La Cámara Nacional en lo Comercial aceptó la propuesta de la fiscal general ante ese tribunal , Gabriela Boquin, de colocar en cabeza del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores del Ministerio Público Fiscal, del cual también la representante del Ministerio Público también es titular, el seguimiento y control del cumplimiento del acuerdo colectivo homologado en los autos “ADECUA c/ CMR Falabella S.A. y otro s/Ordinario” (Expte. 45.195/2007).

Las actuaciones oportunamente fueron iniciadas en defensa de los derechos de los usuarios de la tarjeta de crédito de la demandada, con motivo de la ilicitud del monto correspondiente al seguro de vida del saldo deudor que aquella percibía. Ambas partes, sin reconocer hechos ni derechos, celebraron un acuerdo transaccional, el cual fue homologado, con el objetivo de finalizar dicho proceso judicial.

Sin perjuicio de ello, siendo que el número de consumidores que se beneficiaron materialmente por el referido acuerdo fue escaso, el magistrado interviniente decidió ampliar las medidas de publicidad, con el objetivo de que lo convenido llegue a conocimiento de los afectados, e impuso el deber de que Falabella presente informes con los datos de los clientes y ex clientes a los cuales se les hizo efectiva la devolución dineraria pactada.

Esta última resolución, fue apelada tanto por la parte actora, como por la parte demandada, lo que motivó la intervención de la fiscal general.

En su dictamen, Boquin destacó que resulta prudente la integración realizada por el magistrado de primera instancia al acuerdo celebrado, pues a través de su decisorio se busca garantizar la tutela judicial efectiva teniendo en cuenta el contexto imperante.

Por ello, adhirió a las medidas ordenadas, requiriendo a la Sala C de la Cámara Nacional de Comercio la confirmación del decisorio apelado y, en su carácter de magistrada del Ministerio Público Fiscal, dispuso darle intervención al Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores, a fin de que, en atención a su especialidad, sea dicha estructura quien realice el seguimiento del cumplimiento de las previsiones fijadas por el juez de primera instancia, como así también sobre la totalidad de los extremos convenidos por las partes.