17 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal Agustín Chit
Tucumán: pidieron la elevación a juicio de los dueños de una ladrillera acusados de trata laboral
Héctor Adrián, Cristian Esteban y Néstor Héctor Daghero están acusados de haber captado y acogido de forma organizada al menos desde mediados de 2014 a un numeroso grupo de personas en evidente situación de vulnerabilidad, para explotarlas laboralmente en la actividad de producción de ladrillos para la construcción.

El fiscal subrogante Agustín Chit, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, solicitó la elevación a juicio de los tres dueños de una ladrillera por trata laboral. Néstor Héctor Daghero y sus hijos Héctor Adrián y Cristian Esteban están acusados de haber captado y acogido en forma organizada al menos desde mediados de 2014 a un numeroso grupo de personas en evidente situación de vulnerabilidad, para explotarlas laboralmente en la actividad de producción de ladrillos para la construcción.

La causa tuvo su origen luego de una investigación preliminar iniciada el 23 de abril de 2014 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas luego de recibir una denuncia anónima que contenía actuaciones generadas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Villa Mariano Moreno, junto con una serie de “fichas familiares” realizadas por agentes sanitarios de la zona. Allí se daba cuenta que un grupo de familias estaban siendo explotadas laboralmente en predios donde funcionaba una cortada de ladrillos.

En el material aportado se señaló que dentro de las fincas había niños, niñas y personas migrantes provenientes de la República Plurinacional de Bolivia. Esa misma documentación describía condiciones notoriamente precarias de vivienda de los y las trabajadores, indicando en algunos casos la falta de agua potable, el uso de letrinas y pozos, pisos de tierra y pésimas condiciones de higiene, entre otros indicadores de contexto vulnerable.

En el marco de la investigación preliminar llevada adelante por el entonces titular de la Fiscalía n° 2 de Tucumán, Pablo Camuña y el representante de PROTEX en Tucumán, Daniel Weisemberg, se colectó una serie de informes y constataciones que se consideraron útiles para el esclarecimiento del hecho denunciado y su correspondiente encuadre jurídico. Una vez radicada la denuncia ante el juzgado federal interviniente, el 25 de septiembre de 2014 se remitieron las actuaciones y se llevaron adelante una serie de medidas investigativas cuyos resultados derivaron en la acusación en contra de los imputados y su correspondiente indagatoria, luego de que el 2 de junio de 2015 se rescatase a 31 trabajadores de un ladrillero ubicado en la localidad de Las Talitas.

El 30 de junio de ese mismo año se indagó a los investigados y luego de que el MPF solicitase que se resuelva su situación procesal, el juez dictó la falta de mérito para los tres acusados. Esa resolución fue apelada y el 10 de mayo de 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió confirmar la falta de mérito. Tras esta circunstancia, se continuó con la producción de prueba para reunir elementos de cargo, por lo que se amplió la base fáctica y probatoria en contra de los tres imputados y se solicitó que se los citara a prestar nueva declaración indagatoria nuevamente, lo cual fue ordenado por el juzgado.

En ese marco, el 19 de noviembre de 2021, y luego de distintas presentaciones de la fiscalía instando a resolver la situación procesal, el juzgado revocó las faltas de mérito y procesó a los tres acusados por conductas configurativas del delito de "trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de siete víctimas".

En ese sentido, el titular del MPF destacó que considera víctimas del caso a todas aquellas personas que fueran identificadas en el predio de explotación y no solamente a quienes son mencionados en el auto de procesamiento. De acuerdo a lo explicado, la cantidad de víctimas en el caso excede aquellas sobre las que se logró concretar su declaración y correcta identificación, ya que a las siete mencionadas se deben incorporar otras cuatro que prestaron declaración testimonial y sobre quienes se constataron las situaciones de explotación.

La explotación laboral de las víctimas se produjo en un inmueble ubicado en la Ruta provincial 305, Km. 9, donde los acusados tenían una empresa dedicada a la preparación de ladrillos, comúnmente conocida como cortada. Allí llevaban adelante la actividad, al menos desde mediados de 2013, aunque pudo comprobarse que hacía muchos años antes que estos empresarios desarrollaban actividad ladrillera de manera informal y en condiciones de explotación para las personas que trabajaban bajo sus órdenes.

En cuanto a las maniobras desplegadas, se acreditó con el grado de certeza requerido para esta etapa que todos los imputados fueron responsables de la captación de las víctimas, las cuales se desplegaban por diversos mecanismos. En algunos casos, la relación con los acusados provenía de un vínculo preexistente de generaciones anteriores. En otros, las víctimas manifestaron haberse acercado allí en búsqueda de trabajo y los hombres -mediante un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad- los atrajeron para sí, para luego acogerlos y explotarlos laboralmente en el predio de la ladrillera.

En cuanto al acogimiento, en todos los casos se produjo en la finca mencionada. En algunos de los casos las víctimas residían allí de manera permanente o transitoria, mientras que otras concurrían a trabajar diariamente a la cortada. Respecto a las personas que allí vivían, se constató que lo hacían en piezas individuales de 4 x 3 metros aproximadamente, de ladrillo y asentada en barro, con techo de chapa y piso de tierra, con cocina a leña. Las víctimas no contaban con baño y para higienizarse debían hacerlo en tachos con agua.

Respecto a las condiciones en que se desarrollaba la actividad laboral, surgieron numerosos elementos de contexto que dieron cuenta de la explotación laboral a la que eran sometidas las víctimas. A través de las investigaciones reservadas y del testimonio de las víctimas, se verificó que el trabajo consistía en picar la tierra, mojar, echar bagazo y pisotear descalzos, ya que con zapatillas no se podía realizar el trabajo.

Para trabajar, los obreros iniciaban la jornada a las 4 de la madrugada con el objetivo de producir por día aproximadamente 700 u 800 ladrillos. Respecto a la paga, la misma era de aproximadamente 400 pesos cada mil ladrillos fabricados. Se demostró también, a través de los testimonios de las víctimas, que cuando estaban enfermos no recibían ninguna clase de atención y si no trabajaban, no cobraban. Se constató un sistema de endeudamiento inducido en estos casos donde frente a una situación de salud, los imputados prestaban dinero a los explotados que luego debían devolver de su jornal.