz del Interior”. En esos mensajes, se promocionaba la búsqueda de chicas “con buena presencia” para trabajar como meseras, bailarinas, promotoras, acompañantes o personal de limpieza. Prometían buenos ingresos y la posibilidad de pagar el pasaje a quienes no residían en Mendoza.

En septiembre de 2013, el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Ricardo Bento, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar la banda, entre los cuales se encontraba Solé, quien  además, las habría sometido a maltrato físico y psicológico.

Las víctimas también relataron que tenían la orden de que ante un posible allanamiento debían dar aviso, cerrar el local y salir por la puerta trasera. Si no lograban escapar, debían decir que el lugar no tenía dueño y que era administrado por ellas mismas y que rotaban aleatoriamente.

Lavado

Para ocultar las actividades ilícitas del prostíbulo "Pyme VIP", Solé habría comprado a través de terceras personas varios inmuebles, vehículos y logística con la finalidad de darle la apariencia de bienes adquiridos con dinero legal.

La explotación habría resultado en un negocio millonario para Solé, que le permitió llevar una vida de lujo: vivir en un barrio privado, manejar un auto de alta gama, utilizar artículos de alta tecnología y y planear viajes (que finalmente fueron impedidos por el proceso iniciado por la justicia), por ejemplo, a Cancún y Panamá. Esta parte de la investigación continúa en instrucción.

El juicio

A lo largo del debate oral, declararon los principales acusados y varias víctimas. El primero en hacerlo fue Solé, quien aseguró que en 2008, “por necesidades económicas”, creó una “empresa de servicios” denominada Pyme VIP con intenciones de llevar a la provincia de Mendoza un lugar  “que ofreciera tomar algo, tener compañía femenina, ver un show, que no diera miedo entrar y que fuera limpio y seguro como los que existen en Buenos Aires”.

El imputado dijo que para eso recibió asesoramiento por parte del dueño del reconocido boliche porteño “Cocodrilo” y de Jacobo Winograd, quien tiene dos locales como el suyo. Aseguró que viajó a Buenos Aires y que ambos le dijeron que “funcionan sin problema” en esa provincia.

Detalló que difundió su emprendimiento en televisión; a través de, por ejemplo, anuncios durante partidos de fútbol y el programa Animales Sueltos; en emisoras radiales reconocidas como Rock And Pop; folletería; cartelería; página web, y diarios, “hasta que se prohibió ese medio para publicar”.

Finalmente, relató que las chicas que “trabajaban” en su boliche venían de otras provincias en avión o colectivo y que él, “a modo de atención, les pagaba un tramo” del trayecto. Sus tareas, detalló, consistían en “acompañamiento, pases y venta de tragos”.

Solé indicó que efectuó un "estudio de mercado" antes de abrir el local nocturno y argumentó que mucha gente acude a esos espacios “porque se siente sola, porque necesita contención, que lo escuchen, ya que es más barato que un psicólogo y es menor el trámite, es más inmediata la atención”.

Durante el resto de las audiencias, declararon también el empleado de mantenimiento, la encargada del local, un agente municipal, el médico acusado de practicar abortos a las mujeres que eran explotadas sexualmente en el boliche, dos policías y cuatro víctimas.

Una de ellas indicó que los turnos eran de ocho horas y que gozaban con un franco semanal que no podía ser durante el fin de semana. Agregó que recibían el 50% de los “pases” realizados pero luego les descontaban plata para la limpieza y seguridad.

La mujer se refirió a las “características” que debían reunir para “entrar a trabajar” en el boliche. “Tenían que ser lindas, educadas, no tener muchos tatuajes, tener target y no estar desnudas sino vestidas para provocar”, señaló. Indicó además que los hombres que frecuentaban el local eran de clase media alta y que “no entraba cualquiera”.

Antes de ingresar, los "clientes" pasaban por un detector de metales, las chicas los recibían y ellos las elegían, a lo que no existía posibilidad de negativa. Añadió que, entre ellos, “había gendarmes, policías que ingresaban con las armas reglamentadas, jueces y fiscales”.

Finalmente, otras dos víctimas que declararon durante el debate oral dieron detalles sobre el procedimiento que tuvo la banda cuando ambas quedaron embarazadas producto de la explotación sexual. En ese sentido, identificaron a uno de los imputados como el responsable de haberle practicado los abortos. Aseguraron que el hombre les realizaba “descuentos” si decían que de parte de Solé y que su teléfono estaba pegado en la heladera del lugar como número de referencia. Una de ellas, además, declaró que tenía conocimiento de que el médico había realizado abortos a otras compañeras.