El Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, procesó con prisión preventiva el 31 de agosto pasado a un hombre y a una mujer por considerarlos responsables del delito de "promoción y facilitación de la prostitución en perjuicio de una victima". Además, se los embargó por un millón de pesos a cada uno, en concepto de una eventual responsabilidad civil. En la causa, interviene la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Brito, con la asistencia de la representación local de PROTEX.

La investigación comenzó por una denuncia efectuada por María Guadalupe Casas, a cargo de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, en la cual puso en conocimiento la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en un departamento céntrico de la ciudad. A partir de esto, se inició una investigación reservada que estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Tucumán de Gendarmería Nacional, que permitió corroborar que en el domicilio investigado funcionaba un establecimiento de explotación sexual bajo la modalidad de "privado”.

A través de un dictamen, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordenara el allanamiento del inmueble, bajo la posibilidad de producir el rescate de víctimas de trata de personas, como así también de detener y recolectar elementos contra las personas responsables de esos hechos. De acuerdo al fiscal, la prueba recolectada durante la investigación permitía sospechar que tanto el hombre como la mujer, propietarios del departamento, se encargaban de organizar citas y encuentros con distintos clientes. Además,  controlaban y cobraban el dinero mediante la aplicación MercadoPago y realizaban también otras tareas de vigilancia, como lo eran el ingreso y egreso de clientes al domicilio. A tales actividades eran sometidas las mujeres en días y horarios alternados, siempre aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. 

Al momento del allanamiento de domicilio, se halló a una mujer de 21 años que manifestó trabajar ahí en posible situación de explotación y se encontraron tarjetas de débito, celulares y siete documentos nacionales de identidad de diferentes personas dentro de una billetera ubicada en la cocina del lugar. Durante el procedimiento, los imputados amenazaron, en presencia de testigos, al personal de Gendarmería Nacional interviniente. Cabe resaltar que la Fundación María de los Ángeles se constituyó en querellante, por lo que aportó pruebas de interés para la causa, participó del allanamiento y tomó rápida intervención en relación a la víctima que se encontraba en el lugar. 

Si bien el juez federal consideró que el MPF no recolectó elementos probatorios para acreditar el delito de trata personas ni la participación de los acusados en él, para el magistrado existieron "elementos para tener por acreditado que la conducta de los encartados tiene naturaleza delictiva” en relación a la promoción y facilitación de la prostitución de la mujer hallada en el domicilio al momento del allanamiento. Por este motivo, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados, por considerarlos responsables penales, en calidad de autores de la promoción y facilitación de la prostitución de la mujer que se encontraba en el inmueble cuando se realizó el operativo.