03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Entrevista con los fiscales del primer juicio por trata realizado en Tucumán
"Todo el aparato estatal fue puesto a disposición para proteger a la víctima"
Leopoldo Peralta Palma y Valentina García Salemi consideraron muy positivo el proceso que concluyó con dos mujeres condenadas por la captación y el intento de traslado de una joven con fines de explotación sexual. Los representantes del Ministerio Público destacaron el trabajo conjunto de distintos organismos públicos, entre los que figura la DOVIC, en la asistencia y acompañamiento de la adolescente y su familia.

El fiscal General Leopoldo Peralta Palma y la fiscal ad hoc e integrante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Valentina García Salemi fueron los fiscales del primer juicio por trata de personas realizado en la provincia de Tucumán en el que Ana Alicia Taviansky y Verónica del Jesús Olivera fueron condenadas a cinco y tres años de prisión, respectivamente, por captar e intentar trasladar hacia Santa Cruz a una joven con fines de explotación sexual.

En diálogo con Fiscales, los representantes del Ministerio Público se refirieron a las características de este tipo de delitos y su estrecha vinculación con los estereotipos aún vigentes que dificultan la incorporación de una perspectiva de género en estos casos.

- ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de este juicio y las diferencias que notó en relación al de Marita Verón?

LPP: El juicio fue muy prolijo, se logró mucho respeto, sobre todo, hacia la víctima y a sus familiares. En su momento, el procedimiento policial también fue muy efectivo y posibilitó que ambas mujeres fueran interceptadas en la ciudad de Córdoba mientras intentaban trasladar a la víctima hacia el prostíbulo de Puerto San Julián. La investigación posterior se realizó de manera correcta y logró imputar a Alicia Taviansky. En ese sentido, la prueba ha sido muy compacta y el Tribunal ha tenido por acreditado el hecho delictivo al igual que la responsabilidad de las dos acusadad y eso me parece muy importante. Sin embargo, tenemos alguna disconformidad con la calificación penal o la participación criminal, pero esto es una cuestión que se puede resolver en Casación. No caben dudas de que el procedimiento mejoró desde el juicio por la desaparición de Marita Verón.

- ¿Cuáles fueron las principales características de este juicio?

VGS: Haber obtenido una sentencia condenatoria para las dos imputadas en este primer juicio de trata con fines de explotación sexual conforme a la ley 26364 es un paso muy importante en la provincia. Además, desde lo institucional y social también es significativo ya que la administración de justicia empieza a responder desde su propio sistema de enjuiciamiento penal a esta demanda de la sociedad de querer saber qué pasa con los casos más graves, como lo son los delitos de trata de personas. A través de estas condenas, se comprobó, y el Tribunal así lo asumió, que el hecho existió y eso no es una cuestión menor sobre todo en Tucumán, donde hemos vivido la impunidad en el caso de Marita. Si bien se juzgaba bajo otra normativa, por la fecha del hecho y de garantía, el tratamiento del tema fue absolutamente distinto.

La reciente condena le devolvió un poco de esperanza a la sociedad y a las instituciones a la hora de confiar en que los hechos más graves también se juzgan y no queda todo los de poca monta, como suele pasar en materia federal. Se trata de un fallo importante porque habla de que existió un hecho de trata de personas, donde hubo una víctima menor de edad que fue captada y trasladada.

- Esta semana salió un artículo que decía que una fiscalía de Santa Cruz está interesada en investigar al comisario vinculado con la condenada Taviansky ¿Cree que se debe a las repercusiones del juicio?

VGS: Es una muy buena noticia porque implica que un juicio que se hizo en el norte del país repercutió en el sur. La participación de funcionarios públicos es cotidiana en los delitos de criminalidad organizada. Me parece muy bueno y auspicioso que a raíz de esto el Poder Judicial de Santa Cruz tome cartas en el asunto y empiece a investigar con esta perspectiva porque muchas veces encontramos algún elemento probatorio en la otra punta del país, lo cual comprueba el esquema de funcionamiento de las redes.

- ¿Cómo fue la asistencia y el acompañamiento que se le dio a la víctima?

VGS: Fue altamente positivo. Lo vuelvo a comparar con el caso de Marita ya que, además de la injusticia en la análisis de valoración probatoria de ese juicio, en aquella oportunidad se criminalizó, revictimizó y discriminó a la víctima y a su familia, al punto tal que la Corte en su sentencia hizo un llamado de atención al respecto.

En cambio, en este juicio pudimos ver todo lo contrario. Todo el aparato estatal fue puesto a disposición para proteger a la joven y esto no es poca cosa cuando hablamos de criminalidad organizada. Supone que la víctima tiene seguridad y tranquilidad para dar su declaración y confiar en el proceso. Hubo buena coordinación con el Tribunal, con la Fundación Maria de los Ángeles, con la nueva Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público que estuvo presente a lo largo de todo el juicio, del Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación. Ese combo de instituciones altamente capacitadas para prestar cada una desde su rol la asistencia integral y protección a una víctima funcionó de manera coordinada con los jueces, quienes se hicieron cargo de la situación y permitieron una plena participación de los especialistas en el tema y el resultado fue óptimo. Creo que así deben trabajarse todos los juicios complejos.

