El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, sostuvo ante esa instancia la apelación presentada por la Fiscalía Federal N°1 de esa ciudad contra el sobreseimiento de un hombre investigado desde 2017 por trata de personas con fines de explotación laboral.

De acuerdo a la investigación, el 13 de julio de 2017 durante un control vehicular de la Gendarmería Nacional, a la altura del kilómetro 1358 de la Ruta Nacional 9 en la provincia de Tucumán, fue requisado un micro que provenía de La Quiaca (Jujuy) con destino a la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, se identificó a una adolescente boliviana de 18 años que supuestamente viajaba como turista. Al detectar cierto nerviosismo por parte de la joven, se le preguntó si estaba sola. La joven finalmente relató que se encontraba con un hombre, a quien luego se le secuestraron 4501 dólares, 3230 pesos bolivianos y 2940 pesos argentinos.

En la declaración que dio la víctima posteriormente en Cámara Gesell, relató que una amiga de su tía le había realizado un ofrecimiento laboral por el que tenía que desplazarse desde Bolivia hasta un taller textil ubicado en el barrio porteño de Flores. El trabajo consistía, de acuerdo a su relato, en jornadas de 13 horas diarias de lunes a viernes. Contó también que a lo que cobrara por esa tarea se le restaría el valor de los pasajes, así como también relató que le indicaron que debía mentir cuando cruzara la frontera, haciéndose pasar por turista.

Al hombre se le dictó en agosto de 2017 la falta de mérito, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Tucumán en abril de 2018. En esa misma resolución, los camaristas habían ordenado que se profundice la investigación y que se lleven adelante una serie de medidas que finalmente no terminaron de concretarse. En agosto de 2020, el juez de primera instancia reiteró la declaración de falta de mérito y en abril de este año decidió sobreseerlo.

“Se unidireccionó la investigación en el transportador de la víctima y dejó de indagarse en el inicio del delito y en su final. En ese limitado campo fáctico se vio favorecido el imputado por una valoración sectaria y caprichosa, visibilizando una espantosa ausencia de perspectiva de género”, indicó el fiscal.

Las falencias en la investigación

En el escrito presentado, el fiscal Gómez explicó los motivos por los que tenía que continuar la investigación no solo contra el hombre que acompañaba a la joven sino también contra el resto de los posibles involucrados, como la mujer que le habría ofrecido el trabajo y el dueño del taller textil.

Para el representante del Ministerio Público, se habrían aprovechado de la vulnerabilidad total de la damnificada. “Durante los cinco años desde el inicio de la causa, el hilo conductor se direccionó únicamente respecto del transportador de la víctima, que fue la persona detenida en el colectivo de la empresa ‘La Veloz del Norte’ al momento del procedimiento de Gendarmería Nacional, en Trancas. En ningún momento se avanzó respecto del responsable del taller textil donde la víctima, de nacionalidad boliviana, iba a trabajar”, indicó.

“Es difícil pensar que alguien viajaría de un país a otro sin dinero, acompañado de un desconocido, mintiendo a las autoridades fronterizas, ante el riesgo de ser detenido en el extranjero. Quien asume esos riesgos para su vida se halla en un estado de vulnerabilidad e indefensión casi total. La víctima pasó días y noches con un desconocido”, evaluó el fiscal.

Citó luego un informe elaborado por profesionales de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán, donde se señaló que existían indicadores de que la joven era víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. Allí se hizo foco expresamente en la situación de altísima vulnerabilidad en la que se encontraba, el aprovechamiento por parte de los captores, la oferta laboral y las condiciones en que iba a llevarse adelante el traslado a cargo de un tercero y el costo de ese traslado a cargo de la víctima como deuda a pagar con su trabajo.

El fiscal señaló también que la persona a cargo de los talleres textiles donde la joven iba a ir a trabajar salió de Argentina, de acuerdo con el registro de Migraciones, el 20 de julio de 2017, días después del procedimiento de la Gendarmería en el cual se detectó a la adolescente. “No fue casual. Buscó su evasión ante la posibilidad de una persecución penal en su contra”, recalcó el fiscal Gómez.

“Se unidireccionó la investigación en el transportador de la víctima y dejó de indagarse en el inicio del delito y en su final. En ese limitado campo fáctico se vio favorecido el imputado por una valoración sectaria y caprichosa, visibilizando una espantosa ausencia de perspectiva de género”, recalcó el representante del MPF. Por estos motivos, además de solicitar que se revierta el sobreseimiento del hombre imputado, señaló una serie de pautas con el objetivo de conseguir pruebas y evidencias en contra del resto de las personas involucradas.