La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal consideró "correctamente confrontados y armonizados" los elementos de prueba que llevaron al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa a condenar, en junio de 2017, al intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Jorge Rogers, y otras cuatro personas en el marco de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.

El Máximo Tribunal penal sostuvo que el desarrollo del juicio oral y público le permitió al Tribunal alcanzar "el estadio de certeza necesaria a todo veredicto de condena" relativo al modo, tiempo y lugar en el que transcurrieron los hechos, así como el desempeño de cada uno de los imputados en la causa.

No obstante, tras rechazar una serie de planteos de nulidad, la Sala III convalidó parcialmente el recurso de la defensa de Rogers y lo hizo extensivo al resto de los acusados. En concreto, repasó que los hechos probados tuvieron su origen en febrero de 2008, antes de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.364 -en abril de ese año-, de manera que resolvió que ese lapso de tiempo resultó atípico en función del principio de legalidad. En consecuencia, las juezas Liliana Catucci, Ángela Ledesma y el juez Eduardo Riggi ordenaron remitir la causa a otro Tribunal para que establezca una nueva pena para los involucrados. Para ese magistrado, "la atipicidad de un tramo de la conducta reprochada en los términos de la ley 26.364 se traduce necesariamente en la reducción de la magnitud del injusto".

El juicio

En junio de 2017, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó al intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En esa oportunidad, también fueron sentenciados a cinco años de prisión por la misma calificación el comisario Carlos Alanis, el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. En tanto que Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs recibieron penas de dos años de prisión por ser considerados partícipes secundarios. En el debate había intervenido el entonces fiscal Jorge Bonvehi.

Se trataba de una banda que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría provenientes del norte del país, en el prostíbulo “Good Night”. Para esto, contaban con el blindaje y protección por parte del comisario e intendente de esa localidad.