Este mediodía, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo que la condena al intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en línea con lo que había solicitado el fiscal Jorge Bonvehi en sus alegatos. También fueron sentenciados a cinco años de prisión por la misma calificación el comisario Carlos Alanis y el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Este último por ser considerado autor principal del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de acogimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Rogers, Fernández y Alanis también fueron condenados a pagar una multa de 50 mil pesos, por violación al artículo 17 de la ley 12.331, de "profilaxis de las enfermedades venéreas en todo el territorio de la Nación".

Finalmente, los jueces también dictaron penas de dos años de prisión para los otros dos imputados: Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, por considerarlos partícipes secundarios.

Por otro lado, a partir de la declaración de algunas de las víctimas,  el representante del MPF había solicitado que se inicie una investigación sobre  la presunta participación de la pareja del dueño del prostíbulo. Sobre este punto,  el Tribunal puso a disposición de la fiscalía la facultad de extraer testimonios.

A lo largo del debate oral, quedó acreditado que se trataba de una banda que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría provenientes del norte del país, en el prostíbulo “Good Night”. Para esto, contaban con el blindaje y protección por parte del comisario e intendente de esa localidad.

El juicio comenzó el 23 de mayo y a lo largo de las audiencias declararon seis víctimas que dieron detalles del sometimiento que vivieron en el prostíbulo. El lunes se realizaron los alegatos del fiscal.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).