- ¿El trabajo de conscientización/visibilización contribuyó en ese sentido?

VGS: Sí, la visibilidad social genera una sensibilidad que ayuda a poner la temática en la agenda pública desde otro lugar. Está presente, por un lado, a través de las lucha de las organizaciones, como es el caso de la Fundación María de los Ángeles, pero también debido a la existencia de las políticas criminales en el tema, a la academia y a iniciativas legislativas.

- Cuáles son los estereotipos que perduran en la actualidad en torno a estos delitos y cuáles son las consecuencias de que continúan vigentes?

VGS: Los estereotipos de género persisten y causan mucho daño porque contribuyen a generar impunidad. En el norte del país, todavía convive una fuerte cultura machista en muchos aspectos que lleva a normalizar cierto tipo de explotación sexual. Todavía, existe una cultura en torno al sistema prostibulario que produce que a la víctima no se la vea como tal e impide visibilizar al que lucra con la explotación como un tratante o un explotador.

En el caso de la trata laboral, también existen estereotipos vinculados a lo económico-social y cultural. En estos casos, los prejuicios que subsisten son los que están relacionados con la naturalización del denominado “obrero golondrina” como personas que siempre han sido explotadas o que vienen de familias con esas características. Comentarios del tipo “vos te quejás de cómo viven en esta finca, pero si vieras de dónde viene”, intentan cubrir la impunidad de un hecho delictivo grave. Por suerte, quienes estamos en roles judiciales e investigativos nos venimos capacitando y estamos trabajando para empezar a correr fuertemente estos velos mentirosos.

Muchas agencias del Estado trabajan en coordinación con nosotros en la búsqueda de justicia para el caso de trata de personas con fines de explotación laboral como AFIP, RENATEA, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Sin embargo, también hace mucha falta que nos pongamos a pensar sobre estos estereotipos porque el marco constitucional nos obliga a tener una perspectiva de género.

- ¿Cuáles son las trabas que aún subsisten en el ámbito de la justicia?

VGS: Si bien no fue el caso de este juicio -que fue un ejemplo con respecto al tratamiento que recibió la víctima- existen aún muchos otros lugares de nuestro país donde la victima de trata sexual es humillada, ofendida, revictimizada, criminalizada. No de forma directa, sino soslayada, por ejemplo, dudando de su propia declaración.

En este caso, hemos tenido un intento de la defensa de recriminalizar a la joven cuando dijeron que era bastante rebelde, que ya se había ido de la casa en otras oportunidades. Eso es menoscabar sobre la acción ilícita que se había cometido en contra de ella. Y es muy importante que la gente lo sepa porque es una visión de género que no la tienen sólo los hombres, sino también las mujeres.

-¿Qué rol juegan los medios de comunicación?

VGS: Esta semana salió en el diario Clarín un artículo sobre la desaparición de la adolescente Melina Romero que es una vergüenza y de una ilegalidad muy fuerte porque nuestra Constitución, junto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos manda a tratar de romper en materia de género con todos estos estereotipos. Que un comunicador social de uno de los diarios de mayor tirada haga ese tipo de notas va en contra directa de valores que se van tratando de implementar en distintos ámbitos como la escuela o la justicia. Se logró introducir el tipo penal específico, se está capacitando a todos los actores involucrados que intervienen en la investigación de este tipo de delitos con plena perspectiva y aparece Clarín y saca esa nota. Creo que estas cosas chocan.

- ¿Desde cuándo y de qué manera trabaja la contraparte de Protex en Tucumán?

VGS: Fue creada en diciembre del año pasado y fue puesta en funcionamiento en febrero de este año. Junto a Daniel Weisemberg, colaboramos, por un lado, realizando investigaciones preliminares en conjunto a Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Buenos Aires. Eso nos permite tener un panorama sobre todo lo que es trata sexual y laboral y cómo está esa cuestión en la provincia.

Por otro lado, estamos llevando adelante colaboraciones con el fiscal Federal de instrucción de Tucumán, el fiscal General de la provincia ante la Cámara Federal de Apelaciones y el fiscal ante el Tribunal Oral Federal en todos los casos de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Esto quiere decir que no sólo ayudamos en la investigación de las causas sino también, con los mismos aportes, en lo que hace a materia de recursos y al desarrollo del juicio oral.

Estamos trabajando cerca de 60 causas en total, de las cuales un 95% son de trata sexual. Acá, se viene a confirmar la estadística que hay a nivel nacional. Por eso, también se está tratando de impulsar una mayor visibilidad a los casos de explotación laboral.

- ¿Tucumán se caracteriza por ser un lugar donde se realiza la captación y el traslado hacia otras zonas o es donde se produce la explotación?

VGS: Como consecuencia de una investigación que llevó adelante con Protex, se ha podido determinar que Tucumán y el norte del país son provincias de captación y de traslado en materia de trata sexual. En cambio, con respecto a la trata laboral, se encuentra más explotación en el lugar. Eso no quita que también en el norte haya captación y se los traslade hacia otros lugares, por ejemplo, para los cultivos del sur o hacia localidades más fuertes y de mayor poder adquisitivo y producción. En ese camino aparece La Rioja como un lugar bastante siniestro en materia de explotación sexual.